Opinión

Necesidad de una Ley Forestal

La República Dominicana fue, hasta los años cuarenta del pasado siglo, un territorio con una amplia cobertura forestal. Los varios estudios que se disponen indican que para el 1940 el país todavía contaba con cerca de 70 % de cubierta boscosa, y gran parte de ella eran bosques naturales, lo cual impactaba positivamente en el equilibrio de nuestros distintos ecosistemas, ya que -como se sabe- los bosques son determinantes para la sostenibilidad de los ríos, las aves, el suelo, etc.

A partir de aquel año, con la instalación de grandes y numerosos aserraderos, la expansión del conuquismo a las áreas montañosas y la producción de carbón, entre otras causas, fueron reduciendo significativamente las áreas boscosas hasta llegar a porcentajes alarmantes. Fue en el año 1967, con el cierre de los aserraderos por decisión del gobierno presidido por el Dr. Joaquín Balaguer, cuando se desaceleró el ritmo de pérdida de los bosques y se inició, posteriormente, su proceso de recuperación, el cual se ha potencializado con la aplicación de otras medidas por parte del gobierno, entre las que destacan, el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), la mayor eficacia en el control de los incendios forestales y el Plan Nacional Quisqueya Verde.

Ahora bien, la prohibición del corte de árboles para la comercialización de madera criolla trajo como consecuencia, que el país se viera en la necesidad de importar grandes volúmenes para suplir la demanda de la industria de la construcción. Cada año, más de cien millones de dólares son invertidos en la importación de este producto, el cual proviene, principalmente, de otros países latinoamericanos y asiáticos que poseen condiciones climáticas y rurales semejantes a las nuestras.

A lo largo y ancho de toda nuestra geografía es frecuente encontrarse con grandes extensiones de terrenos abandonados o con una escasa y deficiente ganadería, que muy bien podrían convertirse en importantes plantaciones forestales con fines de ser aprovechadas en la producción de madera y subproductos. Muchos de los propietarios de estos terrenos viven fuera del país y la posesión de los mismos es solo un asunto de estatus (ser un dueño de finca). Además, carecen de vocación o de recursos para la inversión y la generación de riqueza en sus tierras.

Las posibilidades de éxito de un plan de conversión de fincas en plantaciones forestales, va a depender de la creación de instrumentos legales y financieros que actúen como soporte del proceso. La actividad forestal ofrece resultados a largo plazo, por lo que la captación de inversionistas para este sector debe estar precedida de una ley que ofrezca las garantías del debido respeto a las reglas de juego, al margen de la autoridad de turno.

El otro aspecto, el financiamiento, es tan importante como el anterior. Hoy en día, la actividad agrícola tiene muchas dificultades de acceso al crédito desde los mecanismos financieros regulares existentes. Si esto es así para renglones cuyos ciclos son relativamente cortos, imaginemos lo tortuoso que sería para la producción forestal, con ciclos mayores de 15 años y un referente como parte de la economía y la industria de hace mas de 40 años. Pero es lógico entender que sin financiamiento no hay industria que pueda florecer, por tanto, es necesario, que dentro de la política económica se identifiquen mecanismos e instrumentos financieros que definitivamente permitan acceder al crédito forestal.

Pero una ley forestal se hace necesaria no solo por los aspectos ya expuestos, sino también porque es un mandato de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00). Mandato con el que tenemos mas de diez años de atraso, y porque la misma, creemos, constituye una respuesta innovadora a la situación que vive una parte importante de nuestra población rural (en donde los indicadores de pobreza se expresan con mayor severidad), necesitando soluciones creativas.

Tras un periodo de discusión que duró mas de dos años, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, numerosas instituciones y organizaciones de la sociedad civil y técnicos del área, elaboraron un anteproyecto de ley forestal que ha sido entregado al Poder Ejecutivo para su conocimiento y armonización con la estrategia nacional de desarrollo y las políticas y planes del gobierno, el cual podría ser remitido al Congreso Nacional a fin de que sea conocido, junto a otras leyes sectoriales ambientales que en los momentos actuales se discuten en el organismo legislativo.

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