El Presidente Danilo Medina ha sometido al Congreso Nacional el proyecto de ley especial de naturalización. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, y el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, lo entregaron al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, quien tras ponderar la decisión del Poder Ejecutivo, convocó a los legisladores a sesionar este viernes para decidir si será una comisión especial o una bicameral, la que estudiará el contenido del documento. En el acto Pina Toribio, reiteró su confianza de que la iniciativa recibirá el respaldo, tanto de la ciudadanía como de los legisladores de la República.
En la carta enviada por el presidente Medina, al presidente de Cámara de Diputados, le expresa su convencimiento de que la aplicación de la nueva ley permitiría lograr importantes avances con el objetivo de dotar a todas las personas que habitan en nuestro territorio con la documentación que les corresponda y garantizar, así, el desarrollo de sus vidas. «Regularizar estos documentos es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de estas personas y sus descendientes, y desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad ni participación».
La Dirección de Comunicación de la Presidencia (DICOM) al dar a conocer la iniciativa del presidente Medina destaca que el proyecto de ley se ha logrado tras un amplio y plural proceso de reflexión y consulta, en el que se han tenido en cuenta las aportaciones de diversos sectores de la sociedad dominicana. Resalta que la iniciativa responde al compromiso del Presidente de encontrar una solución humanitaria, mesurada y responsable, para las personas nacidas en la República Dominicana, cuyos padres son de origen extranjero y se encontraban en el país en situación irregular. Por esto ha llevado tiempo la redacción del proyecto de ley, porque el Poder Ejecutivo debía encontrar un punto de equilibrio entre posiciones encontradas.
Esto explica las expectativas positivas que crea en la opinión pública. Es fruto del consenso. El presidente recuerda que la meta siempre fue llegar a una solución que cumpliera con dos objetivos fundamentales: por un lado, salvaguardar los intereses nacionales y el estricto cumplimiento de la legalidad de la República y, en particular, las sentencias del Tribunal Constitucional 168/13. Y, por otra parte, garantizar los derechos fundamentales de todas aquellas personas que residen en territorio dominicano, especialmente los de aquellas personas que han nacido y se han criado en el país. Aunque todas las personas que son objeto del proyecto de ley comparten dos características -haber nacido en la República Dominicana y ser hijos de padres extranjeros- se han dividido en dos grupos distintos, de acuerdo a su estatus documental actual y, en consecuencia, se han establecido soluciones distintas para la problemática de cada uno. En un primer grupo se encuentran aquellas personas, nacidas en la República Dominicana, cuyas actas de nacimiento fueron otorgadas por funcionarios públicos de manera irregular.
Se trata de las personas nacidas en la República Dominicana, que siempre han vivido en nuestro país, que se sienten dominicanos y que en todos los casos cuentan, además, con un documento oficial emitido por el Estado Dominicano que les permitió desarrollar su vida civil con certezas y expectativas concretas basadas en la documentación. El proyecto de ley dispone que sus documentos sean regularizados. Se evita así la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por circunstancias en las que no tuvieron participación alguna.
Un segundo grupo, de características distintas, es el de hijos de extranjeros que nunca han tenido documentos. Esta población deberá acogerse al Plan de Regularización de Extranjeros en condición irregular, actualmente en proceso, para obtener un estatus migratorio que le permita residir legalmente en el país.
Además, aquellos que puedan acreditar fehacientemente su nacimiento en el país, tendrán un plazo de 90 días para solicitar su registro en el libro para extranjeros, contemplado en la Ley General de Migración No. 285-04. Tras completar el debido proceso de regularización y obtener el estatus migratorio correspondiente, de acuerdo a las categorías existentes en la actual Ley de Migración, los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana, solo podrán optar al proceso ordinario de naturalización, tal y como está ya estipulado en la ley que rige la materia, pasados 24 meses desde la obtención de su estatus regular.
En conclusión, la Ley que el Congreso tiene ahora en sus manos es una solución justa, fruto del consenso social y de la reflexión. Alejándose de los extremos retóricos, esta iniciativa supone una oportunidad de modernizar nuestros registros documentales, al tiempo que da una solución práctica para que todas las personas nacidas en el país puedan continuar sus vidas con dignidad y terminar así con este ciclo de irregularidades que permitirá al Estado Dominicano en lo sucesivo una mayor regulación de los flujos migratorios. Ciertamente, como dice el Jefe del Estado: «este proyecto es una ocasión histórica para avanzar en la construcción de un país con verdadera igualdad y justicia social. Un país sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la felicidad de las personas”. Ese es primer objetivo. Apoyemos la iniciativa del Jefe del Estado.
