De 1997 en que se inicia la capitalización de empresas públicas, a la fecha, los gobiernos del PLD han atraído más de US$6,500 millones hacia los estratégicos sectores de energía y minas, lo que constituye un ejemplo exitoso de asociación pública-privada para hacer frente a las necesidades del desarrollo de la nación. Pero ha llegado el momento de una eficiente regulación oficial y de un ejercicio responsable del sector privado en ambos sectores.
De esta considerable inversión privada, mayormente extranjera con importantes volúmenes también nacional, la más cuantiosa se localiza en el sector minero aunque también es de importancia en el sector energético. Es la de más alto volúmen en toda la región centroamericana y caribeña, y aún se mantiene aumentando en ambos sectores.
Si bien el propósito de este trabajo es resaltar la inversión extranjera y nacional en energía y minas desde la capitalización hasta nuestros días, debe consignarse que el Estado realiza inversiones en el subsector eléctrico superiores a los US$2,500 millones.
El “pacto eléctrico” pendiente de aprobación y la consolidación de los ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente como eficientes reguladores del desarrollo de los sectores energía y minas, ambas tareas pendientes que deben materializar en el corto tiempo, garantizarán un pleno desarrollo de los dos sectores que sean respetuosos de la preservación del ambiente.
Para que la situación de los sectores energía y minas llegaran a este punto, se necesitó de una férrea voluntad política de los gobiernos peledeístas que se iniciaron en 1966 a la fecha.
Antes del proceso de capitalización del sector eléctrico iniciado en junio del 1997, teníamos una industria eléctrica verticalmente integrada donde la otrora Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) era responsable de la generación, transmisión, distribución, y por ende de la definición de la política energética del país. Es decir, el Estado controlaba y era dueño absoluto de la estructura eléctrica nacional.
En ese momento, se había deteriorado casi por completo el parque generador y las deficiencias de la facturación y cobro, a más de atrasos sensibles en los desarrollos de infraestructuras de transmisión y distribución, tenían a todo el subsector eléctrico al borde del colapso.
De cinco plantas generadoras del parque de Haina, sólo dos se mantenían operando, gracias a que las otras tres se desguazaban para mantener las otras dos en pie. El otro parque generador vecino, el de Itabo con 250 megavatios instalados destinados a alimentarse a carbón mineral, operaba a media capacidad y alimentado por el derivado del petróleo búnker c. El deterioro del parque Itabo no era menos que el de Haina. Una tercera planta a carbón con capacidad para 50 megavatios que se erigía en Barahona, destinada a a alimentarse con barbojo de la caña y carbón mineral, estaba a medio construir desde hacía años y semejaba una ruina moderna.
Por efecto de una improvisada ley de promoción privada en elsubsector eléctrico se atrajeron algunas inversiones, como la malhadada Smith-Enron y otras en Puerto Plata y las Estrellas del Mar en Santo Domingo, ubicadas de tal forma que aprovecharan subestaciones y otras facilidades de las viejas plantas térmicas a orillas del la desembocadura del Ozama, previo a su salida en forma definitiva del servicio (todavía existen allí como monumentos para la historia).
No obstante que existían planes de expansión que se venían actualizando con el tiempo, las entidades de financiamiento internacionales(Eximbank, BM, BID y otros bancos de inversión estatales de países amigos) se pusieron todos a una y se aprovecharon de un Estado pobre para negarle financiamiento y condicionarlo a la puesta en práctica de un programa de privatización.
Sin más salida que la apuntada, el Estado decidió adoptar el “consejo”, por no decir imposición, y aunque no adoptó plenamente la privatización que el “consenso de Washington” imponía a todos gobiernos situados en su esfera de influencia, adoptó una fórmula intermedia: la capitalización, que ofertaba al sector privado la venta del 50% de sus activos.
Con el proceso de capitalización la antigua CDE se dividió en siete empresas de la siguiente forma: tres empresas de generación (EgeHaina, Egeitabo y Egehid), tres empresas de distribución (Edenorte, Edesur y Edeeste) y una (1) empresa de transmisión (ETED). En ese momento la participación público-privada de la industria eléctrica quedó estructurada de tal forma que las tres empresas de distribución eran de capital mixto (público y privado), la empresa de transmisión se formó con 100% capital público, la empresa hidroeléctrica 100% capital público, y las dos empresas de generación térmica se integraron bajo capital mixto (público y privado). Los Productores Independientes de Energía (IPP por sus siglas en inglés) eran de capital 100% privado. Como se puede observar, a pesar del proceso de capitalización, la participación estatal (pública) en la industria eléctrica era preponderante.
Cuatro años más tarde, en julio del 2001, se promulgó la ley general de electricidad 125-01, la cual introdujo una estructura institucional que contempló nuevos actores como la Superintendencia de Electricidad (SIE) que es el órgano regulador del sistema; el Organismo Coordinador (OC) cuya función está vinculada a las operaciones y transacciones del sistema; la Comisión Nacional de Energía (CNE) encargada de los planes,estudios y la definición de la política energética, y la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) creada para liderar las empresas del sector y tener bajo su sombrilla los contratos de los IPP.
Pocos años después, el Estado adquirió las acciones de la parte privada de las empresas distribuidoras, y así volvimos a un esquema donde las EDE volvían a ser propiedad 100% del sector público. En cuanto a la generación, los años posteriores a la capitalización han contabilizado la inserción de 2,150 MW nuevos incluyendo repotenciación de algunas plantas para tener hoy en día un parque de generación de una capacidad instalada total de 3,468 MW; de ese total, las hidroeléctricas representan 559 MW que son de capital 100% público, EGE Haina y EGE Itabo suman en conjunto una potencia total instalada de 1,165 MW (ambas de capital mixto público y privado, y los restantes 1,744 MW de potencia pertenecen 100% a capital privado. Las cifras indican que el Estado dominicano tiene participación accionaria en el 50% de la capacidad instalada de generación; y es propietario absoluto del 33% de la capacidad instalada actual.
En cuanto a la participación del sector privado en el sectoreléctrico, tenemos la siguiente composición; EGE Haina (38% privada), EGE Itabo (50% privada) y el resto de la generación que representa el 50% de la capacidad instalada actual es totalmente privada. Por tanto, podemos deducir que del parque de generación existente sólo el 67% de la capacidad instalada es de capital privado 100%.
Por tanto, la inversión privada, nacional y extranjera, en la generación supera en estos momentos los US$2,000 millones, con enorme repercusión en la matriz generadora.
Como parte de la inversión extranjera atraída por la capitalización, destaca el grupo AES Internacional, que luego de montar una planta procesadora de gas natural, en su momento la única y más grande de toda la región caribeña, con una planta generadora de 300 megavatios de capacidad añadida, adquirió el parque generador de turbogás, alimentado con gasoil, Los Mina de la Dominican Power Partner, hasta donde tiró un gaseoducto desde su planta receptora de Andrés, Boca Chica, para alimentarlas a gas natural.
Uso años después, adquirió la mayoría accionaria del parque Itabo y le construyó un puerto carbonero, haciendo factible su operación con ese combustible.
Ege Haina fue adquirida por un grupo de inversionistas privados, que de inmediato le adicionó la planta flotante Sultana del Este, de 150 megavatios con motores de alta eficiencia que procesan búnker c y terminó de construir la planta generadora Barahona, proyectada a procesar barbojo de la caña y carbón. Más luego el grupo Vicini pasó a liderar Ege Haina y propició la construcción del ciclo combinado Quisqueya II de 230 megavatios.
Todas estas inversiones posibilitaron que una matriz generadora que antes dependía en un 80% de derivados energéticos del petróleo, sea ahora mayormente dependiente de gasnatural, carbón mineral e hidroeléctricas (éstas últimas construidas y de propiedad total del Estado). Ahora la proporción de derivados del petróleo es menor al 45%.
Afirmar, como todavía algunos estatistas fundamentalistas lo hacen, que la capitalización del subsector eléctrico fue un error, es una necedad que no merece la mínima atención.
La inversión estatal en el subsector eléctrico, desde la capitalización, no se queda atrás y compite en caudal y trascendencia con la realizada por el sector privado. Hay que precisar que toda inversión en Ege-Haina y Ege-Itabo, corresponde en un 50% al Estado.
Destaca, entre todas, la más reciente de US$1,500 millones de dólares en la plantas térmicas de Punta Catalina, dos unidades alimentadas a carbón mineral de 350 megavatios cada una de capacidad.
La autopista eléctrica a 345 kilovoltios que conecta a la capital con el Cibao, representa una inversiónsuperior a los US$200 millones, así como también las líneas de alta tensión a 138 y 168 kilovoltios, con sus correspondientes subestaciones han conformado los “anillos” de transmisión con los que el Estado garantiza reducciones importantes de las pérdidas técnicas que acuciaban al subsector.
También constituyó una fuerte inversión pública, la readquisición por más de US$400 millones de las empresas de distribución Edenorte, Edesur y Edeste, luego que los inversionistas extranjeros Unión Fenosa y AES Dominicana se desprendieron de ellas y Estado se vio forzado a retomarlas.
La construcción de la hidroeléctrica de Mao, en operación, y la construcción de las hidroeléctrica de Pinalito, en proceso avanzado y de Monte Grande, en proceso inicial, además de la reparación de las hidroeléctricas de Jigüey y Aguacate, hacen que el Estado sobrepase con mucho la inversión hecha hasta ahora del sector privado en el subsector eléctrico.
Sin embargo, la mayor inversión privada corresponde al sector minería, el que prácticamente ha sido reavivado gracias a la voluntad política de las administraciones del PLD.
En efecto, en 2004 la minería había desaparecido como actividad importante en la economía del país, pues sólo Falconbridge, muy disminuida, se encontraba operando. La actividad minera en la antigua Rosario Dominicana había cesado a mediados de la década de los 90, llo mismo que la extracción de bauxita.
Barrick Gold adquiere los derechos de explotación de Placer Dome en Pueblo Viejo y Los Cacaos, provincia Sánchez Ramírez (Cotuí) y junto a la también canadiense Goldcorp fundan la Compañía Minera Pueblo Viejo, que ha dado como resultado una inversión de más de US$4,000 millones, para explotar oro, plata y cobre, además de zinc en el futuro.
Otra inversión también considerable es la de Globe Star, también canadiense, en el desarrollo de Compañía Minera Cerro Maimón, para explotar un rico yacimiento de cobre, como oro y plata como subproductos. La inversión supera los US$150 millones.
Casi inmediatamente también se instala Minera Las Lagunas, un proyecto de la australiana Enviro Gold, en la antigua presa Las Lagunas, de la desaparecida Rosario Dominicana, también con una inversión superior a los US$100 millones, para extraer oro y plata.
La presencia de Falcombridge Dominicana ha sido posible, gracias a la asistencia que le brinda el gobierno del PLD en momentos en que iba a cerrar sus operaciones. Aunque ahora se mantiene paralizada, sólo está a la espera del permiso ambiental para iniciar una inversión superior a los US$450 millones, pero reiniciar un proceso de producción por otros 20 años.
Otros programas de exploración se realizan en lugares de prospectivas mineras de la CordilleraCentral, que podrían dar paso a importantes minerías, y con ellas a grandesinversiones.
En lo que respecta al sector público, es explicable que el sector minero metálico se encuentre fuera de su ámbito de inversión, no sólo por la alta tecnología y capacidad gerencial que demanda, sino también por la extraordinaria masa de capital que reclaman, en ambos casos, fuera de la prioridad del gobierno.
Sin embargo, el gobierno presta importante asesorías y proyecta obras de infraestructura (vías de acceso y otras) para el desarrollo de la minería no metálica, que atrae a numerosas explotadores medianos y pequeños.
En resumen, que se necesitó de la voluntad política de los gobiernos del PLD para que se produjeran inversiones de la cuantía mencionada, que mantienen al país como el quinto mayor productor de oro del mundo y con potencial para preservar su condición de octávo mayor productor de níquel mundial.
