Opinión

El costo del crimen y la violencia

Un conjunto de colaboradores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), liderados por Laura Jaitman, han formado parte de la edición de un informe sobre el costo del crimen y la violencia en América Latina y El Caribe, que refleja el contraste de una región que ha mantenido tasas de crecimiento anual de un 4%, donde se ha disminuido considerablemente la pobreza, pero que, sin embargo, ha aumentado sus tasas de criminalidad y violencia.

Hoy en día, América Latina y El Caribe es la región más violenta del planeta con una tasa de homicidios de 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces la media mundial. Es un fenómeno al que, evidentemente, la República Dominicana no es ajena, a pesar de la mejoría que ha presentado este indicador en los últimos años.

La inseguridad es un desafío para el desarrollo, porque el crimen y la violencia acarrean un costo en vidas, pero también en pérdida de oportunidades para el desarrollo económico y social de un país. El informe titulado “Los costos del crimen y la violencia: nueva evidencia y hallazgo en América Latina y El Caribe”, estima en un 3% del producto interno bruto (PIB), el costo promedio del delito para la región, el equivalente a 236 mil millones de dólares.

Al contextualizar esta cifra, el informe plantea que es el equivalente a lo que la región gasta anualmente en infraestructura. Los costos de la delincuencia en la región “son más altos que el costo global del terrorismo, el del cambio climático o el costo del Brexit” (los tres se sitúan en alrededor del 1% del PIB mundial).

Lo interesante es que el gasto en seguridad de la región, es similar al de países mucho más seguros, como Reino Unido o Estados Unidos. Si comparamos la inversión como proporción del gasto público total, el gasto en seguridad es el doble del promedio de los países desarrollados, lo cual “deja en evidencia la prioridad que los gobiernos de ALC atribuyen a la seguridad ciudadana”.

Las investigaciones arrojan que países con un gasto similar en seguridad, pueden enfrentar diferentes tasas de homicidios, lo que sugiere la presencia de “ineficiencias potenciales en el gasto público”.

Los autores del informe asumen que estas “ineficiencias” son las que explican una anomalía de la región, ya que la correlación entre aumento del PIB y disminución de la inseguridad no se verifica en América Latina y El Caribe.

Los países de ALC tienen un comportamiento atípico, porque “sus tasas de homicidios son más altas de lo que deberían ser en función de sus niveles de ingreso, algo que no se explica por el hecho de que puedan ser más pobre o desiguales”.

Es una paradoja que nos llama a la reflexión y, más que nada, a la acción, si tomamos en cuenta que la violencia está condicionando el presente y el futuro de nuestros países.

La “ineficiencia” se refleja en la realidad del crimen y la violencia, que incluso ha llevado a la OMS a considerar que el estamos ante una realidad que llega a niveles epidémicos.

Es una epidemia que trae consigo costos sociales, medidos en la pérdida de calidad de vida. Trae también costos para el sector privado, que debe incurrir en inversiones para prevenir el delito en sus propiedades. Y, claro está, trae costos para el Gobierno, que realiza un gasto público en el sistema judicial, la prestación de servicios sociales y la administración de prisiones.

Los ingentes esfuerzos que desarrolla el actual Gobierno, liderados por el presidente Danilo Medina, arrojan importantes resultados. Son esfuerzos que se duplicarán, y por ello, ha sido una parte esencial de su discurso de rendición de cuentas de este 27 de febrero.

La seguridad de nuestros ciudadanos es el tema que más les preocupa de acuerdo a las encuestas y a la percepción que podemos recoger en las calles dominicanas. Se requiere de un abordaje de políticas públicas basadas en la evidencia en materia de seguridad ciudadana, porque las mejoras requeridas son urgentes y necesarias, no pueden esperar más.

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