Opinión

Derechos fundamentales en la Constitución dominicana

Cuatro grandes secciones en la estructura de la Constitución dominicana conforman los derechos fundaméntales. La primera sección trata sobre los derechos civiles y políticos; la segunda recoge los derechos económicos y sociales; la tercera los derechos culturales y deportivos y la cuarta los derechos colectivos y del medio ambiente. Además, en los Capítulos II, III y IV, se prescribe lo relativo a las garantías de los derechos fundamentales; los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales; y lo relativo a los deberes fundamentales.

Los Derechos Civiles y Políticos están conformados por 39 artículos y constituyen el elemento central de la declaración de derechos. La primera sección se inicia con el derecho a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la libertad y seguridad personal, a la prohibición de la esclavitud, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y al honor personal, a la libertad de conciencia y cultos, de tránsito, de asociación, de reunión y de expresión e información (Artículos 37-49 CD).

Dentro de los Derechos Económicos y Sociales, se encuentran la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, los derechos del consumidor, los derechos de la familia, derechos a la seguridad alimentaria, a la propiedad intelectual, a la protección de las personas menores de edad y de la tercera edad, derecho a la vivienda, a la seguridad social, a la salud, al trabajo, a la educación y la protección de los derechos de las personas con discapacidad (Artículos 50- 63 CD).

Los derechos culturales y deportivos consignan el derecho a la cultura y al deporte (Artículos 64-65 CD); y los derechos colectivos y del medio ambiente contienen lo relativo a los derechos colectivos y difusos y la protección del medio ambiente (Artículos 66-67 CD). De igual manera, los artículos del 68 al 73, establecen las garantías de los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, el habeas data, el habeas corpus, la acción de amparo y la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Finalmente, los artículos 74 y 75 que disponen el principio de reglamentación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales; y los deberes fundamentales.

Hay otros derechos fundamentales reconocidos por la Constitución denominados como “derechos políticos”, que no se ubican dentro de estas secciones y capítulos, como por ejemplo, los derechos de ciudadanía (artículo 22-24 CD); el derecho a decidir mediante referéndum (artículo 210 CD); el derecho a elegir y ser elegibles, el derecho a ejercer la iniciativa legislativa popular y municipal, formular peticiones a los poderes públicos y denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos (artículo 22, numerales 1-5 CD).

En la Constitución de 2010 se establecen varios cambios: en primer lugar, se instituyen la nacionalidad y la ciudadanía como condiciones indispensables para el ejercicio de los derechos fundaméntales. Así lo establecieron también la Constitución Francesa de 1791, las españolas de 1812 y 1837 y la dominicana de 1844. También lo establece la Constitución chilena, la de Venezuela, la de Grecia, Bélgica y Portugal. En segundo término, en la nueva Ley Fundamental dominicana, los derechos se presentan de una manera simple e incontestable y con identidad propia. Y por último, el establecimiento de una amplia diferenciación y categoría entre los diversos derechos.

Los derechos civiles y políticos, en su mayoría son derechos de libertad y están íntimamente vinculados a la dignidad de las personas. Esto exige a los poderes públicos no interferencia, respeto y protección. Estos derechos pueden ser alegados y exigidos ante los tribunales ordinarios de justicia. Deben recibir la protección máxima del Estado por representar auténticos derechos fundamentales, ya que la dignidad humana es “sagrada, innata e inviolable”.

Los derechos económicos y sociales representan una segunda categoría del Texto Constitucional, centrado fundamentalmente en lo novedoso de su contenido. Aquí se reconocieron nuevos derechos que habían estado excluidos en las constituciones anteriores. Estos derechos establecen mandatos al legislador y a los poderes públicos.
Este grupo de derechos es heterogéneo. Se conjugan en un mismo apartado derechos de libertad, como por ejemplo, la libertad de propiedad y de empresa con derechos prestacionales como la salud, educación y seguridad social; o derechos laborales, como el trabajo y los derechos de la familia. Para cada uno de estos derechos existen diferentes garantías y producen efectos jurídicos distintos. Todos ellos vinculan a los poderes públicos y suponen la voluntad expresada en el sistema político constitucional.

Los derechos culturales y deportivos se reconocen como nuevos derechos. Aquí se establece que toda persona tiene derecho a los servicios culturales y deportivos y el texto constitucional exige al Estado promover, estimular, incentivar y apoyar las distintas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y culturales, así como el apoyo a “la educación física y el deporte escolar, en todos los niveles del sistema educativo”.

Los derechos colectivos y de medio ambiente es otra categoría nueva de derechos fundamentales conocidos como “derechos colectivos y difusos”. Persigue la protección de un bien colectivo representado en el medio ambiente. La protección del medio ambiente, del equilibrio ecológico, de la fauna y de la flora, significa el valor que estos temas representan para la vida de los ecosistemas y para la vida humana. Este derecho es transversal a la organización territorial y al régimen económico, cuyos principios rectores se fundamentan en la sostenibilidad ambiental.

La nueva Constitución dominicana contiene una profunda reforma en su forma y su estructura, donde la dignidad humana, los derechos y libertades representan el núcleo del sistema constitucional, cuyo objetivo es muy claro: el control del poder por parte de la ciudadanía. Ese el desafío que la sociedad en su conjunto deben afrontar en el futuro.

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