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Lo que el golpe se llevó en Brasil

Un año después del que sectores diversos de la sociedad coincidieron en bautizar como “Día de la infamia”, Brasil padece hoy las nefastas consecuencias del golpe parlamentario judicial perpetrado contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff.

El 17 de abril de 2016, y alegando las razones más inverosímiles, 367 diputados federales respaldaron la decisión de iniciar un juicio político con fines destituyentes contra la mandataria electa por más de 54 millones de brasileños, sin que existieran fundamentos para sustentar el delito de responsabilidad que se le imputaba.

Uno de los últimos legisladores en votar contra la admisibilidad del pedido de impeachment, significó entonces la revista Anfibia, calificó al proceso como una votación indirecta encabezada por un “ladrón”, (Eduardo) Cunha, y un traidor, (Michel) Temer, con el fin de anular el voto popular del 5 de octubre de 2014.

Se trató de un juicio de tintes políticos sin bases legales convincentes, lo cual viola el precepto constitucional, resumió por su parte el teólogo de la liberación Leonardo Boff, quien cuestionó además la responsabilidad del Supremo Tribunal Federal (STF) “por haber permitido este acto que nos avergonzó nacional e internacionalmente”.

Lo cierto es que la acción iniciada en la cámara baja y cuyo principal impulsor, el extitular de esa casa Eduardo Cunha, fue condenado luego a de 15 años de cárcel por corrupción y evasión fiscal, dio al traste con el segundo mandato de Dilma y llevó al gobierno a su vicepresidente (“decorativo”, según su propio decir) Michel Temer.

“Fuera de la democracia lo que existirá será el caos y la incertidumbre permanente”, advirtió a la sazón el ex presidente Luz Inácio Lula da Silva y los acontecimientos, desde entonces, vienen dándole la razón.

Temer armó un equipo de gobierno sin mujeres ni negros, con varios de sus integrantes citados en la operación anticorrupción Lava Jato (algunos como el presidente del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Romeró Jucá, no completaron siquiera el mes de gestión), y que con la promesa de encarrilar la economía puso en marcha un programa neoliberal rechazado cuatro veces en las urnas.

Fue así que se aprobó el que analistas catalogan como el mayor golpe a los derechos sociales inscriptos en la Constitución de 1988: la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 55), que limita los gastos públicos gubernamentales por 20 años ajustando su crecimiento al índice inflacionario del período precedente.

La PEC de la maldad para unos, y para otros PEC del fin del mundo, “impactará de forma irreparable en las redes de protección tejidas en los últimos años por el Estado brasileño, acentuando las desigualdades”, alertó el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA por sus siglas en portugués).

Según la entidad, como consecuencia del nuevo régimen fiscal dejarán de invertirse en programas sociales unos 868 mil millones de reales (más de 270 mil millones de dólares), mientras en el ámbito de la salud el agujero será de 743 mil millones de reales (alrededor de 232 mil millones de USD).

A la PEC del fin del mundo le siguieron otras dos propuestas similares, también impulsadas por Temer y que generaron igualmente amplio rechazo popular: las reformas del sistema de pensiones y para la flexibilización de la legislación laboral, ambas tramitándose hoy en la Cámara de Diputados.

Eso, sin olvidar la promulgación a toda prisa de la ley que amplía la subcontratación (tercerización) a todas las actividades y que, según el criterio de las centrales sindicales, lejos de promover y proteger el empleo -como alega el gobierno- lo precariza en momentos cuando la tasa de desocupación exhibe niveles elevados como nunca.

Contrario a sus promesas de recuperación de los puestos de trabajo, Temer enfrenta hoy el más alto índice histórico de desocupación, con 13,5 millones de desempleados.

En el trimestre diciembre 2016-febrero 2017 el contingente de desocupados aumentó 11,7 por ciento (más de 1,4 millones de personas) respecto a septiembre- noviembre del pasado año y 30,6 por ciento (más de 3,2 millones de ciudadanos sin trabajo) con relación al año anterior, dijo el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

La economía tampoco da signos claros de recuperación y a fines de marzo último el mercado financiero revisó nuevamente a la baja las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2017, situándolo en apenas un 0,47 por ciento.

No por gusto, y según una encuesta CUT/Vox Populi, cuyos resultados fueron revelados la semana pasada, apenas un cinco por ciento de los brasileños catalogan como positiva la gestión de Temer, mientras el 68 por ciento valora negativamente el desempeño del Ejecutivo y un 28 por ciento de regular.

En un conversatorio ofrecido el jueves último en la universidad estadounidense de Princeton, Dilma Rousseff denunció el carácter neoliberal, elitista, tecnocrático y antidemocrático del golpe que interrumpió su mandato constitucional y dejó en claro que este trajo como consecuencia el aumento de las desigualdades en Brasil.

Existe una parálisis absoluta ante todo lo que está sucediendo, porque quienes dieron el golpe ahora no saben qué hacer, sentenció.

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