Opinión

La Ley de Movilidad, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial

Existe una gran preocupación y desinformación entorno a la nueva Ley No.63-17 de Movilidad, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, que deroga la conocida Ley No.241. Reformular la base legal no solo implica la implementación de medidas para frenar el alto índice de muertes por accidentes de tránsito, sino que también empoderar la ciudadanía sobre las herramientas que ofrece la reciente norma. Es sobreentendido que cambiando las leyes no se resuelven del todo los problemas.

Con la promulgación de la referida ley, se da la fusión de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina Técnica del Transporte (OTTT), del Consejo para la Administración y Regulación de Taxis (CART), la Caja de Pensiones y Jubilaciones para los Choferes y el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet) en el nuevo Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en un intento del estado por ordenar el transporte público, eliminando las instituciones que sobre un mismo tema y funciones fueron creadas hace años. El Intrant, la primera de los tres bloques a modificar, será una institución descentralizada, con autonomía administrativa y adscrita al ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) pasarán a ser empresas públicas, o mixtas con participación del sector privado. “El Poder Ejecutivo emitirá los decretos para su transformación institucional, administrativa, técnica y operativa”, indica la legislación. En lo relativo a La Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) y la Autoridad Metropolitana del Transporte de Santiago (Ametrasan) pasarían a formar parte de la nueva Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que dependerá de la Policía Nacional. Esas dos instituciones serán reformadas en empresas públicas o mixtas públicas-privadas “prestadoras de servicios nacionales de transporte de autobuses y ferroviario respectivamente”.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) será una dependencia de la Policía Nacional, y se crea como una dirección técnica y especializada “que operará conforme a las políticas que establezca el Ministerio de Interior y Policía y el INTRANT”.

Queda expresado que las instituciones fusionadas en el Intrant lo harán con su personal, equipos, bienes muebles e inmuebles, derechos, registros, créditos, obligaciones y presupuestos de las dependencias que en lo adelante lo integrarán. “De ser necesario, el Poder Ejecutivo modificará la estructura orgánico funcional de otros órganos de la administración pública con el objeto de armonizar las funciones administrativas de las dependencias que los integran con las asignadas a INTRANT”, expresa el artículo 358 de la nueva ley. “Creando, suprimiendo o readecuando las áreas necesarias a fin de evitar superposición, solapamiento o duplicidad de competencias”, señala el referido artículo.

Lo que debe saber la ciudadanía

La nueva ley crea la Escuela Nacional de Educación Vial (Enevial) como una dependencia del Intrant, que ha designado un director, seleccionado por dos años a través de una terna presentada por el titular del Intrant.

Lo relativo a “los vehículos chatarra”, la nueva institución establecerá un cronograma de retiro de las unidades de transporte terrestre, según la legislación, en un plazo que no podrá exceder los diez años. Dichas unidades, deberán ser sacadas del parque vehicular y del Registro Nacional de Vehículos de Motor, y demolidas de inmediato por el Intrant. “El transporte público terrestre de pasajeros será considerado un servicio público y de interés público, regulado y gestionado por el Estado a través del Intrant y los ayuntamientos”, indica la nueva ley, de manera que los conductores del trasporte de pasajeros urbano e interurbano estarán sujetos a exigencia de calidad y no podrán abordar pasajeros que no estén en las paradas establecidas por las autoridades.

Se espera que disminuirán los accidentes de tránsito. En el año 2015 se registró un total de 1,946 fallecidos por accidentes de tránsito, acontecimientos que convirtieron a la República Dominicana en el país de América Latina que tiene el mayor índice de muertes en las carreteras.

La norma se propone garantizar una eficaz gestión del sistema de transporte, diseñando un espacio digno para los usuarios que utilizan el transporte público, aportando seguridad a los que andan en sus vehículos privados y “humanizando” la labor de los choferes dominicanos, que en su mayoría muere en la pobreza. La referida ley establece el mecanismo de compensarlos socialmente con horarios de ocho horas de trabajo, seguros de vida y fondo de pensiones”.

Se manifiesta que los conductores tendrán un salario mínimo de USD$500 y se disminuirá el número de carros públicos para terminar con los “tapones infernales” que consumen el tiempo de los ciudadanos.

Son novedades en la ley: la prohibición de que los motoristas trasladen a menores de 8 años en sus motocicletas, los carros del transporte público deberán tener un máximo de 15 años de antigüedad y no podrán cargar más de cuatro pasajeros y un conductor, los ciudadanos que sean sorprendidos realizando competencias clandestinas en las calles y avenidas del país serán sancionados, los motociclistas sólo podrán trasladar a una sola persona como pasajero; ambos deben llevar casco protector, se habilitarán carriles especiales para la circulación de taxis y autobuses, se aumentará el costo por las multas de tránsito, los vehículos llevarán dos placas (delante y detrás), será monitoreada la circulación de los vehículos en las calles del país 24 horas al día y los peatones que no crucen por la línea de cebra serán multados, lo mismo sucederá con los que caminen por cualquier área que no sea la destinada para el uso exclusivo de ellos.

Hay un elemento preocupante, a nuestra consideración la asignación del 25% de los recursos no es suficiente para iniciar las acciones propuestas, porque las recaudaciones directas por multas son variables, dinámicas, y al estimarse, obviamente no tienen un monto fijo para su ingreso, recordemos que a través de la norma se espera modernizar el sistema de tránsito del país. Más inquietante aun, debe definirse con claridad la implementación de una política de seguridad vial y movilidad urbana que disminuya la alarmante cifra de muertes que cada año aumenta en el país.

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