Hablan los hechos

El pueblo contra Lajún y sus dueños

El sometimiento a la justicia de la empresa Lajún Corporation por atentar contra el medio ambiente y la salud de los millones de residentes en Santo Domingo y sus alrededores es el más reciente capítulo de un drama que no soporta más dilación.

El tema de la disposición final de los desechos sólidos ha adquirido aquí ribetes de extrema gravedad, no solo por el mal manejo de las descargas en el vertedero, sino también por las limitaciones en la recepción, en medio de conflictos por el incumplimiento de lo establecido contractualmente, y la legalidad de la posesión de los terrenos de Duquesa.

La solución de este problema es fundamental para la buena marcha de la iniciativa presidencial Dominicana Limpia, llamada a resolver ese problema, común en poblaciones situadas en los cuatro puntos cardinales del país.

En diez años de operación la empresa no ha cumplido con ninguno de los compromisos asumidos en el contrato, para adecuarlo a los estándares internacionales con la construcción de un relleno sanitario, lagunas para el lixiviado, y otras medidas propias del manejo adecuado de este tipo de instalaciones.

Esa situación y las pretensiones de lograr un aumento en la tarifa por la recepción de la basura, derivó en los conflictos que pusieron al descubierto todos los males en Duquesa:

Contaminación del medioambiente por el mal manejo de los desechos sólidos poniendo en peligro la salud de la comunidad, lo que ha sido investigado y certificado por los ministerios de Salud Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Otras fallas son la ausencia del relleno sanitario, de la planta de tratamiento del lixiviado, y de las condiciones para el reciclaje e instalación de una planta procesadora que permita obtener diversos subproductos, como electricidad, entre otros.

A la Justicia

La empresa Lajún y su propietario Adrian Christopher Lee Chin fueron sometidos a la justicia por el Ministerio de Medio ambiente bajo la acusación de violar los artículos 174, 175 y 176 de la Ley 64-00 sobre Medioambiente y Recursos Naturales.

El sometimiento fue hecho en la Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo, por ante la fiscal Olga Diná Llavería, donde deberán presentarse los inculpados a responder de la acusación formulada, tanto al gerente como a la compañía civilmente responsable de los daños causados por el mal manejo de los desechos sólidos en el vertedero de Duquesa.

El Ministerio de Salud Pública había remitido al de Medio Ambiente, un informe donde alertó sobre los problemas que provocan la inadecuada disposición y manejo de los residuos sólidos en el Vertedero de Duquesa, con implicaciones infecciosas, parasitarias, bacterianas o vírales, relacionados con vectores transmisores de enfermedades.

También los alcaldes de los ayuntamientos de la capital y el gran Santo Domingo plantearon la situación que se presenta con la acumulación de desperdicios en las calles de sus municipios debido a retraso intencional en la descarga de los camiones compactadores de basura, provocado por Lajún para presionar un aumento de la tarifa.

La instancia depositada por Medioambiente dice: “Pedimos a la Fiscalía poner en movimiento la acción pública y que ordene la persecución del gerente Adrian Christoper Lee Chin, y al civilmente responsable LAJUN CORPORATION S.R.L., por violación de los artículos 174, 175, y 176 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente”.

La Constitución de la República, en su artículo 67, faculta a ese Ministerio a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones legales correspondientes, ante la responsabilidad objetiva por daños causados al medioambiente y a los recursos naturales, además de exigir su reparación.

En la acción legal contra Lajún, y su gerente, el ministro Francisco Domínguez Brito dice que los hechos ejecutados por ambos, “implican una responsabilidad objetiva por la contaminación provocada como consecuencia de la restricción de los horarios y el precario manejo de los residuos, tras señalar que constitucionalmente se ha reconocido el derecho fundamental a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Demanda de la sociedad

La decisión asumida por las autoridades medioambientales, constituye una demanda sustentada desde hace varios meses por amplios sectores de la sociedad, debido a la actitud de desafío y prepotencia asumidos ante los reclamos para que responda a sus compromisos contractuales.

El alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, ya antes demandó en los tribunales a la Lajún Corporatíón por los compromisos incumplidos por una década, ante los reclamos comunitarios de que sea extrañada de la comunidad.

El 19 de este mes de agosto vence el plazo de 30 días, otorgado para la rescisión del contrato en cuestión.

Por demás, de todos los estamentos gubernamentales relacionados con el asunto, sólo la Procuraduría General de la República ha dicho que sigue investigando el estatus legal de la empresa, mientras que los demás se han pronunciado en su contra, y algunos piden prisión para los propietarios.

A pesar de no haber podido mostrar ninguna documentación que justifique su derecho de propiedad sobre los terrenos donde opera el vertedero Duquesa, como lo había declarado, la compañía privada insiste en la expresión de alegatos sin fundamento.

Pruebas irrefutables

Las pruebas fehacientes de la gravedad de los daños causados por la administradora de Duquesa, están en las inmediaciones al vertedero donde se han formado de manera espontánea varias lagunas con el líquido pestilente (lixiviado) que escurren los desechos sólidos.

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