Opinión

¡Las mujeres políticas queremos paridad!

La República Dominicana es uno de los ocho países de Latinoamérica y el Caribe hispano en que las mujeres tienen menos representatividad parlamentaria. Con un Congreso en el que las mujeres son solo el 19%, es el octavo país con menos representación femenina. Aunque contamos con una ley de cuotas, estamos lejos de la paridad.

La Constitución del 2010 creó las condiciones iniciales para establecer la paridad al señalar en el artículo 39, numeral 5 que “el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de la justicia y en los organismos de control del Estado”. Conforme a este principio, la Junta Central Electoral propuso en el proyecto de Ley de Régimen Electoral, que el 50% de las propuestas a cargos electivos fueran ocupadas por mujeres. Este proyecto de ley perimió en el Congreso Nacional, quedando vigente la actual cuota femenina de un 33 por ciento.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclamó a través de su Secretaría de la Mujer que en el proyecto de Ley de Partidos Políticos haya paridad en los Organismos de Dirección de los Partidos y Movimientos Políticos, en los cargos de elección popular y en los puestos por designación. La paridad debe procurarse, más que en un sentido vertical o de número de mujeres en puestos electivos, en un sentido horizontal, de modo que se garantice la justicia representativa en los distintos niveles de las estructuras de poder.

Desde que en el año 1942 la mujer dominicana ejerció por primera vez el sufragio, su participación política ha sido constante y creciente. Las dominicanas hemos jugado un rol fundamental en la construcción de nuestra democracia, no solo ejerciendo el derecho de sufragio activo, sino también siendo electas para ocupar diferentes posiciones electivas en el nivel municipal y congresual, así como en el Poder Ejecutivo en la posición de vicepresidenta.

El camino hacia la paridad política como horizonte se vislumbra claramente si bien aún persisten resistencias ideológicas que asumen que el rol principal de la mujer se asocia al hogar. En el mundo público la mujer se ha insertado en la sociedad con muchas discriminaciones en comparación con los hombres, por ejemplo, sólo el 52% de las mujeres de la región participan activamente del mundo laboral y sujetas a muchas discriminaciones. Sin embargo, es en la participación de la vida económica remunerada en donde las mujeres han ganado más espacios.

De la medida provisional y limitada de la cuota femenina, la tendencia actual en América Latina es alcanzar la paridad, es decir, que las propuestas de candidaturas se realicen con una participación paritaria de hombres y mujeres, o por lo menos con un rango de paridad que oscile entre el 40% y 60 %.

La Comisión de Género de la Cámara de Diputados ha propuesto la igualdad, es decir, que las candidaturas sean repartidas a partes iguales, a razón de un 50% para cada sexo. La cuota de la mujer y los padrones que usarán los partidos para celebrar sus convenciones y elegir sus candidatos son los principales escollos que enfrenta la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, cuyo consenso está a cargo de una comisión bicameral.

Entendemos que la paridad es una medida definitiva, que reformula la concepción del poder político redefiniéndolo como un espacio que debe ser compartido igualitariamente entre todos los hombres y mujeres, y por ello incide en el resultado desde su propia concepción y no solo en la oferta electoral, como ocurre con las cuotas. Aspiramos a que la representación de las mujeres sea un 50-50, lo que sería un verdadero avance, coherente con el denominado equilibrio constitucional.

Las mujeres políticas queremos paridad, somos iguales al hombre ante la Ley, y el Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando las medidas, pues tenemos a nuestro favor el instrumento adecuado, legítimo e inexpugnable que es la Constitución de la República.

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