Hablan los hechos

Constitución es la Ley Suprema, muy por encima de intereses coyunturales

Ninguna instancia judicial tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad de la propia Constitución de la República Dominicana.

En el ámbito de América Latina, jurisconsultos de reconocido crédito internacional, como José Luis Baptista Morales, boliviano, sostienen que cualquier ciudadano que se sienta limitado por normas constitucionales, tendría la opción consultar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por conducto de la Comisión local correspondiente.

“Los Magistrados del Tribunal Constitucional carecen de competencia para declarar la inconstitucionalidad de normas constitucionales”, sostiene Baptista Morales, en referencia al reciente caso en su país respecto al intento de repostulación del presidente Evo Morales.

“En consecuencia el ciudadano interesado en gobernar ad perpetuam puede, ante la CIDH, por conducto de la Comisión establecida al efecto, hacer consulta referente a la violación contra uno de sus derechos por lo expuesto en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado”, indicó, al rechazar la sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia que inhabilita la prohibición constitucional de la reelección indefinida sobre el argumento de que viola los Derechos Humanos.

Constitucionalistas de RD

Igual se pronuncia el perito en Derecho Constitucional, Namphí Rodríguez, quien considera inadmisible declarar la “inconstitucionalidad de la Constitución”, tanto en los aspectos del mandato de prohibición de una segunda reelección presidencial, como en lo referente a la obligación de que las primarias para escoger los candidatos electorales de los partidos políticos sean de carácter cerrado.

Rodríguez, catedrático universitario, sostiene que vulnerar los principios de la Carta Magna conllevaría quebrantar el Estado de Derecho, la Soberanía Popular y las atribuciones legislativas del Congreso de la República.

Coincide con Baptista Morales al señalar que otra cosa sería que la Constitución pueda ser objeto de “control de convencionalidad” frente a un tratado internacional de derechos humanos que haya sido ratificado por el Estado dominicano.

En esa virtud, dijo que el artículo 26 proclama que la República Dominicana “reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado.

Rodríguez considera que imponer mediante ley las primarias abiertas para los partidos políticos resultaría contrario a la Constitución ya que afecta el derecho de los militantes a adoptar el modelo democrático de su preferencia.

Hay que hacer valer el legado de los expresidentes Juan Bosch, fundador del PLD, y de Leonel Fernández, presidente de la organización, de poner límites prudentes al continuismo presidencial en la Constitución.

Observemos que el modelo de escoger candidatos mediante primarias abiertas está en declive en países como Chile, donde su obligatoriedad fue declarada inconstitucional porque violar el derecho a la libre asociación y autodeterminación de los partidos.

Hay que evitar a toda costa el “hiperpresidencialismo”, es decir, el poder que recae en una sola figura por encima del orden institucional.

Las primarias abiertas arrastrarían a la desmotivación de los militantes partidistas, al perder la capacidad de seleccionar sus candidatos a puestos electivos y por tanto se verían abocados a abandonar las luchas políticas.

Es primordial fortalecer a los partidos políticos en la misión que la Constitución les otorga como mediadores en la canalización de la voluntad popular.

Las primarias abiertas reducen a los partidos y potencializan el sello personalista de los líderes absolutistas.

Nuestro orden legal establece primarias con listas cerradas organizadas por los propios partidos políticos, financiadas con sus recursos, en fechas que la ley fija pero fiscalizadas por la Junta Central Electoral.

Resulta que a la JCE le está prohibido utilizar sus fondos y competencia en asuntos que no son de su atribución directa.

En cambio, la Junta si tiene que velar porque las primarias partidarias se realicen de manera diáfana y transparente, de acuerdo a los principios de equidad y libertad de elección.

Un riesgo para el país

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) considera que el planteamiento de la celebración de primarias abiertas es un riesgo para el sistema político del país dada la experiencia de anteriores procesos bajo esta modalidad.

Frente a esa realidad el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, ve que lo conveniente es que las primarias sean reservadas a los miembros de los partidos políticos.

“Yo creo que de esa forma, los mismos partidos políticos tendrían un mayor control de sus instituciones al igual que de los propios padrones”, subraya.

Rechaza que la Junta Central Electoral organice las primarias y favorece en cambio que solo las supervise, como forma de apostar al fortalecimiento del sistema político.

Contra el dinero sucio

El veterano abogado Marino Vinicio Castillo ha advertido que la imposición de primarias abiertas daría oportunidad a que dinero sucio penetre los procesos internos de los partidos políticos dominicanos.

Señala que las primarias abiertas facilitan al crimen organizado incursionar en la política, y por consiguiente, influir en las decisiones relativas a la selección de candidaturas con todo lo que ello implica.

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