Opinión

De incentivos fronterizos

Uno de los temas que más preocupa al dominicano en general es el de nuestras fronteras, no sólo por la migración descontrolada que se percibe, sino, y también, por los niveles de pobreza y carencias de todo tipo de servicios y puestos de trabajos que se observan en las comunidades fronterizas, estimulando un éxodo masivo de los jóvenes y profesionales de esos pueblos a las ciudades más importantes del país.

El primero de febrero del 2001 el Presidente Hipólito Mejía promulgó la Ley 28-01 que creó una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo que procuraba “… de manera sostenible, formas más elevadas de vida en le región, que estimule el regreso de muchos de los que la han abandonado y el asentamiento de nuevas familias y empresas”.

Esta ley abarcaba en toda la zona fronteriza las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi y, aunque no son fronterizas, también se incluyeron Santiago Rodríguez y Bahoruco, en razón de las situaciones económicas y sociales parecidas.

Debido a que los incentivos se establecieron para 20 años, comenzarán a desaparecer en unos cuatro años, y no parece que haya estímulo suficiente para que nuevas empresas se acojan a este régimen especial.

Sectores empresariales, políticos y sociales de las provincias beneficiadas comienzan a elevar su voz para que se amplíe por 20 años más los beneficios de las empresas acogidas a los incentivos de la ley, y a las nuevas que se quieran instalar, aunque se modifiquen lo que sea necesario cambiar.

Es importante evaluar algunos resultados de esta ley: La Unidad de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo del país ha publicado estadísticas que indican que la posición que ocupaban en el ranking de pobreza las provincias beneficiadas por dicha ley ha cambiado muy poco, fundamentalmente en las provincias propiamente fronterizas del sur: Pedernales, independencia y Elías Piña.

Es cierto que se han creado, como resultado de la mísma, unos 10 mil empleos directos; pero el costo tributario, es decir, el dinero que el Gobierno recaudaría si las exenciones no existieran, sólo en este año ascenderán a mil millones de pesos, lo que es una cifra importante.

Las posiciones de las personas e instituciones más activas de las regiones beneficiadas por la Ley, han encontrado la oposición de sectores empresariales que entienden que ésta origina una distorsión en el mercado, que perjudica a las empresas establecidas en otros lugares y que sus resultados no son tan significativos.

Las posiciones pueden conciliarse: se debe diseñar una ley de incentivos que no exima los impuestos internos; no es correcto ni justo que, por ejemplo, una empresa produzca plástico en otra zona del país pague impuesto cuando venda, y la que lo haga en la frontera no lo pague, yendo ambos productos al mismo mercado.

No debe haber exenciones discriminatorias en la importación de maquinarias, equipos y materias primas. No debe eximirse a ninguna empresa del pago del impuesto sobre la renta, este impuesto sólo los pagan los que ganan dinero, y éstos son los que deben pagar.

Debe establecerse exenciones a los beneficios, pero sólo a aquellos que se orienten a inversiones en la zona fronteriza.

Con estos criterios en mente, el sector empresarial y los habitantes de la frontera podrán llegar a un punto en común que beneficie a las provincias fronterizas y que no perjudique a los empresarios ya establecidos en otras zonas.

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