Hablan los hechos

Elecciones en Honduras: Entre incoherencia política y ambición

Preocupante y desestabilizador, son dos términos que reflejan de manera descriptiva el ambiente que se vive en Honduras tras unas cuestionadas elecciones, que por demás corren el riesgo de convertirse en la segunda faceta de una nefasta tentativa gubernamental.

Sucede que el pasado 26 de noviembre, los hondureños estuvieron asistiendo a una controvertida cita electoral, donde desde un inicio se cuestionaba la imparcialidad del principal jurado (Tribunal Supremo Electoral), pero a su vez el candidato oficialista, el presidente Juan Orlando Hernández, está optando por una reelección que en términos constitucionales está prohibida. Con esta tentativa, el actual mandatario busca ser el primer presidente en alcanzar la reelección tras 36 años de democracia, basando sus aspiraciones en que le ha faltado tiempo para encaminar sus políticas publicas favorables a la nación centroamericana.

Sin embargo, lo que el discurso oficialista ha obviado es que para llegar a este punto, tuvo que sustentarse en un fallo del Tribunal Supremo, que en el 2015 dejó sin efectos los artículos que desde 1982 habían prohibido expresamente cualquier afán reeleccionista. Por si fuera poco, fue esta misma prohibición constitucional el argumento en que se basaron en el 2009 los opositores del entonces presidente Manuel Zelaya, para acusarle de un supuesto afán reeleccionista con la intención trasfondo de derrocarle, lo que en efecto aconteció posteriormente, siendo el actual presidente uno de los principales artífices.

Para lograr “habilitar” la repostulación presidencial del actual mandatario, el argumento del Tribunal fue que la prohibición de la Constitución sobre este particular, contenida en su artículo 239, era “violatoria a los derechos políticos”. Sin embargo, tuvieron que abstenerse de emplear reformas debido a que la misma Carta Magna de Honduras consigna que este punto no puede ser derogado o cambiado, pues forma parte de los “artículos pétreos”.

Dada esta realidad, para poder llevar adelante sus intenciones particulares, el Tribunal declaró “no aplicable” la prohibición constitucional, abriendo paso a una campaña reeleccionista a pesar de que en teoría esta acción sigue estando vetada. Consumada la primera etapa, que anticipaba desde el primer momento una crisis política a futuro, Juan Orlando Hernandez no dudó en lanzarse en la búsqueda de un segundo periodo bajo el familiar argumento de “aún queda mucho por hacer”.

Con la celebración de las elecciones, en las cuales el candidato oficialista se enfrenta a Salvador Nasralla de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, las previsiones negativas se tornaron realidad cuando se comenzó a percibir una dilación injustificada en el conteo de los votos, retrasándose los resultados. De hecho, cuando se obtuvieron los primeros informes con un 57% de actas escrutadas, se hizo perceptible que el opositor Nasralla aventajaba al actual mandatario a razón de 45.17% contra 40.21, margen que sospechosamente se redujo luego de una “falla en el sistema” de 36 horas, tras la cual con un 73.59% de mesas escrutadas, la diferencia pasó a 42.77% frente a 41.6%.

La verdadera sorpresa se dio cuando se publicó el siguiente boletín, cuyo balance producto del 94.35% de las actas escrutadas evidenció un giro en los resultados, favoreciendo ahora al presidente Hernández con el 42.92% de los votos, contra 41.42% del candidato opositor. Como era de esperar, este resultado llevó a Nasralla a denunciar el proceso, a la vez que produjo protestas masivas en distintas ciudades hondureñas, incluyendo la capital, Tegucigalpa, donde se registraron a la fecha unas cinco personas fallecidas y más de 500 detenidos.

La irregularidad del proceso y la consiguiente convulsión político-social, despertó la alarma de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, quienes manifestaron su preocupación sobre el particular, a la vez que demandaron mayor transparencia y garantías en la emisión de resultados. Tras días de agitación, aún hacía falta la revisión de unas 1,031 actas irregulares, que equivaldrían a un 5.69% del total general, pudiendo esto ampliar la sorpresiva ventaja obtenida por el mandatario o revertir nueva vez el resultado.

Finalmente, tras una nueva “falla técnica”, el TSE publicó que el presidente se impuso por unos 52,347 votos, es decir, 42.98% contra 41.39%, admitiendo que dichos resultados requieren de verificación por el escaso margen de diferencia, sin embargo, mientras el Tribunal Superior Electoral invitaba a la revisión de 1,000 actas, Nasralla y Zelaya exigieron el recuento de 5,174 en las que precisan existen irregularidades. La apuesta subiría con el pasar de los días, cuando vía las redes sociales el candidato opositor reclamó la revisión del total de las actas o de lo contrario que se celebrara una segunda vuelta.

Sorpresivamente, en el día de ayer el mandatario Hondureño y candidato por el oficialismo aceptó la solicitud de revisión de los votos, recayendo en lo adelante la responsabilidad sobre el TSE, que carente de credibilidad debe fijar posición sobre el particular. A pesar de ello, partiendo del nivel de permeabilidad de las instituciones y demás poderes estatales por parte del gobierno, así como el denunciado apoyo por parte de figuras políticas con vínculos en el crimen organizado, resulta cuesta arriba que los resultados puedan nueva vez favorecer Nasralla por sobre Hernández.

No cabe dudas de que la inestabilidad política y social a lo que hoy se expone Honduras, resulta ser una muestra fehaciente de las implicaciones que tienen las acciones particulares de mandatarios que practican la incoherencia por sobre el sentido de la historia, y favorecen la ambición personal más allá de la paz, bien común y la Ley de leyes.

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