Opinión

La Doble Nacionalidad

La Constitución de la Republica, modificada en 1994 en su artículo 11 por iniciativa del Dr. José Francisco Peña Gómez, incluyó el tema de la doble nacionalidad para permitirle a un ciudadano dominicano optar por una nacionalidad de otro país sin perder la suya. En efecto, en el Párrafo IV del citado artículo se estableció lo siguiente:

“La adquisición de otra nacionalidad no implica la perdida de la nacionalidad dominicana. Sin embargo, los dominicanos que adquieran otra nacionalidad no podrán optar por la Presidencia o Vicepresidencia de la Republica”.

Dos años después de haberse modificado la Constitución de la República, en agosto de 1996, asumieron el Poder Ejecutivo el Dr. Leonel Fernández Reyna y Dr. Jaime David Fernández Mirabal. En su primer gobierno, el presidente Fernández comenzó una campaña de concienciación en la comunidad dominicana residente en el exterior sobre la importancia de optar por la nacionalidad en los países donde residían legalmente y por ende cumplían los requisitos para dar ese paso sin temor a perder su nacionalidad de origen. La motivación fundamental del entonces presidente de la República era promover la inserción de nuestros nacionales dominicanos en las actividades políticas, al tener los derechos ciudadanos, entre ellos el de elegir y ser elegido.

La iniciativa del Dr. Peña Gómez aprobada por los congresistas de la época y promovida por el ex presidente de la República Dr. Leonel Fernández, fueron acciones correctas visto los resultados a través de los años. Recordemos que antes de la referida modificación constitucional de 1994, los dominicanos que adoptaban una nacionalidad distinta a la suya renunciaban ipso facto a la condición de ciudadano dominicano, perdiendo sus derechos como tales.

En la nueva Constitución de la República de 2010 se discutió mucho el tema de la nacionalidad dominicana y en el referido texto legal se incluyeron varios aspectos respecto a la figura jurídica y política que constituye la doble nacionalidad, con los cuales no estuvimos de acuerdo en su momento y lo expresamos públicamente. Fueron inquietudes expresadas con legítima sospecha en ese momento, pero pensando siempre en el bien común porque consideraba que el texto de 1994 era excluyente y anticonstitucional, pues violaba un derecho fundamental.

En el artículo 20 de la referida Constitución de 2010 se estableció lo siguiente:

“se reconoce a dominicanos y dominicanas la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. La adquisición de otra Nacionalidad no implica la perdida de la dominicana”.

Ahora bien, el párrafo único del citado artículo de nuestra Constitución vigente reza así:

“Las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad, por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República, si renunciaren a la nacionalidad adquirida con 10 (diez) años de anticipación a la elección y residieren en el país durante los diez años previos al cargo. Sin embargo, podrán ocupar otros cargos electivos, ministeriales o de representación diplomática del país en el exterior y en organismos internacionales, sin renunciar a la nacionalidad adquirida”.

Mientras la modificación constitucional de 1994 permitió la doble nacionalidad aunque impedía a quienes optaran por hacerlo a postularse por los cargos de presidente y vicepresidente de la República, restricción evidentemente inconstitucional, pues cercenaba derechos fundamentales, la Constitución votada en 2010 hizo la excepción en el sentido de que los dominicanos podrían optar por la presidencia y vicepresidencia de la República si renunciaban a la ciudadanía de otro país adoptada con 10 años anticipadamente a postularse para ocupar los principales cargos públicos.

En otras palabras, esto quiere decir que los dominicanos y las dominicanas interesados en participar en la actividad política, motivados a optar por la ciudadanía de los Estados Unidos, de la unión europea o cualquier otro país del mundo, tendrán la oportunidad de aspirar a la presidencia o vicepresidencia de la República siempre y cuando renuncien a la otra ciudadanía adoptada 10 años antes de postularse a los cargos públicos más importantes del país.

Ese precepto constitucional constituye una discriminación, pues pone límites a derechos fundamentales por lo que tendría asidero legal elevar una instancia al Tribunal Constitucional para corregir ese error, con la salvedad de que esa limitación solo debe ser aplicada a las personas nacidos en otros países y que hayan optado por la ciudadanía dominicana.

En las elecciones generales realizadas en 2016 hubo candidatos que, a pesar de ostentar la ciudadanía de los Estados Unidos, participaron en esos comicios y, al mismo tiempo, votaron en las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado ganadas por Donald Trump, lo cual constituye una violación flagrante a nuestra carta magna, situación que no fue evitada por la Junta Central Electoral (JCE) por una falta de previsión, pues nuestras autoridades en materia electoral no tomaron en cuenta la posible violación al Artículo 20 de la Constitución de la República.

De lo antes dicho se desprende la necesidad de que la JCE se asegure de que los candidatos no violen las disposiciones legales establecidas, estableciendo como requisito una certificación individual de que cada aspirante en la cual jura no violar la constitución y en caso contrario, serían pasibles de ser sometidos a la acción de la justicia por perjurio.

Como se puede apreciar, la doble nacionalidad, figura jurídica y política con rango constitucional, constituye un tema que debe ser analizado a partir de un enfoque incluyente que supere el lastre de la discriminación, en una época en la cual se aboga por la preservación de derechos fundamentales establecidos en una Constitución cuyo Artículo 7 define la República Dominicana como un Estado Social Democrático y de Derechos.

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