Opinión

La reforma laboral en AL

En la economía contemporánea es común que los principales problemas que entran en el campo de estudio de la economía laboral están el desempleo, los niveles de salarios, la productividad del trabajo, la calidad y estabilidad de los empleos, entre otros. La economía laboral utiliza la teoría de la elección para explicar el comportamiento de los participantes en el mercado de trabajo y sus resultados, lo que en los hechos se traduce en una preocupación de la política macroeconómica.

Es importante resaltar que el mercado laboral, o de trabajo, tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de mercados, como son el financiero e inmobiliario, etc. ya que se relaciona con la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. En tal sentido, el mercado de trabajo suele estar influido y regulado por el Estado a través del derecho laboral y por una modalidad especial de contratos, los convenios colectivos de trabajo.

Pero es que en el mercado de trabajo, los individuos intercambian servicios de trabajo, siendo las empresas o empleadores de la economía los que compran servicios de trabajo, razón por el cual cuando se analiza el mercado de trabajo, se presta una especial atención a la situación de toda la población con respecto al empleo, ya que éste constituye la principal fuente de ingresos de la mayoría de las personas. Sin embargo, el mercado de trabajo propiamente dicho sólo afecta a las personas que reciben salarios.

Hay que destacar que si bien es cierto que siempre han existido normas laborales desde que existe el trabajo por cuenta propia, estas se integran como una parte específica del ordenamiento jurídico desde finales del siglo XIX y donde los estados de todo el mundo han dictado leyes laborales para regular los mercados de trabajo y proteger a los trabajadores, conjunto de normas estas que se han denominado derecho laboral.

En adición, hay que precisar que las normas laborales tienen la característica general de ser de aplicación obligatoria, sin poder ser renunciadas, a menos que las condiciones de trabajo sean más beneficiosas para el trabajador.

En cuanto a la intervención del Estado en las relaciones laborales, esta ha tenido un aumento sistemático desde finales del siglo XIX y que se amplió en todo el desarrollo del siglo XX. En una primera etapa, este intervencionismo estatal tuvo como objetivo proteger al trabajador como la parte contractual más débil, centrándose en los grupos más oprimidos y en algunas condiciones como la jornada laboral y los oficios de alto riesgo.

Por su gran incidencia socioeconómica y política, las cuestiones laborales fueron ocupando un sitial de gran importancia de tal magnitud de que para 1919 los derechos de los trabajadores se consagran con jerarquía constitucional, lo que impulsó la creación de la OIT como órgano supranacional de vigilar dichos derechos.

Dado esos nuevos esquemas de regulación laboral, posteriormente el interés laboral pasó a ocuparse de asuntos como los salarios, la seguridad en el trabajo y el aprendizaje, así como la libertad de asociaciones de trabajadores y sus derechos colectivos.

Es en tal sentido que el derecho del trabajo se convirtió, desde su origen, de encargarse de normar la actividad humana lícita, prestada por un trabajador en relación de dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación. Pues de esta manera el concepto de trabajo, es la actividad realizada por un ser humano que produce una modificación del mundo exterior, a través de la cual aquél se provee de los medios materiales o bienes económicos que precisa para su subsistencia y cuyos frutos son atribuidos libre y directamente a un tercero.

Bajo ese enfoque se puede interpretar que el derecho laboral regula el trabajo desde que éste alcanza un grado de complejidad tal que su organización se convierte en un problema social y político. Pero resulta que en términos históricos la aparición de las normas laborales y la intervención del Estado como regulador, responde a una exigencia universalmente considerada de dignificación de las condiciones de vida de un porcentaje mayoritario de la población.

En ese contexto se entiende que el derecho laboral consagra, así, la moderna concepción significadora del trabajo como función social, para separarlo del ámbito de las relaciones puramente patrimoniales, considerando de esa manera que las leyes del trabajo son de orden público, ya que buscan garantizar el interés general, cuyo cumplimiento es obligatorio.

En América Latina luego de superar la etapa de las dictaduras, en la década de los 80s, en la mayoría de las constituciones políticas consagraron las libertades sindicales como garantías individuales.

A pesar de los avances logrados, las dificultades económicas causadas por la crisis de la deuda externa y los retos de la apertura económica se convirtieron en argumentos para promover una revisión de la protección a los trabajadores. Con la profundización del proceso de globalización, América Latina no ha estado exenta del debate entre protección y flexibilidad, apareciendo toda una serie de reformas orientadas tanto hacia la modificación en las normas laborales; sin embargo, ninguna reforma debe hacerse para eliminar, o reducir derechos adquiridos, sino más bien para incorporar nuevas conquistas ya que su naturaleza, su alcance y su desarrollo han sido algunos de los temas centrales del debate económico y social.

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