Opinión

Las primarias abiertas e institucionalidad

Sectores del Gobierno han iniciado una ofensiva sobre la base de una plantilla narrativa con la finalidad de crear una corriente de opinión favorable a que en el proyecto de ley de partidos políticos que se conoce en el Congreso, se introduzcan las primarias abiertas como obligatorias, aun sabiéndose que una disposición como esta viola la Constitución de la República y atenta contra la existencia de estas formaciones.

No es extraño que para tales propósito se busquen abogados prestidigitadores, que se desdicen constantemente, para que recurran sus acostumbrados malabares jurídicos con la idea de amparar retorcidas interpretaciones de aparente orden legal, pero que responden a fines político, cuestión que resquebraja la institucionalidad democrática, rescatada luego del Pacto por la Democracia a que arribaron los partidos tras la crisis post electoral de 1994 y que comenzó a debilitarse con el parche constitucional del 2015 que impuso la reelección presidencial sobre la base del poder perverso del Estado.

Tomarse la Constitución y las leyes como un juego para satisfacer necesidades coyunturales de individuos o grupos de poder que temen perder sus negocios o privilegios, es un atentado contra la seguridad jurídica que, de perderse, arrastraría desconfianza en los inversores y, como consecuencia, un deterioro económico que devendrían en crispación social, la que a su vez desembocaría en una crisis política que pasaría factura a los que la provocaron en su ciego afán de continuismo ilegitimo e ilegal.

La violación de los pactos o contratos sociales podrían conducir a la misma situación de crisis política por la que está atravesando Honduras. En este espejo deben verse los promotores del caos institucional que no advierten lo que sucedería en el país si se insiste en seguir reduciendo a papeles de desechos la Constitución y las leyes, además de “pretender que los partidos se conviertan en conglomerados amorfos donde se aglutinarían toda suerte de personajes que vendrían a acentuar el desprecio por la militancia, el mérito, las ideas y la propia razón de ser de los partidos.

Esta cuestión, traída a un debate sin sentido, debido al carácter inconstitucional de lo que se pretende, tiene para mí más sentido político que jurídico, en razón de que está en juego el ineludible privilegio del que milita a participar, no solo en suministro de nutrientes ideológicos y martillazos del esfuerzo permanente en el diario trabajo de carpintería, sino en su derecho, adquirido por su entrega, a escoger a los candidatos de su partido, para presentarlo, junto a una oferta programática al elector que podrá elegir entre diferentes propuestas.

Y es que, como he dicho antes, “el argumento de ‘más democracia’ para justificar el padrón abierto (ignorando el concepto de democracia en su más amplio sentido sociopolítico) esconde el propósito de anarquizar el ejercicio de la política para degradarla más de lo que está, aniquilando el sentido de pertenencia de los militantes y dejando a los partidos a merced de la volatilidad mercantil de los intereses individuales”

La democracia opera con reglas y leyes que parten de la misma dinámica de la sociedad. Y éstas no solo implican el establecimiento de derechos, sino también de deberes, que son los que el militante asume para reclamar los primeros, como consecuencia del sentido de pertenencia que dan las obligaciones que se asumen al militar.

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