Hablan los hechos

El drama Rohingya en Myanmar

Habiendo arribado al año 2018, las expectativas de mejora del panorama político-económico a nivel mundial van tomando cada vez más peso, al tiempo que aún quedan pendientes algunos escenarios sombríos, propios del aspecto humanitario. Sucede que mientras da la impresión de que algunas crisis van siendo superadas, otras parecen no tener final, como en efecto sucede con la comunidad musulmana rohingya, cuyo año inicia sin perspectiva de mejora dentro del convulso Estado de Myanmar.

Justamente el 14 de diciembre se dio a conocer a la prensa internacional, que las victimas mortales entre esta comunidad había ascendido a más 7,000 desde que en agosto pasado se desencadenara una nueva ola de violencia en la provincia de Rakhine (la segunda más pobre de Myanmar), obligando a los sobrevivientes a huir a la vecina Bangladesh. De hecho, los residentes en esta remota zona al oeste del país, son parte de los desplazados tras los enfrentamientos previos durante el 2012, donde la lucha interreligiosa y violencia gubernamental provocó más de 192 muertos, la mayoría musulmana.

La más reciente crisis tuvo su origen en una campaña militar, cuyo objetivo consistía en brindar respuesta a unos supuestos ataques terroristas provenientes del grupo rebelde Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), en el cual fallecieron unos 12 agentes de la policía local. Desde entonces la situación para esta pequeña comunidad musulmana, en especial la población civil, no ha hecho más que complicarse producto de las persecuciones y violencia inducida en base a la difamación, desplazando a más de 120,000 internos.

Con la finalidad de ahondar un poco sobre esta población, podríamos precisar que los rohingya, señalados por la ONU como el pueblo “más perseguido del mundo”, “sin Estado” y “sin amigos”, han sido segregados en Birmania (antiguo nombre de Myanmar) desde la independencia en 1948, donde el budismo es la religión mayoritaria. Esta característica ha influido en provocar que esta comunidad musulmana de origen árabe no posea reconocimiento, a pesar de que constituyen cerca del 5% de los más de 60 millones de ciudadanos birmanos.

En la actualidad, entre las restricciones dirigidas a esta población, está la prohibición de viajar o casarse sin previo permiso gubernamental, poseer tierras propias, e incluso ser vetados de tener más de dos hijos. Dichas medidas resultan peculiares para un Estado, que tras haber sido regenteado durante medio siglo por una junta militar (desde 1962), ha buscado hacer una transición ejemplar hacia un régimen democrático.

A pesar de las críticas y presiones internacionales (que no han pasado de la retórica), a las cuales se han sumado jefes de Estado y organismos no gubernamentales, las autoridades locales han negado las acusaciones, en especial la política y premio nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. De hecho, al abordar el tema Suu Kyi dijo “desconocer el motivo exacto del éxodo de los rohingya”, a la vez que el Estado de Myanmar garantizaba la seguridad de esta comunidad musulmana, lo que en el papel no ha podido ser comprobado a pesar de que dijo haber dado instrucciones a los militares de mantener un código de conducta.

Además ante los continuos cuestionamientos, que a fin de cuentas le llevaron a no asistir a la pasada Asamblea General de la ONU (mismo escenario en la cual había sido elogiada años atrás), la virtual mandataria abrió sin éxito las puertas al escrutinio internacional. Aún así, la situación difícilmente llegue a cambiar del todo en el futuro próximo, sobre todo porque en términos prácticos los militares siguen teniendo el control del país, mientras que Suu Kyi funge como una especie de “Consejera de Estado” sin mucho peso en sus decisiones, debido a limitaciones establecidas en la Constitución que le impidieron asumir la presidencia, no obstante haber ganado las elecciones.

Cabe señalar que el Premio Nobel que recibió en 1991, fue producto de su larga lucha contra la dictadura militar birmana, por la cual pasó varios años en arresto domiciliario, al tiempo que se volvía un referente moral a nivel internacional. Además, entre sus éxitos está el haber fundado en 1988 al actual partido de gobierno, Liga Nacional por la Democracia, con la intención de hacer frente al statu quo favorable al régimen militar, acción que junto a las represiones de las que fue víctima, le valieron en cierto momento ser una referencia a la par con grandes figuras como Nelson Mandela.

Evidentemente a raíz del claro contraste que plantea el actual escenario, la reputación de la política ha dado un giro de 360 grados, al punto que algunas figuras internacionales, incluyendo algunos Nobel de la Paz, han pedido que se le retire su reconocimiento.

Mientras tanto, Suu Kyi busca mantener un delicado equilibrio entre la necesidad de hacer frente a la crisis y su imposibilidad de ejercer el control sobre el ejército, no importando que el presidente Htin Kyaw es de su máxima confianza.

Por el dilema que se le presenta, se le compara con otras destacadas damas del siglo XX, debido a que se esperaba que su peso político le permitiera impulsar los cambios que requiere el país, por lo cual exclamó: “”Soy una política. No soy como Margaret Thatcher (ex primera ministra británica), pero al mismo tiempo no soy una Madre Teresa. Nunca dije que lo fuera”. A esto agregaría “No creo que arriesgar mi vida por una causa como lo hizo Gandhi, es un ejemplo que quisiera imitar, pero gustaría que pudiéramos estar a la altura de sus principios”.

Lo anteriormente contrasta con las palabras que pronunciara en el 2012 durante la ceremonia de aceptación del Nobel en Oslo, dos años después de su liberación, donde indicó lo siguiente: “durante mi arresto no dejé de pensar en los prisioneros y los refugiados. Tampoco olvidé a esa gran masa que conforman los desarraigados que fueron arrancados de sus hogares, forzados a vivir sus vidas entre extraños que no siempre son acogedores”. Una clara radiografía de la realidad que viven los rohingya.

Una particularidad de la actual situación en Myanmar, es que las amenazas que padece la pequeña comunidad musulmana también responden a diferencias con la comunidad budista del país, agudizada por una evidente precariedad económica, que les hace presionar por la expulsión de los rohingya. Por si fuera poco, a pesar de las presiones mediáticas, ningún gobierno se ha mostrado presto a recibir a los refugiados que huyen de Myanmar.

En definitiva, más allá de los pronunciamientos oficiales, los rohingyas siguen siendo víctimas de un limbo, en el que carecen de reconocimiento como etnia al tiempo que padecen una continua persecución. Por si fuera poco, Myanmar no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que a pesar de la violación a los derechos humanos, no habría jurisdicción para la Corte Penal Internacional (CPI).

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