Seguridad Vial

Ven Fotomultas como injusto medio de recaudación

Buenos Aires.- Los siniestros viales son de las principales y más fácilmente evitables causas de mortalidad y lesiones, y que ciertamente, el exceso de velocidad es uno de los peores factores de riesgo.

La correcta señalización y las multas por infracciones suelen ser un elemento útil para disuadir, prevenir y despertar la necesaria conciencia de los conductores.

Pero el periódico La Nación observa que en los últimos años han proliferado los radares fijos y móviles para registrar supuestos excesos de velocidad y levantar fotomultas, que persiguen fundamentalmente un fin meramente recaudatorio bajo el pretexto de la prevención vial.

Impulsados por una voracidad fiscal insaciable, lucran con los conductores, sin siquiera respetar los debidos procesos, generando procedimientos totalmente ajenos a la legislación nacional de tránsito.

Es dable pensar que un elevado número de conductores acostumbre irespetar las velocidades máximas, pero la localización y funcionamiento de muchos de los radares, evidencia su premeditada ubicación para inducir a infracciones muy difíciles de evitar, antes que a crear conciencia vial o prevenir tragedias.

Si bien es Buenos Aires -donde ahora las infracciones de tránsito son un 35% más caras- el lugar por excelencia donde se aplican estas multas “cazabobos”, también proliferan en municipios de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza… donde los cabildos se benefician de convenios irresponsablemente firmados por autoridades.

En algunas localidades, la ubicación de las cámaras está a muy corta la distancia entre ellas y las señales que disponen disminución de la velocidad. Reducir desde 120 a 60 kilómetros por hora en pocos metros, solo suma más peligrosidad.

Hay casos donde, en escasos 50 metros, se reduce de 100 a 80 kilómetros por hora, y luego a 60, o incluso a 40. Otros, donde recurrentemente se multa al automovilista por supuestos excesos sobre los 60 kilómetros por hora, sin que exista señalamiento alguno, incluso en zonas agrícolas o sin urbanizar.

Algunas rutas tienen señales de reducir la velocidad de 80 a 20 kilómetros por hora por cruces ferroviarios en lugares donde el último tren pasó hace más de 60 años.

Otra irregularidad ajena s la seguridad vial es que las velocidades máximas no deberían ser iguales para ingresar y salir de zonas urbanas o semiurbanas. El conductor debe reducir la velocidad en la medida que se acerca y poder acelerar cuanto ya se encuentra fuera. Pero las fotomultas lo castigan por igual.

Llama poderosamente la atención que, entre enero y octubre del año pasado, solo en la zona de Dolores se registraran unas 99.000 fotomultas; y en municipios como Chascomús, 93.000 notificaciones, o General Madariaga, con unas 67.000.

Las multas se multiplican en rutas como la 63 y la 74, convertidas en verdaderos cotos de caza para potenciar ingresos.

Independientemente de los que violan las velocidades máximas, poniendo en juego vidas propias y ajenas, muchísimas infracciones detectadas a través de las cámaras afectan a respetuosos conductores que no llegan a reducir la velocidad en una distancia definitivamente corta y que son sorprendidos circulando a escasos kilómetros sobre los permitidos.

A esos problemas se suman el incumplimiento de normas elementales, como la notificación fehaciente y detallada, en tiempo y forma, al domicilio del presunto infractor, para que quede garantizado su derecho de defensa y al debido proceso.

Asimismo, los radares y cámaras utilizadas para las fotomultas deben ser regularmente homologados y tener una certificación emitida en forma periódica por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que muchas veces está vencida, tornando legalmente inválido el uso del cinemómetro y nulas las actas de infracción.

La aplicación de las normas exige razonabilidad y transparencia para evitar arbitrariedades, como las enfrentadas por numerosos conductores que, pese a su mejor voluntad y empeño en manejar con cuidado, son blanco de un ardid montado por municipios que, lejos de propender a la seguridad vial, solo pretenden financiar sus elefantiásicas e ineficientes estructuras administrativas con trampas tendientes a aprovecharse de la ingenuidad y buena fe de los automovilistas, según La nación.

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