Editorial

Plausible noticia

Un precepto de nuestra Constitución deja establecido que las penas privativas de libertad a los infractores de leyes y normas ciudadanas de buen convivir están orientadas hacia la reeducación y reinserción social de las personas condenadas.

¿Se da cumplimiento a ese principio de nuestra Ley Fundamental? La respuesta es negativa.

Un informe del año pasado de la Oficina Nacional de la Defensa Pública indicó que las cárceles dominicanas están sobrepobladas, al punto de que en algunas de ellas el hacinamiento se eleva hasta en un 500 %.

La aglomeración no ofrece garantía alguna para que el interno, que es como se llama ahora al reo, pueda pasar por un proceso de reeducación e insertarse con un nuevo patrón de vida en la sociedad.

El Estado sabe de las calamidades de nuestras cárceles, de las que el pueblo conoce son antro de corrupción y descomposición social.

Se tiene consciencia de la necesidad de reformar las cárceles y dirigirlas a la reinserción en la sociedad de quienes, por una razón u otra, tengan que llegar a esos lugares a purgar una pena impuesta por los tribunales, por eso la existencia en el esquema de prisión dominicano del nuevo modelo carcelario.

Datos de la Procuraduría General de la República confirman la existencia de 41 recintos carcelarios en todo el territorio, De ellos 19 pertenecen al viejo modelo, el cual alberga una población de 16,616 privados de libertad, mientras que los 22 recintos restantes pertenecen al llamado nuevo modelo, que cuenta con una población de privados de libertad que asciende a los 9,542 internos, para un total de 26 mil internos a nivel nacional.

Estos números traducen una superpoblación carcelaria en la que se dificulta el desarrollo de actividades orientadas a la reintegración social de las personas privadas de libertad.

Es por todo ello que se considera más que saludable el anuncio de la Procuraduría General de que se invertirá 170 millones, de dólares de los fondos que recibirá el Estado dominicano como indemnización por los casos de los supuestos sobornos de Odebrecht y Embraer, en la transformación del sistema penitenciario, incluyendo la eliminación de la cárcel La Victoria.

La humanización del sistema carcelario es un anhelo de la sociedad, es una antiquísima deuda social, que con este anuncio se comienza a despejar, sobre todo con seguridades ofrecidas de que las construcciones quedarán concluidas en un plazo de 18 meses, con la edificación de un complejo de 12 recintos con capacidad para albergar a 9,257 reclusos.

El anuncio de las obras para nuevos recintos carcelarios se hizo acompañar del planteamiento de un modelo prisión humano, donde todos los internos reciban un trato digno e igualitario y que se le brinde las oportunidades de rehabilitación y reinserción.

El anuncio de la Procuradora General de la República se hace merecedor de aplausos y reconocimiento.

últimas Noticias
Noticias Relacionadas