Hablan los hechos

La narco política un peligro para la paz y la democracia

Reflexiones del Presidente del PLD, Temistocles Montás

(Domingo 21 junio 2020)

Compañeros, compañeras, dominicanos y dominicanas

En los primeros días de esta semana, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su profunda preocupación por la cada vez más creciente denuncia de que personas señaladas por su vinculación con el narcotráfico internacional, tienen un papel relevante en la maquinaria electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

A su vez, le exigimos a los dirigentes de ese partido y a la Junta Central Electoral (JCE) que expliquen al país esa relación por el peligro que entraña para la paz y la democracia.

Referimos que Yamil Abreu Navarro, quien hasta hacía poco tiempo había sido alcalde y candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno, acababa de ser detenido en el país cumpliendo con un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos, acusado de narcotráfico transnacional.

Indicábamos que ese caso no se trataba de un hecho aislado ni fortuito.

Al día siguiente, nuestra Secretaría de Asuntos Jurídicos depositó ante la Junta Central Electoral una comunicación en la que le solicitaba que pusiera en marcha una investigación sobre los aportes de recursos provenientes de narcotráfico internacional por la vía de Yamil Abreu Navarro al Partido Revolucionario Moderno.

Los compañeros de la Secretaría de Asuntos Jurídicos llamaban la atención de la JCE al hecho de que el señor Abreu Navarro era miembro de Comité Nacional del PRM, o sea que formaba parte del circulo de la alta dirección de ese partido, a tal punto de que Roberto Furcal, director de la campaña presidencial del PRM, había solicitado de manera pública a todos sus amigos del distrito municipal de Las Lagunas, en Padre las Casas, provincia de Azua, que apoyaran al mencionado señor, agregando que contaría con todo el apoyo en un eventual gobierno de Luis Abinader.

Posteriormente, por recomendación de la dirección política de nuestro partido, la Secretaría de Asuntos Jurídicos le solicitó a la Junta Central Electoral que comprobara si el señor Franklin Martin Romero Morillo, candidato a senador por la provincia Duarte por el PRM se ajustaba a todas las disposiciones pertinentes de la Constitución y las leyes dominicanas.

Sobre el señor Franklin Martin Romero se señalaba que en agosto de 2000 había sido acusado por la fiscalía de Nueva York de posesión de narcóticos, de conspiración para distribuir narcóticos, de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, entre otras acusaciones. Fue detenido y condenado a un año de prisión y mantiene de por vida un record criminal de un delito grave en Estados Unidos.

Pero las cosas no se quedaban ahí. El jueves de esta semana se procedió a someter una nueva solicitud ante la JCE con el propósito de que se comprobara si la señora Nuris Jones Acosta, postulada por el PRM como candidata a diputada por la provincia Sánchez Ramírez se ajustaba a todas las disposiciones pertinentes de la Constitución y las leyes dominicanas.

Se señalaba que dicha señora había sido extraditada a los Estados Unidos en diciembre de 2000 acusada de conspiración para distribuir heroína por lo que fue condenada a 2 años de prisión, tras un acuerdo con la fiscalía mediante el cual se declaró culpable, siendo deportada a la República Dominicana el 5 de agosto de 2002.

No obstante, ese acuerdo, la señora Jones Acosta mantiene de por vida un record criminal por un delito grave en los Estados Unidos.

Todas esas evidencias, y otras que serán conocidas próximamente, no han sido tomadas en cuentas por el PRM, organización política que ha optado por guardar un silencio irresponsable y no dar ningún tipo de explicación al respecto.

La posibilidad de que una gran cantidad de dirigentes a cargos congresuales que ha presentado el PRM en estas elecciones, así como algunos alcaldes y regidores electos por ese partido, pudieran estar siendo financiado por el narcotráfico internacional resulta sumamente preocupante.

Dada la alta capacidad que tiene el narcotráfico de manejar grandes volúmenes de efectivos, eso le da una gran capacidad de incidir en los procesos electores si no hay un control estricto del dinero que manejan los candidatos y si las direcciones de los partidos políticos se hacen de la visa gorda o patrocinan la llegada de dinero ilícito para sus candidatos.

Es lo que parece está ocurriendo con el PRM.

Por eso es que insistimos tanto en que la JCE le preste la mayor de las atenciones a este problema.

La penetración del narcotráfico en la lucha política debilita institucionalmente a los países. Conocemos muy bien la experiencia de Colombia y México, donde la penetración de este flagelo ha producido resultados nefastos y desastrosos, no solo en términos de vidas humanas sino también en términos institucionales.

Por lo tanto, necesitamos proteger el desarrollo sano de nuestro proceso democrático, evitando que sea contaminado con dinero de actividades ilícitas.

El Partido de la Liberación Dominicana ha dado muestra de su compromiso inquebrantable contra el crimen trasnacional y el tráfico de drogas. Nuestros gobiernos han cooperado permanentemente con las autoridades norteamericanas en esa lucha y todas aquellas personas requeridas por delito de narcotráfico por dichas autoridades han sido entregadas a la justicia de Estados Unidos.

Concomitante con ese comportamiento, el gobierno del presidente Medina hizo aprobar un importante instrumento que tiene como uno de sus propósitos fundamentales combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Me refiero a la ley de lavado que tiene como propósito fundamental combatir el lavado de activos, lo que no solo involucra a los narcos de manera directa, sino también a sus socios, porque es allí donde pueden aparecer propiedades adquiridas ilegalmente.

Resulta evidente que existe una marcada diferencia en el trato al narcotráfico internacional entre los gobiernos de PLD y aquellos gobiernos donde los actuales dirigentes del PRM ejercieron posiciones importantes. Recuérdese las constantes denuncia que se hicieron en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, en el periodo 1982-1986, sobre la gran cantidad de pistas de aterrizaje de avioneta que se construyeron en todo el territorio nacional. Se señalaba que esas pistas tenían como finalidad recibir grandes cantidades de drogas.

No menos importante fue lo que ocurrió en el periodo 2000-2004.

Por todo lo señalado, a aquellas organizaciones que históricamente han sido permisivas al narcotráfico hay que decirle no en las elecciones del 5 de julio. Le pedimos a los dominicanos y las dominicanas que le cerremos las puertas al narcotráfico en la política dominicana, votando por el PLD y Gonzalo Castillo.

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