Opinión

El Debido Proceso, los gazapos judiciales y la conjugación de los poderes

El derecho internacional nos enseña que el debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley.

En cambio, los gazapos en la justicia tienen una condición nefasta que golpea la sociedad en doble vía: a) impide al Estado recibir recursos importantes para enfrentar temas pendientes como la educación, salud pública, seguridad e infraestructuras; y b) debilita la confianza de la sociedad en la justicia transparente, ya que en muchos casos se practican extorsiones con grandes sumas de dinero tanto a la parte querellantes como a los imputados.

Según los términos académicos de las cátedras universitarias, “el debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez”.

Partiendo del debido proceso, las autoridades, judiciales y policiales, están subordinadas a las leyes vigentes de cada país, y amparados en estas deben proteger a los ciudadanos en igualdad de condiciones, entendiendo que la ley es igual para todas las personas, y debe tratar a toda la ciudadanía, sin distinción de clase, categorías o credos, de manera justa y equitativa.

Cuando las autoridades policiales y judiciales no cumplen con el principio del debido proceso, se producen daños contra las personas de manera individual y de forma general contra el Estado. Estas conductas, en tanto que malas prácticas, empañan al gobierno central, quien como gerente general de las políticas públicas carga con el fardo de culpas de los policías y administradores de Justicia corruptos y extorsionadores que venden la justicia como carne por libra en los destacamentos policiales, donde también funciona el Ministerio Público.

Es muy penoso, además de aberrante, ver cómo en los destacamentos policiales de nuestro país se produce una alianza estratégica perversa entre jueces, fiscales y policías, convertidos en una tríada de injusticia, fabricantes de expedientes y de violación a los Derechos Humanos.

Estos estamentos donde se debiera proteger a las personas y hacer valer sus derechos impartiendo justicia diáfana; en cambio, son verdaderos laboratorios de querellas mostrencas fabricadas al gusto de los querellantes, según la conveniencia económica de los policías, con intermediación financiera de los fiscales y la última puja de los jueces.

En San Pedro de Macoris, Hato Mayor y El Seibo desde hace varias décadas se viene produciendo una extraña alianza entre diversos sectores estatales en contra de los derechos fundamentales de las personas, y de manera muy especial en violación al debido proceso en la administración de la justicia.

Familias poderosas y políticos inescrupulosos que han pasado por la administración del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) se han dado la tarea de invadir terrenos, elaborar actos fraudulentos de compra y venta, con los que les roban al Estado dominicano y también se adueñan de propiedades pertenecientes a familias pobres de la región Este del país.

Convertidos en una mafia organizada, venden propiedades más de tres veces, personas que compran 200 tareas de tierra les asignan 2000, realizan procesos de ventas sin pasar por la oficina técnica, dirección jurídica y mucho menos por la caja o tesorería de la institución.

En la mayoría de las provincias del país el pastel del poder suele ser repartido en reuniones de amigos, familiares y relacionados. Entre copas de vino y derroche de carnes asadas o guisadas, allí se conjugan: la hipocresía de gente presumida, analfabetos titulados, aprendiz de ricos, funcionarios que se venden al mejor postor, jueces y fiscales jugadores de dominó, guardias y policías al servicio de quien pague más, etc, etc, etc…

Entre los favores comprometidos y los intereses compartidos, todo queda entre unos cuantos ricos hacendados, funcionarios públicos, administradores de justicia y la fuerza militar o policial. Al momento de la toma de decisiones, solo basta una llamada de algún miembro de la cúspide del poder y toda queda entre amigos.

Según este libreto, en el guión de la película, los funcionarios públicos hace el papel de “lobbistas”, la policía local hace el de “Quasimodo”, el fiscal de “Frankenstein” y el Juez del Juzgado de Instrucción marca el “Sello de la Bestia”.

Con esta alianza de grandes poderes, en la gran mayoría de las provincias, se cometen un sin número de violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Estás distorsiones, cometidas a sombra del Estado, pueden “convertir” el malvado en bondadoso, el victimario en víctima, el invasor en propietario, el corrupto en impoluto y todo queda bajo un pernicioso manto de complicidad.

Actuando como si fuesen “La Liga de la Justicia” provincial, estos confederados despojan a humildes campesinos de sus tierras y le roban al Estado en propiedades y evasión de impuestos. En estas estratagemas, los partidos políticos son usados como trampolín para controlar las estructuras locales.

Cuando el poder y el dinero se unen por objetivos espurios, la justicia deja de ser ciega, equilibrada y transparente. Los resultados, como producto ordinario, de esa liga de serpientes, macos y cacatas, no pueden arrojar otra cosa que no sea la ignominia, injusticia y violación a los derechos fundamentales de las personas.

En cada escenario donde se juntan estos estamentos de poder nefasto; el debido proceso, los derechos fundamentales, la libertad de asociación, la transparencia judicial, el respeto policial por la dignidad de las personas, pasan a ser una simple quimera.

El presidente de la República, Luis Abinader; la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y la jefatura de la Policía Nacional debe activar el “botón de pánico” con relación a estos actos de franca violación a los derechos ciudadanos para así retornar la confianza de la población en estas instancias creadas para los fines de protección, seguridad, respeto y transparencia judicial. La ley empieza por casa y cuando los derechos son violados los pueblos tienden a conquistarlos por otras vías que posiblemente estén al margen de la propia ley.

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