Opinión

FMI: ¿Todo cambia?

Históricamente está demostrado que una drástica reducción del gasto público como expresión de una política fiscal contractiva constituye el camino más seguro hacia la caída del crecimiento económico, el aumento en la tasa de desempleo y de la reducción en los ingresos del Estado.

En el inicio de la segunda década del presente milenio Kenneth Rogoff se desempeñaba como Consejero Económico y director del Departamento de Estudios del FMI. Publicó un debatido artículo titulado “El FMI contraataca” (2003) en el cual defendía las políticas de ajuste diseñadas por la entidad.

En el citado texto se hacía alusión a la reducción del gasto público y recortes en el gasto social destinado a la salud, educación, vivienda y transporte, entre otras partidas presupuestales.

Rogoff escribió: “A lo largo de los años ninguna crítica dirigida contra el Fondo ha encerrado mayor carga emocional que la referida a la austeridad. Quienes lanzan diatribas contra la institución sostienen que en todos los países donde el Fondo se hace presente, las políticas macroeconómicas restrictivas que impone a los gobiernos invariablemente dan por tierra con las esperanzas y las aspiraciones del Pueblo”.

Pero diez años después el propio FMI sorprendió a los analistas económicos del mundo al reconocer que por más de tres décadas sus técnicos se habían equivocado al minimizar los efectos que generaba la reducción del gasto público en el desempeño productivo, comercial y financiero de una economía.

Al parecer los técnicos del Fondo subestimaron el incremento del desempleo y la caída en el consumo privado y la inversión asociados a la política de austeridad fiscal, llegando a una conclusión lógica, pero negada durante décadas: que cada país debe diseñar su ajuste fiscal no solo pensando en el corto plazo, sino con una estrategia más amplia..

Todo lo expresado salió a relucir ante el innegable fracaso de la política de austeridad adoptada por Bruselas, centro de la gobernanza de la Unión Europea, para hacer frente a la crisis económica conocida como la Gran Recesión (2008-2009).

Economistas y políticos europeos cuestionaron lo resultados de la política de austeridad fiscal concebida por la Comisión Europea Bruselas en coordinación con el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI, los cuales integran la llamada troika y que fueron responsables de diseñar y ejecutar las acciones públicas para enfrentar la crisis económica.

Por su parte, Peter Doyle, fue un economista del Consejo Ejecutivo del Fondo durante el desarrollo de la crisis económica. Al observar los instrumentos técnicos que aprobó la troika europea para enfrentar el impacto de la Gran Depresión en las actividades productivas, comerciales y financieras europeas, así como en la calidad de vida de la población, mostró su desacuerdo con los mismos presentando formal renuncia de sus funciones.

Al iniciarse el presente milenio la imagen pública del FMI estaba por el suelo.

Incluso se encontraba en serios aprietos financieros para cubrir sus gastos burocráticos. Se le juzgaba como un mecanismo monetario-financiero al servicio exclusivo de los acreedores externos, principalmente los de factura privada, pero con el advenimiento de la crisis financiera de 2008 encontró un escenario para renovar su debilitada credibilidad.

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