Desde la promulgación de la Ley núm. 358-05, hace ya 10 años, ha resultado de gran dificultad lograr que la población en general, así como todos los comercios, conozcan a cabalidad, apliquen y exijan los postulados, obligaciones y protección que esta ley establece.
Desde la Vicepresidencia estamos empeñados en concienciar sobre el por qué es tan importante que cada ciudadano y ciudadana comprenda las bondades de la misma, y que cada comercio en el territorio nacional respete las disposiciones que contiene.
En esa labor, hay que resaltar la encomiable dedicación de la actual Directora de PROCONSUMIDOR, doña Altagracia Paulino, quién ha demostrado ser una ferviente defensora de la prerrogativa de cada ciudadano dominicano de hacer valer sus derechos por un comercio justo.
Lo que está claro es que el derecho al consumidor está ligado íntimamente al derecho a la información, a una correcta elección y a una población que se siente respetada.
Una relación justa en el comercio se crea desde la información de la que dispone el usuario final de un producto o servicio para tomar una decisión correcta. Es por ello que la Constitución dominicana, en su artículo 53, plantea el derecho de toda persona a “una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma…”.
Lo que amenaza al comercio justo es la falta de información a la cual se somete al consumidor, lo que crea desconfianza en el comercio como tal y una relación hostil entre vendedor y comprador, no importa el lugar donde se encuentren.
La responsabilidad de los comercio de proveer informaciones precisas sobre el contenido de su producto, cómo fueron creados y quienes han estado involucrados en la cadena de producción, así como aspectos relativos a la caducidad, funcionamiento y preservación, busca asegurar que los productos en el mercado sean seguros y confiables, evitando daños económicos, físicos, psíquicos y sociales, para la población y para el país.
Este deber encuentra grandes trabas en las sociedades donde existe poco de la cultura de servicio y calidad que exige el mundo actual. Sin embargo, en un mundo globalizado, donde la información está disponible a un ‘click’ de distancia, los productores y comerciantes se equivocan al querer ocultar información precisa sobre los productos que venden.
Por ello, la Ley de protección al consumidor plantea el Derecho a la Información como piedra angular del objetivo que persigue esta legislación.
Es la forma en la que el Estado puede balancear el desequilibrio de conocimientos entre vendedor y comprador, ya que la información es justamente el principal instrumento con que cuentan los consumidores para hacer frente a las técnicas agresivas del comercio moderno, que incluye la perniciosa publicidad engañosa.
Un aspecto de protección de los derechos del consumidor sobre el cual debe llamarse la atención, es a la regulación del uso de la información compartida por los consumidores. En la actualidad, la tecnología ha permitido el desarrollo de herramientas que constantemente utilizan datos generados por los consumidores, con el propósito de beneficiar campañas publicitarias o de guiar, en cierta manera, la conducta del consumidor.
Este aspecto es parte integral de la promoción y educación sobre los derechos del consumidor, ya que lo importante es generar una relación de confianza entre consumidor y comerciante, de manera que ambos comprendan que un comercio justo es un beneficio para toda la sociedad.
Desde mis funciones como Sub-Consultora del Poder Ejecutivo, tuve a mi cargo la Presidencia de la Comisión Redactora del Código de Ordenamiento de Mercado, del que formó parte esta Ley de Protección al Consumidor y en la cual puse especial interés. Porque como Estado, y toda la sociedad, debemos prestar especial atención a las poblaciones vulnerables, cuyos conocimientos son más limitados, porque son quienes más propensos están a ser engañados en el comercio.
Por eso, ahora desde Progresando con Solidaridad, en alianza con PROCONSUMIDOR, nos hemos puesto como objetivo difundir los postulados de la legislación existente y crear conciencia sobre el ejercicio de los derechos del consumidor.
No me cabe la menor duda de que el derecho al consumidor es una de las columnas principales que sostiene el edificio de la igualdad social y del desarrollo económico con visión social.
