Julio Ortega Tous
Los países industrializados están cada vez más dando la espalda al multilateralismo comercial que representa la OMC. Los acuerdos multilaterales en el marco de la OMC están siendo reemplazados por mega-acuerdos regionales y sectoriales. Y esto se está haciendo en detrimento de los países emergentes y menos desarrollados.
La EE.UU. abrió el primer frente en 2010. Washington estaba harto de la resistencia de los países en desarrollo -entre ellos China, que le está alcanzando a un ritmo asombroso y ya es la primera potencia comercial del mundo – a una mayor liberalización en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por lo tanto, puso en marcha la Asociación Trans-Pacífico, por sus siglas inglés TPP (Trans Pacific Partenership). Hasta el momento hay 12 Estados de la región Asia-Pacífico que participan en las negociaciones sobre un acuerdo regional integral en los ámbitos del comercio y la inversión (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam).
Previamente, los Estados Unidos habían intentado a partir de 1994 en la llamada Conferencia de las Américas, instituir un mecanismo similar, y crear un mercado único continental desde Alaska a Tierra del Fuego, con el llamado ALCA, que fue definitivamente enterrado en la Cumbre de Mar del Plata en 2005. Los sustituyó por tratados de libre comercio bilaterales (Chile 2002; Centro América y República Dominicana 2004; Perú 2006; Panamá 2007 y Colombia 2012, precedido por el TLC con Canadá y México en 1992)
Aunque los textos de negociación siguen siendo secretos, se sabe que el TPP va más allá que la OMC en todas las áreas. Más específicamente, los aranceles sobre los productos industriales se reducirán a cero, los servicios, particularmente los servicios financieros -a condición de que no se incluyan expresamente en una «lista negativa»- y las inversiones deben ser liberalizadas.
Las inversiones están protegidas a través de un mecanismo de solución de controversias entre Estados-inversionista, al margen del Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC. Sólo se permite a los inversionistas emprender acciones legales, pero no al Estado en el que se realiza la inversión. También se está negociando el fortalecimiento de la protección de patentes, de tal forma que haría que el acceso a los medicamentos genéricos y semillas para la agricultura, aún más difíciles. Sólo en el caso de los medicamentos, las provisiones del TPP representará un incremento de los precios de US$1.5 billones (trillón en inglés o un millón de millones quinientos mil millones de dólares) que irán a parar al bolsillo de la farmacéuticas. Los medicamentos genéricos quedan prohibidos.
El TTP también está apuntando a los mercados y servicios que son controlados por empresas estatales, como electricidad, salud, educación, transportes, entre otros. Sorprendentemente, el acuerdo no contiene un capítulo específico sobre la agricultura, lo que hace que sea aún más difícil para los observadores poder medir el impacto potencial del TPP en esta área altamente sensible para la seguridad alimentaria.
En 2013, los EE.UU. y la Unión Europea -cuyo comercio bilateral junto representa alrededor de la mitad del comercio mundial- abrieron un nuevo frente: las negociaciones sobre el comercio y la inversión a través de la llamada Asociación de Comercio e Inversión Transatlántica (TTIP en inglés: Transatlantic Trade and Investment Partnership).
Debido a que los aranceles aduaneros entre los EE.UU. y la UE ya son muy bajos, la atención se centra en la armonización de diversas regulaciones. Amplios sectores de la opinión pública europea se oponen con vehemencia al TTIP por temor a que socavará los estándares sociales y ambientales, la protección del consumidor, todos los cuales se han desarrollado mucho más en la UE que en los EE.UU.
Frutas, vegetales y productos agrícolas genéticamente modificados, pollo tratado con cloro, la carne de vacuno tratada con hormonas, la reducción de los derechos laborales a niveles prevaleciente en los EE.UU., que ha ratificado sólo dos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -todos estos elementos son la base de la temores justificados en el lado europeo del Atlántico.
También en la discusión están los métodos peligrosos para el medio ambiente usados por los EE.UU. y en particular fracking de gas y petróleo de esquisto (fractura hidráulica subterránea). Pero la parte más controvertida del acuerdo se refiere a la protección de la inversión.
Al igual que con el TPP, el objetivo de los Estados Unidos apunta a que las diferencias relativas a inversiones sean resueltas por medio de órganos de arbitraje en gran medida no transparentes, y claro está al margen de los órganos de resolución de disputas mundiales establecidos en el marco de la OMC. Dada la oposición de la sociedad civil, sindicatos y movimientos ciudadanos de los distintos países, la UE ha puesto en marcha una consulta en línea y se suspendieron las negociaciones sobre este capítulo hasta que se hayan evaluado las 100,000 respuestas y propuestas recibidas.
Alemania, que se enfrenta a una demanda de € 3.7 billones (trillones en inglés) del gigante de la energía sueca Vattenfall sobre la decisión de abandonar la energía nuclear, lo convierte en un punto crítico. Por razones de técnica jurídica, la Comisión Europea rechazó la iniciativa del «Stop TTIP» alianza de acción para abrir el tratado para la discusión a través de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE).
Junto a estos mega-acuerdos regionales en las dos regiones más dinámicas del comercio mundial, el Pacífico y el Atlántico Norte, el trabajo también está avanzando en acuerdos plurilaterales por áreas específicas. El liderazgo en estos casos recae sobre todo entre los países industrializados. En 2012, unos 50 países, incluidos los EE.UU., los 28 países agrupados en la UE, Noruega, Suiza, Hong Kong, Israel, Canadá, Corea del Sur, Japón, el territorio chino de Taiwán, Australia y Nueva Zelanda, y algunos países en desarrollo cercanos de los Estados Unidos – Uruguay, Paraguay, Pakistán, Turquía, Perú, Panamá, México, Colombia y Costa Rica- iniciaron negociaciones para un acuerdo de servicios integral, el Acuerdo de Comercio en Servicios e Inversiones (TISA en sus siglas en inglés Trade in Services Agreement).
El TISA podría desregular sectores enteros de la economía y abrirlos a la privatización: cuenta con abrir y privatizar los servicios públicos –agua, electricidad, salud pública, educación, transporte aéreo y marítimo, carreteras, trenes, entre otros- los servicios financieros, las empresas propiedad del Estado, y compras gubernamentales. Para las ONG y los sindicatos de los países industrializados, esto también es una cuestión de salvaguardia de las normas sociales y ambientales existentes, la protección de los trabajadores, los consumidores y la privacidad.
¿Qué tienen todos estos acuerdos en común? Su objetivo es la más amplia privatización posible, la desregulación y la liberalización de la economía mundial. Pueden establecer nuevas normas que se aplicarán a todos los países -incluyendo los que no están siquiera participando en las negociaciones, o que posteriormente se adhieran al Acuerdo.
Estos mega-acuerdos constituyen un ataque apenas disimulado a China, la India, Brasil, Argentina, Rusia, Sudáfrica, y todos los países que, en el marco de la OMC, se oponen a la liberalización del comercio de bienes industriales, servicios, compras del sector público y las inversiones, y que están tercamente insistiendo en normas globales más justas en la agricultura. En definitiva, los flujos comerciales deben ser canalizados en una nueva dirección, en detrimento de los países emergentes en el Sur. Los países que sufrirán no son sólo los que tienen acuerdos comerciales con los EE.UU. y la UE. que los sufrirán directamente, aunque no estén participando en el TISA, como el caso de la República Dominicana y los países centroamericanos.
La industria textil de México, de Honduras, o de la República Dominicana, por ejemplo, que está obligada por los acuerdos de libre comercio con ambos bloques (DR-CAFTA y EPA), podría ser aplastada entre las industrias estadounidenses y europeas sí se aprueba la TTIP. Otro ejemplo es que en la actualidad la UE importa limones principalmente de Egipto, Marruecos y Sudáfrica. Con el TTIP, los EE.UU. podrán intensificar sus exportaciones de cítricos a la Unión Europea, haciendo un dumping de los productos africanos.
Los países más pobres también están en riesgo: según un estudio publicado recientemente, la reducción de las exportaciones de los Países Menos Adelantados (PMA) a la UE significaría una contracción del 3% de su producto interno bruto (PIB).
Esta estrategia no le importa la posibilidad de que los principales países emergentes no están participando en estas negociaciones – al menos por ahora. ¿De verificarse un gran avance con el TISA, los países industrializados podrían finalmente perder todo interés en la Ronda de Doha de la OMC, ya de por si languideciente.? Es casi seguro. Y los países emergentes y en desarrollo serían despojados de su más poderosa palanca para negociar mejores condiciones en el sector de la agricultura, que está en el marco de la OMC.
El TPP, el TIPP y el TISA son la culminación de los ataques de los países y las económicas industrializadas a la OMC, y a la insistencia de los países en desarrollo, que son la mayoría del mundo, con el liderazgo de Brasil, de la India, de China entre otros, en concluir la Ronda Doha de negociaciones multilaterales para el desarrollo.
La República Dominicana debe tomar postura ante este proceso de mega negociaciones regionales y por área globales al margen de la OMC. La conclusión del TIPP afectará directamente nuestro país a través de nuestra vinculación con los Estados Unidos a través del DR-CAFTA y con la Unión Europea a través del EPA. Los intereses de una economía en desarrollo, insular y vulnerable como la nuestra, es que las negociaciones internacionales retomen el camino de Ginebra, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y no la segmentación de acuerdos regionales que debilitan la capacidad de negociación de los países pobres y en desarrollo, y cuyos acuerdos nos afectarán directamente.
