Opinión

El reciente informe elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), de Washington, adolece de tres problemas fundamentales: es impreciso en sus datos; está sesgado en sus fuentes de información; y resulta políticamente tendencioso.

El informe parte de una interrogante, que es la de considerar si la República Dominicana se ha convertido en un sistema político de partido único. Esa interrogante, a su vez, tiene como premisa el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presuntamente, ha pasado a ser la fuerza dominante en las distintas ramas del poder del Estado.

Obviamente, insinuar la idea de la existencia de un partido único en la República Dominicana, transmite, de entrada, una sensación de que lo que prevalece en el país, desde el punto de vista político, es un modelo de carácter autoritario o totalitario, pues sólo en esos sistemas existen partidos únicos.

Sin embargo, nada más distante de la realidad. Para que pueda prevalecer un sistema o modelo de partido único, es indispensable que en forma legal no pueda haber otros; y claro está, ese no es el caso de la República Dominicana, en el cual desde el desmoronamiento de la dictadura de Trujillo, lo que ha predominado – y aún predomina – es un sistema político de carácter multipartidista.

Si el Partido de la Liberación Dominicana se ha convertido, en los últimos años, en la fuerza política preeminente en nuestro país, eso se ha debido, no a que se ha impuesto en forma autoritaria o dictatorial sobre otras organizaciones políticas, sino al hecho de que ha sido favorecida, de manera continua, con el respaldo de la mayoría de los electores en comicios considerados libres, plurales y democráticos.

Legitimidad democrática y construcción de mayoría

Pero eso no siempre ha sido así. Hace cuarenta años, en 1973, cuando Juan Bosch fundó al Partido de la Liberación Dominicana, este distaba, en mucho, de ser la fuerza política preponderante en nuestro país.

De hecho, cuando el partido morado participó por vez primera en un certamen electoral, en el 1978, sólo obtuvo 18 mil votos, lo que nada más representaba el uno por ciento del universo electoral. En aquel momento, dado ese exiguo respaldo electoral, diversos sectores de la vida pública nacional llegaron a pronosticar la extinción del Partido de la Liberación Dominicana.

Si no llegó a ocurrir así se debió a que cada cuatro años, desde 1982 hasta 1990, el PLD crecía, en términos electorales, casi en proporción geométrica.

En 1996, después de veintitrés años de haber sido fundado, llegó al poder por vez primera, con el respaldo del Partido Reformista Social Cristiano, y desde el poder fue ampliando su base de apoyo social.

Si en el 2000 no ganó las elecciones, no se debió, como erróneamente o de manera interesada se ha pretendido hacer creer, a que hizo una mala gestión de gobierno, sino, simplemente, a que no contó con el respaldo reformista, como había ocurrido cuatro años atrás.

Si el PLD retornó al gobierno en el 2004, con casi el 58 por ciento de los votos, la razón se encuentra en una combinación de factores. Primero, la pésima gestión de gobierno del PRD; y segundo, al hecho de que la administración peledeísta de 1996-2000, era la única referencia reciente de gestión gubernamental que podía constituirse en opción política electoral.

Pero antes de que ocurriera la hecatombe perredeísta, en los comicios del 2002, el partido blanco obtuvo 29 Senadores de 32; 73 Diputados de 151; y 104 Síndicos, de un total de 122. En otras palabras, en las elecciones congresionales y municipales del 2002, el PRD arrasó, convirtiéndose, en ese momento, en partido predominante.

Dado el carácter tendencioso del informe del CSIS, no sabemos si con esos resultados en favor del PRD, también habría formulado la interrogante de si la República Dominicana se estaba convirtiendo, en aquel momento, en un sistema de partido único.

El argumento habría sido consistente con su lógica actual, pues en esa ocasión, el PLD sólo obtuvo un Senador, 41 Diputados y 7 Síndicos.

La situación política, sin embargo, se invirtió en el 2006, en el 2008, en el 2010 y en el 2012, cuando el Partido de la Liberación Dominicana, con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano, ganó, en forma consecutiva, dos elecciones presidenciales y dos elecciones congresionales y municipales.

Pero esos triunfos del PLD no significan que haya un Estado de partido único en la República Dominicana, pues esos procesos electorales no se desarrollaron en forma abusiva o arbitraria, sino, por el contrario, como hemos dicho, de manera abierta y participativa.

Si algo prueban, pues, los recientes triunfos electorales del PLD, como los del PRD y el PRSC, a partir de 1978, es el carácter multipartidista, democrático y legítimo del sistema político dominicano, y no de partido único, como de manera equivocada ha insinuado el organismo académico norteamericano.

Estado de derecho y poder judicial

Pero si desacertada resultó la interpretación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con respecto al sistema político dominicano, mayor fue su desatino al considerar que “el PLD utilizó la reforma constitucional del 2010 con la finalidad de obtener control sobre lo judicial y el proceso de designación de los miembros del Ministerio Público.”

Es inconcebible que una organización del prestigio internacional del CSIS, haya podido cometer un desliz de semejante magnitud. Si su enviado hubiese hecho una mejor investigación de la realidad nacional, habría descubierto que antes de la reforma constitucional del 1994, todos los jueces de las distintas jurisdicciones del país eran designados por el Senado de la República; y que todos los miembros del Ministerio Público, esto es, fiscalizadores, fiscales, procuradores fiscales y Procurador General de la República, eran designados por el Presidente de la República.

La reforma del 1994 empezó por modificar eso, y la del 2010 la profundizó y perfeccionó. Como consecuencia de esas reformas, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un organismo colegiado, integrado por el Presidente de la República, los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, un Senador y un Diputado representativos de los partidos de oposición, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y otro juez de esa misma jurisdicción.

Es ese Consejo Nacional de la Magistratura el que tiene la facultad de designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral; y es a la Suprema Corte, a su vez, a la que le corresponde seleccionar a los jueces de cortes de apelación, de los juzgados de primera instancia, de instrucción y jueces de paz.

De conformidad con la Constitución de la República, una vez seleccionados, los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles; y la Ley de Carrera Judicial regula su ingreso, formación, ascenso, promoción, desvinculación y retiro, con arreglo a los principios de capacidad y profesionalidad.

Algo semejante ocurre con los integrantes del Ministerio Público, cuyos miembros también son de carrera e inamovibles, y escogidos por los integrantes del Consejo Superior del Ministerio Público, a partir de la reforma constitucional del 2010.

Al haber sido seleccionados los jueces de la Suprema Corte de Justicia en el 1997, éstos procedieron a designar a los magistrados de los demás tribunales del país, que al ser de carrera, resultan inamovibles, y, por consiguiente, han permanecido en sus cargos durante los últimos dieciséis años, no desde el 2010, como maliciosamente sugiere el CSIS.

Si como puede apreciarse, hace cerca de dieciséis años fueron designados los jueces de los distintos tribunales, y al Presidente de la República se le ha suprimido la facultad de designar a todos los miembros del Ministerio Público, como ocurría antes de la reforma constitucional del 2010, ¿de dónde surge, entonces, la descabellada idea de que por haber ganado, en forma consecutiva, tres elecciones presidenciales y dos legislativas, el Partido de la Liberación Dominicana controla el sistema judicial de la República Dominicana?

Eso sólo puede salir de una investigación poco profesional, sesgada y tendenciosa, que no está a la altura de las que tradicionalmente realiza una organización del prestigio del CSIS, y que es capaz de sostener, a pesar de todas las evidencias en contrario, que en la República Dominicana existe un Estado de partido único.

¡Qué barbaridad!

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