El consenso es la compuerta a la que deberán apelar empleadores y trabajadores para la necesaria reforma del Código de Trabajo.
Tras diferentes jornadas de trabajo que han involucrado a diversos sectores sociales, políticos y económicos de la nación, la advertencia del presidente Danilo Medina , en el sentido de que el proyecto de reforma a ser sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso deberá ser el resultado del consenso, despeja el camino hacia el esperado acuerdo entre las partes.
La Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo, creada por el Decreto 286-13, presentó el borrador preliminar del anteproyecto para revisión, evaluación y sugerencias de los distintos sectores de la sociedad dominicana.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, coordinador de la citada comisión, informó que el borrador está disponible en la página www.codigodetrabajo.do, de manera que cualquier institución o persona interesada en el tema pueda revisarlo y canalizar sus inquietudes a través de la Comisión Especial, como organismo receptor para la discusión de las diferentes propuestas.
«Estamos a la espera de que la Comisión Especial realice las discusiones programadas con los demás sectores, tanto empresarial como sindical, a fin de consensuar qué puntos integrarán la propuesta del anteproyecto final que será entregada al Presidente Medina”.
Y es cuando reitera la posición externada por el presidente Medina sobre el proyecto. “Una vez más, reitero que esta revisión y modificación al Código de Trabajo debe ser el producto de un consenso de las partes”.
El proceso de revisión de la pieza legal en su primera etapa conllevó una serie de consultas y jornadas de participación de los sectores involucrados y la ciudadanía en general, para lo cual se habilitaron varios medios, incluyendo consultas regionales en las zonas Norte, Sur, Este y el Distrito Nacional, reuniones con los representantes de los sectores laboral, empleador y otros sectores interesados que solicitaron ser escuchados.
De igual forma, se habilitaron medios para la recepción de sugerencias a través de una página web y un correo electrónico para tales fines.
Una vez concluidas las consultas, la Comisión se empleó por varios meses en el análisis y discusión de todas las propuestas presentadas, así como de las surgidas en el seno de la misma Comisión. Este proceso permitió redactar el anteproyecto preliminar de modificación del Código de Trabajo que fue presentado el jueves pasado a la consideración de todos los interesados.
La Comisión resaltó que los puntos aprobados a lo interno han sido por unanimidad o mayoría absoluta de todos sus integrantes, para lo cual se tomaron en cuenta los cambios producidos en el ordenamiento jurídico dominicano por la Constitución de la República, la Ley No. 87-01 sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social, convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por el Congreso Nacional y otros instrumentos legales.
Tal como ha sido enfatizado por el Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia y la Ministra de Trabajo, la propuesta a remitir al Congreso será de consenso entre todos los sectores, razón por la cual se hace público el borrador del ante proyecto de ley, para que pueda ser discutido ampliamente por todos aquellos que quieran hacer aportes.
En reporte especial y nota editorial, Vanguardia del Pueblo había señalado que el sector empleador, interesado en cambios puntuales en la actual legislación laboral que afectan las operaciones y la estabilidad de las empresas, estaba compelido a variar parte de sus propuestas que lesionan conquistas de los trabajadores consideradas, ampliamente respaldadas en el país, como por la Organización Internacional del Trabajo.
Días después se pronunció el presidente Medina con su apelación al consenso como única vía de solución, pronunciamiento acogido 24 horas después por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y por los representantes del sector sindical.
La Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo está integrada por los abogados Joaquín Luciano, José Darío Suárez y Marisol Vicens Bello, así como los economistas Jefrey Lizardo, Manuel Adriano Jiménez y José Manuel Vicente.
