Opinión

La política fiscal es la forma en que los gobiernos concretizan los presupuestos del Estado y por tanto las políticas de desarrollo o bienestar de los países. En nuestro país se ha generalizado una creencia de que la política fiscal debe ser estática. Que una buena política fiscal no cambia. Que el gobierno es “voraz” porque vive haciendo reformas fiscales. Que se requieren “reglas claras” para atraer inversión y que solo se pueden lograr esas “reglas claras” haciendo mínima la recaudación tributaria y dejando las políticas fiscales estáticas. Esa es la herencia del neoliberalismo que tanto daño ha hecho.

Es como pensar que la política monetaria que hace la Autoridad Monetaria debe ser estática y nunca cambiar. Todo el mundo sabe que para lograr las metas de las autoridades monetarias, es decir, la estabilidad de precios y el crecimiento económico, la política monetaria debe adaptarse permanentemente a los vaivenes de los factores globales que la determinan. Es como un rio que se adapta a la cantidad de agua, reduce su cauce, se desborda, y se adapta a las condiciones meteorológicas y ambientales que le afectan.

De la misma forma, la política fiscal debe ir adaptándose a una meta permanente: mantener un presupuesto equilibrado, o con la menor cantidad de déficits, y promover el crecimiento, el bienestar colectivo, la racionalidad administrativa, la distribución de la renta y estabilidad macroeconómica. Podría argumentarse ¡Pero son demasiados objetivos! Pero es que esa es la labor de los gobiernos responsables que promueven la equidad y el bienestar de sus ciudadanos. Por eso la política fiscal, que procura tener un impacto anual positivo en el gasto y el presupuesto, tiene que adaptarse constantemente a las condiciones económicas del país, del entorno internacional y de las metas buscadas, en primer lugar promover la repartición de la renta vía el gasto público, reduciendo al mínimo las diferencias entre ricos y pobres.

Pongamos por ejemplo las políticas expansivas contra ciclos de estancamiento y depresión de la economía. Las llamadas políticas anticíclicas. Solamente el gobierno tiene los instrumentos para adoptar políticas coyunturales, a las cuales ayuda la política monetaria, tendentes a frenar los efectos recesivos de un shock externo –digamos de petróleo en el caso dominicano o de importaciones de alimentos, como ha sucedido en años recientes-; una crisis interna o internacional de tipo financiera o un descalce súbito de los ingresos del Estado y los gastos básicos que deben ser financiados.

Por otra parte hay periodos de recalentamiento de la economía, que pueden causar inflación y desestabilización global. En esos contextos, el rol de Estado es servir para amortiguar dichas tendencias adoptando políticas de freno y disciplina en el gasto junto con una política monetaria restrictiva. Si ambas no van de la mano, todo el esquema de estabilidad macroeconómica se cae.

Por ello los reclamos permanentes de los medios de comunicación o de los representantes empresariales de “reglas claras” y contra la llamada “voracidad fiscal” no se corresponden con las acciones que debe adoptar un gobierno responsable. Nuestro país tiene un record bien difícil de superar de ser uno de los países de América Latina y El Caribe con una de las más bajas presiones fiscales. Es decir, la cantidad de recursos que aportan sus ciudadanos es un de las más bajas del continente, a la vez que se les exige al Estado, al gobierno central, a los órganos descentralizados, a los ayuntamientos, y demás entidades estatales, obras y resultados que es solamente posible alcanzar con los recursos que tiene a su disposición.

Existe una relación axiomática entre nivel de presión fiscal y nivel de desarrollo y bienestar de la población. Los países de América Latina con mayor presión fiscal son Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. A la vez son los más avanzados socialmente, donde hay una red mayor de protección y seguridad, y de inversión pública para el desarrollo. El promedio de la presión fiscal de estos cuatro países es del 30% del PIB, siendo Brasil la más elevada y Chile la más baja dentro de ese rango. Igualmente, los países menos avanzados, mas pobres y con menos instituciones son aquellos con bajas presiones fiscales, como Guatemala, México, Honduras, Haití y República Dominicana. Ninguno alcanza una presión fiscal superior al 15% del PIB, la mitad de los más avanzados. En el caso de los países europeos, aquellos con presión fiscal más elevada, como los países nórdicos –Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca-, son lo que tienen más estabilidad y más desarrollo social y económico. La presión fiscal tampoco puede ser de tal magnitud que desincentive el emprendurismo y ahogue la iniciativa de la población y las empresas. Niveles de presión fiscal irracionales, como el 75% de ISR máximo en Francia sobre rentas sobre un millón de euros, son simplemente confiscatorios y quiebran la iniciativa de la sociedad. Pero una presión fiscal ridícula de 14% del PIB -como es el caso de RD- impide a un gobierno hacer frente a sus compromisos y a la vez hacer una política social eficiente.

Por eso decimos que el gobierno dominicano tiene que fijarse una meta de alcanzar una presión fiscal de 25% del PIB. ¿Para alcanzar esa meta hay que esperar un década más? Creemos que no. Pensamos que agregar dos puntos porcentuales por año a la presión fiscal, haciendo progresivo el sistema, es decir que paguen más los que más tienen, pero que pague todo el mundo, en cinco años se puede alcanzar la meta, ¿Cómo? En primer lugar el Estado tiene vigentes exoneraciones fiscales por casi un 6% del PIB a distintas actividades económicas. Siendo realista, se puede recortar ese nivel a sólo un 2%, recuperando un 4% del PIB en presión. Ya nos faltaría solo 7% más. El IVA o ITBIS como le llamamos aquí es la otra fuente. No hay que subir la tasa. Incluso podría pensarse en bajarla, digamos a un 15 o 16%, pero generalizarla a la mayor cantidad de actividades exentas. Menos tasa por más sectores gravados. Por ese lado se puede lograr subir la presión, con mejora de la administración, en un 3 a 4% del PIB. Y solo nos faltaría 3%. Medidas administrativas, mejoría de algunos impuestos como el impuesto de circulación y reducción drástica de algunos subsidios pueden completar la meta, en particular el subsidio a las empresas generadoras de electricidad –que se llevan casi un 1.5% del PIB- que esquilman al Estado, y terminación de la recapitalización del Banco Central, que se está llevando más de un 1% del PIB pueden completar la estrategia. Todas estas medidas, combinadas con otras, como el impuesto a las habitaciones hoteleras que se ve como un espantapájaros, nos permitirán en 5 años lograr llevar la presión fiscal a un promedio de 25% del PIB. Así se podrá hacer una política social que abarque toda la población, UNIVERSALIZAR y SOCIALIZAR la seguridad social vía las entidades del Estado para ello, como una pensión básica para todos los dominicanos, un seguro de salud universalizado para todos vía el Seguro Nacional de Salud (SENASA), aportando el gobierno los recursos necesarios, y continuar el excelente programa de tanda extendida de la educación pública, e incluir la educación privada, regular los precios excesivos de la educación privada, lanzar un programa de generalización de los institutos técnicos comunitarios, y transformar las extensiones de la UASD en ITC, poner en marcha un programa de excelencia académica en las universidades públicas y en las privadas, y mejorar servicios como el transporte –mas metro e inicio de plan de trenes a nivel nacional-, la electricidad, la seguridad y la justicia, estaremos creando las bases para un sociedad justa en lo social, y competitiva en lo económico.

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