Opinión

La seguridad vial como un componente fundamental de las políticas públicas de Estado conlleva fortalecer la relación Estado-sociedad-gobiernos municipales, siendo la clave del éxito de cualquier administración reinsertar todos los sectores sociales y productivos al fin común de proteger la vida, la salud, el medioambiente, la economía y las propiedades implicadas en la movilidad humana.

Este precisamente fue mi argumento en una discusión amistosa en la ciudad de Panamá, previo a la entrega de Premios de seguridad vial en las Américas, que auspicia anualmente la Federación Internacional de Automovilismo.

A “FIA Américas Awards” fuimos el pasado 18 de enero en representación de FundaReD a retirar un galardón otorgado por su destacada labor como promotora de la Seguridad Vial en la República Dominicana.

Me sorprendió oír la expresión de que la “Seguridad Vial no deja votos”, que siempre me ha parecido una forma de tratar de justificar la indiferencia de los políticos, en sentido general, en cuanto a ese tema.

La persona que externó tal barbarie era un ex diputado de Panamá.

Ya antes habíamos oído lo mismo de un latinoamericano en Madrid; otra persona, en un congreso en Chile, con cierta ingenuidad y desconocimiento del asunto dijo exactamente la misma frase, y hasta un actual diputado dominicano repitió en una ocasión tan infausta reflexión, agregando que tampoco dejaba dinero.

En nuestro último estudio sobre los costos económicos y sociales en los accidentes de tránsito, publicado en Vanguardia del Pueblo, basado en datos de las agencias nacionales, se indica otra realidad muy diferente.

La República Dominicana deja de producir riqueza por las víctimas que dejan los siniestros viales, lo que se traduce en un gasto para el Estado de aproximadamente 17 millones de pesos por cada uno.

Las 15 mil ó 20 mil familias afectadas cada año por las tragedias en las vías públicas, representan una deuda social que se acumula de forma vertiginosa.

Los recursos gastados en salud, sepelios, asistencia a los involucrados, tanto de rescate, pre y post-hospitalario, daños medioambientales, así como en recuperación de bienes materiales, podrían utilizarse en planes de desarrollo colectivo, fomento de la creatividad en los ciudadanos y avances en las tecnologías.

Esas son las razones por las que los países avanzados multiplican sus esfuerzos para reducir las siniestralidades viales.

Nunca cambiaremos de pensamiento si nos aferramos al criterio de que la seguridad vial no deja votos ni deja dinero. Ni una cosa ni la otra. Sí deja votos y sí deja dinero.

Pero, lo mejor y más satisfactorio es que se salvan vidas y se protege a la sociedad y al ambiente. Se fortalece la familia y las comunidades con el trabajo sistemático, mancomunado y planificado para prevenir mortandades en las vías públicas.

Si la seguridad vial se toma como simples registros para contar y convertir las víctimas en números, no tiene sentido y, en ese caso, si tendrían razón porque la inseguridad en las vías públicas es producto de deficientes políticas gubernamentales en el tráfico.

Si se valoraran los registros para determinar los indicadores de siniestralidad viaria, comprendiéndose que sirven para tomar decisiones de alto nivel, esas expresiones tan repetitivas hasta creerse, no tendrían cabida.

Lo cierto es que cuando se pierde la perspectiva y el interés de conocer la verdad, se piensa como aquellos que dicen que ni votos ni dinero.

Sucede todo lo contrario cuando la seguridad vial se toma como un elemento integrador del desarrollo de los pueblos; cuando se promueve como un componente para fortalecer la relación Estado-Sociedad; entonces, la seguridad vial satisface a la población; cuida la economía nacional y familiar; protege el medio circundante de las emisiones de los gases y sustancias indeseables emanadas de los vehículos.

Los hacedores de las leyes, los partidos políticos y los planificadores de las políticas deben entender que la seguridad vial no es un cuco. En cambio, la Inseguridad vial es un freno del desarrollo que aumenta la brecha de la pobreza.

El pensamiento político

En Latinoamérica desde el 1998 se evidencia un cambio en el pensamiento de algunos gobernantes. Por ejemplo, ese año en Brasil, la seguridad en la circulación tomó un nuevo giro con el presidente de entonces, Fernando Henrique Cardoso, quien emprendió por primera vez una persistente campaña denominada “Paz en el Tráfico”.

El proceso de comprensión en el Nuevo Mundo ha sido muy lento, ya que pocos países aplican buenas políticas de Estado en este sentido.

Podemos citar sin temor a equivocarnos algunos jefes de Estado y de Gobierno que terminaron su gestión con grandes aportes, improntas y prestigio.

Son aquellos que al final de sus mandatos fueron despedidos con buenos resultados en sus rankings de aceptación y preferencia:

Oscar Arias Sánchez en Costa Rica; Los Kirchner en Argentina; Michelle Bachelet en Chile. Fernando Lugo dio algunas señales positivas en Paraguay, pero en especial su antecesor, Tabaré Vázquez; también José Mujica en Uruguay, se consideran ejemplos de popularidad por sus gestiones que incluyeron políticas valientes de seguridad vial.

Europa exhibe gobiernos que enfrentan la inseguridad viaria con éxito al implementar planes efectivos conforme a las recomendaciones de la Comisión de la Unión Europea.

España se ha convertido en un paradigma mundial al alcanzar las metas trazadas por la región, siendo José Luis Rodríguez Zapatero el protagonista principal.

Colombia y Cuba hoy día se en caminan hacia la reflexión profunda en cuanto a este tema, al tiempo que realizan transformaciones innegables.

En todo caso, la seguridad vial asumida por los gobiernos como debe ser, significa un acto de responsabilidad en toda su magnitud, que la población valora en su justa dimensión.

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