Opinión

Si hay una organización política abanderada de la defensa y protección de los recursos naturales, ese es el Partido de la Liberación Dominicana, cuyos gobiernos han tomado las decisiones de mayor trascendencia para el medio ambiente. Fue en el primer Gobierno del PLD, cuando se formuló, consensuó y aprobó en el Congreso Nacional la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que consolidó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP- y ha realizado el más grande e histórico plan de rescate de espacios públicos, como los humedales del Ozama, y creado más de 40 parques ecológicos.

Del partido morado surgió la idea del Plan Nacional Quisqueya Verde, vigente desde el primero y a lo largo de los gobiernos del PLD, resultando en gran aumento de la cobertura vegetal y boscosa. En el 2010, incorporó a la nueva Constitución la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

Todos sabemos que en cualquier país del mundo los recursos naturales constituyen la base del desarrollo. Sea en la agricultura y ganadería, en la pesca, en la energía, en el transporte, en la sanidad ambiental, en el deporte, en el turismo, en la vivienda y en las actividades industriales, los recursos naturales son esenciales en la planificación y desarrollo de todo proyecto público o privado.

La preocupación entonces, no es si utilizar o no los recursos naturales, especialmente si son renovables, sino dónde, cómo, cuándo, cuánto y para qué utilizarlos. Es en la toma de estas decisiones donde aflora, la preocupación de los ambientalistas, ciudadanos y organizaciones que se mantienen vigilantes para impedir o disminuir las agresiones, a veces brutales, sobre dichos recursos. Y es precisamente aquí donde el Estado y sus instituciones deben mostrar su fortaleza haciendo cumplir la ley.

En el caso específico de la carretera Cibao-Sur, en la agenda del actual gobierno del PLD por ser un reclamo de cibaeños y sureños para acortar distancia en beneficio de la competitividad, el comercio y el turismo, simpatizamos y respaldamos la idea, siempre y cuando se tomen las medidas pertinentes para convertirla en una solución al problema de vigilancia y conservación de la cadena montañosa, cuencas hidrográficas y áreas protegidas de la Cordillera Central que habrá de atravesar.

En tal sentido, sugerimos que una vez definido el trazado y realizada la licitación de los diferentes tramos, no se permita un paso más hasta tanto las empresas constructoras escogidas hayan elaborado los respectivos estudios de impacto ambiental (EIA) de acuerdo con los términos de referencia (TR), y el Ministerio de Medio Ambiente evaluado dichos estudios, habiendo otorgado los permisos o licencias que fijan las condiciones y establecen el programa de manejo y adecuación ambientales a cumplirse. Pasos todos que pueden ser agilizados, dado al interés gubernamental, sin festinarlos.

Debido al gran esplendor e importancia ambiental del trayecto, recomendamos que la nueva vía sea declarada CARRETERA ECOTURISTICA CIBAO-SUR y que su diseño se ajuste a dicha categorización, para lo cual, de no existir, debe elaborarse el REGLAMENTO correspondiente, estableciendo -quizá por primera vez en nuestro país- el ordenamiento territorial de su área de influencia, donde queden establecidos los espacios que se permitirán desarrollar, ya sea como miradores, áreas de picnic, áreas de servicios, áreas de restaurantes y hoteles, casetas de vigilancia ambiental, destacamentos de seguridad, etc.

Contrario a lo que algunos piensan, establecidas y hechas respetar las normas de uso de un sistema vial a través de la Cordillera Central, se hace más factible la protección de los parques nacionales, así como las cuencas hidrográficas y los ríos que nacen en ellas, impidiendo la depredación inmisericorde a que han estado sometidos, precisamente por la falta de vigilancia y abandono en que actualmente se encuentran.

Semejante proyecto, con las indicadas premisas, puede ser acometido por el Gobierno sin miedo a los enemigos del progreso, porque si hay una organización política en la República Dominicana abanderada de la defensa y protección de los recursos naturales, ese es el Partido de la Liberación Dominicana, cuyos gobiernos han tomado las decisiones de mayor trascendencia en relación a los mismos.

La sociedad recordará que fue en los años 1999 y 2000, durante el primer Gobierno del PLD, cuando se formuló, consensuó y aprobó en el Congreso Nacional la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la cual se produjo la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana (SINAP).

Fue en el seno del partido morado que surgió la idea del Plan Nacional Quisqueya Verde, vigente desde el primero y a todo lo largo de los gobiernos del PLD, dando como resultado un gran aumento de la cobertura vegetal y boscosa en nuestro país. Exitosa experiencia que le fue ofrecida como apoyo al gobierno haitiano por el doctor Leonel Fernández y más recientemente ratificada por el Presidente Danilo Medina al Presidente Michel Martelly.

A partir del año 2008, en los gobiernos del PLD se han creado decenas de nuevas unidades de conservación, convirtiendo el SINAP en el principal instrumento de conservación de la rica y variada biodiversidad dominicana. De igual manera, a partir de ese año, se ha realizado el más grande e histórico plan de rescate de espacios públicos, que ha permitido crear más de 40 parques ecológicos, todos los cuales tienen un extraordinario valor para la conservación de la biodiversidad, el sano esparcimiento y la recreación. Basta señalar, como ejemplo contundente, la recuperación de los humedales del río Ozama, valiosos y hermosísimos ecosistemas que hoy día la sociedad dominicana y especialmente los habitantes del gran Santo Domingo pueden disfrutar, como resultado de la valiente decisión y acción del entonces ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal.

Vale recordar también, que antes de la Ley 64-00 se creó el Instituto Nacional de Protección Ambiental (INPRA), que luego quedó absorbido por el Ministerio de Medio Ambiente, pero que deja claro el interés por instalar, un verdadero sistema de gestión ambiental en el país, cuando no había nada, para solo mencionar algunas medidas de gran impacto tomadas por el PLD a favor de la conservación de nuestros recursos naturales.

Por último, especialmente para los de corta memoria, permítanme recordarles, que fue tan reciente como en 2010, que por primera vez se le dio rango constitucional a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, incorporándole a la nueva Constitución un amplio contenido ambiental.

Puede alguien darle lecciones de conservación y preservación de los recursos naturales al PLD? No lo creo.