Cada vez son más comunes y estrictos los requisitos ambientales a nivel mundial, lo cual responde a múltiples factores, que van desde cambios en las preferencias del consumidor, los inocultables impactos negativos causados por las distintas actividades humanas, intereses particulares de los países desarrollados, entre otros.
Para los países en desarrollo, que tienen una importante limitación de recursos económicos, aún para atender las necesidades sociales de mayor urgencia, el tema ambiental dentro de las negociaciones comerciales se convierte en un dolor de cabeza, pero no les queda otra opción que aceptar los criterios bajo los cuales son impuestos, ya que regularmente no participan en la toma de decisiones, y cuando lo hacen no cuentan con el apoyo suficiente para que se les reconozcan sus posiciones.
En el año 2004 el país firmó el llamado Trato de Libre Comercio, conocido como DR-CAFTA, que involucra a los países centroamericanos y Estados Unidos, el cual tiene objetivos comerciales, pero condicionado al cumplimiento de un conjunto de criterios ambientales, entre ellos: a) que los países firmantes tienen que cumplir con su legislación ambiental vigente que afecten el comercio entre las Partes y con el fortalecimiento de las instituciones responsables de velar por la aplicación de las leyes, b) monitorear y garantizar que se cumplan estas leyes, c) Garantizar que las leyes ambientales existentes no se reduzcan en penas ni sanciones; no se vuelvan más relajadas ni se ofrezca debilitarlas de ninguna forma, con el ánimo de atraer inversiones en el marco del CAFTA, y otros.
En un trabajo realizado por la USAID en Honduras, sobre el Tratado, señala la razón de la inclusión del tema ambiental en el mismo, cito: Debido a que las empresas en Estados Unidos están sometidas a mayores regulaciones ambientales en sus procesos de producción, los empresarios estadounidenses pidieron que las empresas centroamericanas también cumplieran con un mínimo de requerimientos para lograr una equiparación en los costos. Esto es lo que motivó el Capítulo 17 (Ambiental) del Tratado.
No caben dudas de que el componente ambiental dentro del Tratado se levanta como el adversario para poder alcanzar los beneficios que está llamado a aportar el DR-CAFTA al país y a Centroamérica. Es verdad que este Tratado de Libre Comercio brinda oportunidades de beneficios a los países involucrados, pero también consecuencias negativas cuando no se asumen los compromisos ambientales previstos en él. Por razones ambientales se contempla el rechazo de productos en las aduanas, pago de multas por cada caso individual de incumplimiento demostrado, suspensión de beneficios arancelarios si no se pagan las multas, etc.
La República Dominicana y el resto de los países que integran este Tratado no están en condiciones ambientales de competir con los Estados Unidos en este tema. La mayoría de las legislaciones y normas establecidas en nuestros países responden a los estándares fijados por los norteamericanos, y eso se debe a que durante muchos años esa sociedad ha estado implementando políticas ambientales, mientras que las de la región son relativamente recientes.
Si hiciéramos una revisión y un análisis comparativo de las condiciones ambientales bajo las cuales operan las industrias nacionales y las norteamericanas, inmediatamente identificaríamos las desventajas, insalvables en el corto o mediano plazo, que en materia ambiental tenemos con los norteamericano. Está el caso del sector cementero, que será uno de los bienes que ingresarán sin pago de aranceles en 2015, y que por los recursos económicos que mueve seguramente será uno de los que despierte mayor interés de los países miembros.
Tenemos seis fábricas de cemento, que generan miles de empleos directos e indirectos y contribuciones importantes en pago de impuestos y apoyo a las comunidades, que todavía hacen esfuerzos por ajustar sus procesos a las normativas ambientales nacionales, tanto en las actividades de extracción de sus materias primas, como en las plantas de proceso y en la generación eléctrica; que a veces esa producción de energía eléctrica ocurre usando combustibles con impactos negativos relevantes.
Todos los insumos de un proceso de producción de un bien contemplado dentro del Tratado tienen que acogerse a las disposiciones ambientales que están contenidas en él, es decir, que hay una especie de efecto cascada. El DR-CAFTA genera una competencia por los mercados, incluso entre los productos de un mismo bien dentro de un país, y el Tratado ofrece la oportunidad de hacer cualquier denuncia a actores nacionales o internacionales cuando entiendan que existen incumplimientos en términos ambientales.
El anuncio de que el próximo año, a través del Tratado, sin el pago de aranceles, podrán ingresar al país nuevos bienes, necesariamente tiene que provocar una movilización de toda la sociedad dominicana, porque es ella la que se beneficiará o perjudicará, de los resultados que se obtengan. En esa tarea de vincular a los distintos sectores nacionales es conveniente que esté al frente el propio Presidente de la República, compañero Danilo Medina, por el gran reto que implica recurrir a las mejores capacidades nacionales, sean estas del sector público o del privado, a las organizaciones empresariales, a las universidades y a los profesionales que conozcan del tema y quieran sumarse a la implementación de una estrategia que nos permita como país estar bien preparado para el 2015, en procura de alcanzar los mayores beneficios posibles o al menos no perder.