Hablan los hechos

Colombia es un país que ha estado en guerra desde el momento mismo de su nacimiento como nación independiente hasta nuestros días, con apenas un interludio de cierta tranquilidad que tan sólo abarcó las primeras cuatro décadas del siglo pasado.

El conflicto actual que afecta a esta nación, el más prolongado en toda la historia de Latinoamérica, data de mediados del siglo XX y es una consecuencia directa de los enfrentamientos entre liberales y conservadores, que durante décadas se repartieron el poder en esos territorios, al que ni las bombas le han podido arrebatar el título de segundo de mayor biodiversidad en América después de Brasil.

betancur

Esos enfrentamientos alcanzaron niveles máximos en 1948 a consecuencia del asesinato en Bogotá del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el cual provocó un levantamiento popular en la capital que fue aplastado a sangre y fuego por las fuerzas del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez.

El levantamiento, que se conoce en la historia de Colombia como el Bogotazo, aunque la violencia se extendió rápidamente por todo el país, marcó el inicio de una etapa caracterizada por la persecución abierta de todo el movimiento de oposición, que terminó organizando grupos de autodefensa en distintos lugares del país.

Además de las guerrillas liberales se conformaron también grupos armados afines al gobierno conservador y otros integrados por militantes y simpatizantes del Partido Comunista.

Aunque liberales y conservadores terminaron poniéndose de acuerdo para la conformación del denominado Frente Nacional, un pacto político mediante el cual ambos partidos se alternaron el cargo de Presidente de la República y se repartieron en partes iguales los escaños en el Congreso y demás puestos públicos, fue durante este período de enfrentamiento bipartidista, bautizado por los historiadores colombianos como de “la violencia”, donde se crearon las condiciones para la aparición, en los años subsiguientes, de numerosos grupos guerrilleros de orientación izquierdista.

Además, el triunfo de la revolución cubana, la propagación las ideas foquistas por toda América Latina, así como la dinámica misma de la Guerra Fría fueron factores que estimularon la aparición de grupos armados como el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC), Ejército Revolucionario de Colombia (ERC), Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), el Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento 19 de Abril (M19), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC –EP), Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros.

Muchos de los grupos armados fracasaron en su enfrentamiento con el ejército y otros se incorporaron a la actividad política legal fruto de negociaciones con el gobierno. Actualmente permanecen activos las FARC-EP, el ELN y el EPL, estos dos últimos muy disminuidos ya.

Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el conflicto armado colombiano ha dejado, desde sus inicios hasta el 2012, un saldo de 220,000 muertos, más de 25,000 desaparecidos, 5,7 millones de desplazados y 30,000 secuestrados.

Los esfuerzos de paz

Si larga ha sido la guerra en Colombia, numerosas han sido también las iniciativas para lograr una solución negociada al conflicto. Desde el general Gustavo Rojas Pinilla, quien arribó al poder en 1953 producto de un golpe de estado contra el presidente conservador Laureano Gómez, quien se había impuesto tres años antes en unas elecciones en las que la oposición liberal se negó a participar al no existir condiciones para ello por la represión, hasta la fecha, se intenta lograr la desmovilización de los grupos armados.

En octubre de 1953 el General Rojas Pinilla expidió un decreto para indultar a los miembros de las guerrillas liberales de los llanos orientales lideradas por Guadalupe Salcedo. Los llaneros se desmovilizaron, pero muchos de ellos fueron asesinados, entre ellos el propio Guadalupe Salcedo.
Un esfuerzo serio por lograr una salida negociada al conflicto armado fue el realizado por el gobierno de Belisario Betancur entre 1982 y 1986. Tras reconocer como actor político a los grupos armados, lo que supuso un cambio radical en el enfoque del gobierno, abrió las puertas a una discusión con la insurgencia con miras a una eventual participación de la misma en un sistema político reformado.

Betancur pactó un cese al fuego con la guerrilla y la apertura de mesas de discusión sobre los grandes problemas del país, entre ellos la cuestión agraria, las reformas políticas, derechos humanos, justicia, etc.

En 1984 y 1985 se firmaron acuerdos con las FARC, el M-19 y el EPL. Bajo el amparo de estos acuerdos se conformó, en 1985, la Unión Patriótica, un grupo político conformado por los frentes guerrilleros desmovilizados para la participación legal en la política colombiana. Sin embargo, los miembros de la UP fueron sometidos a operaciones de exterminio por parte de los grupos paramilitares, las fuerzas de seguridad del gobierno y las bandas de narcotraficantes, con lo cual se asestó un duro golpe al proceso de paz.

Betancur fue sustituido en 1986 por Virgilio Barco, quien produjo un cambio de enfoque en la política de negociación con los grupos armados, pues sólo se mostraba dispuesto a pactar el abandono de las armas y la posterior incorporación a la vida política legal de los insurgentes, sin incluir otros temas. Esta filosofía, que se resumía en el lema “mano tendida; pulso firme”, la hizo suya, además, el gobierno de César Gaviria.

Entre 1990 y 1991 se firmaron acuerdos con los grupos guerrilleros M-19, EPL y el Movimiento Armado Quintín Lame, los cuales tuvieron como marco jurídico una ley y un decreto aprobados por el gobierno de Barco en 1989. Mediante esos acuerdos los mencionados grupos aceptaron entregar las armas e incorporarse a la vida política legal.

Sin embargo, muchos de los integrantes de los grupos desmovilizados fueron asesinados, entre ellos Carlos Pizarro, el líder máximo del M-19 y candidato presidencial de la Alianza Democrática, la organización creada por el grupo armado para su participación legal en la política colombiana.

Otro esfuerzo importante para lograr un entendimiento con la guerrilla fue el realizado por el presidente Andrés Pastrana, quien dispuso la creación de una zona de distensión de 42 mil kilómetros cuadrados, casi el tamaño de la República Dominicana, para que sirviera de sede de las negociaciones con las FARC. También se reconoció como actor político al grupo insurgente y se suspendieron las órdenes de captura contra los jefes guerrilleros designados como voceros.

Doce fueron los temas alrededor de los cuales se organizaron las discusiones, las cuales se llevaron a cabo en medio de fuertes confrontaciones. En esta ocasión las FARC utilizaron las conversaciones de paz como un recurso al servicio de la guerra. En febrero de 2002 quedó formalmente interrumpido el diálogo.

El nuevo intento del presidente Santos

El 4 de septiembre de 2012 el presidente Juan Manuel Santos anunció formalmente al país que su gobierno estaba llevando a cabo negociaciones con las FARC en Cuba. Cuando se dio a conocer la noticia, gobierno y guerrilla llevaban ya seis meses de contactos informales intensos, que permitieron arribar a un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera y estable”.

Dicho acuerdo definió la hoja de ruta de las pláticas: 1) Conversaciones exploratorias secretas que servirían para reafirmar la voluntad de lograr un entendimiento por la vía de las negociaciones y definir la metodología a seguir para el acercamiento de posiciones; 2) discusión de los temas específicos que conducirían al establecimiento de los puntos concretos de un eventual acuerdo de paz, y 3) implementación de lo pactado.

Los temas de discusión en la segunda etapa son: 1) desarrollo rural integral; 2) participación política; 3) solución al problema de las drogas ilícitas; 4) fin del conflicto; 5) derechos de las víctimas, y 6) implementación, verificación y refrendación.
Como países garantes del diálogo fueron escogidos Cuba y Noruega, mientras que como acompañantes figuran Venezuela y Chile.

La delegación del gobierno está encabezada por el ex vicepresidente Humberto de la Calle e integrada por Sergio Jaramillo, el ex comisionado de paz Frank Pearl, el empresario Carlos Villegas, el consejero presidencial Alejandro Eder, el ex director del periódico El Tiempo y hermano del presidente Henrique Santos, así como los generales de la policía y el ejército Oscar Naranjo y Enrique Mora Rangel, respectivamente, entre otros.

Por su parte, la comisión negociadora de las FARC la encabeza alias Iván Márquez, y la integran Jesús Santrich, Rodrigo Granda (excarcelado por el gobierno de Álvaro Uribe), Simón Trinidad, Andrés Paris (ideólogo de la guerrilla que participó en las conversaciones con el gobierno de Pastrana), Marcos Calarcá, Pablo Catatumbo (miembro del Secretariado), Mauricio Jaramillo y Tanja Nijmeijer, alias Eillen o Alexandra, de origen neerlandés, entre otros.

En las conversaciones intervienen hasta treinta representantes de ambas partes que se turnan en la mesa del diálogo según los temas. Directamente en las discusiones participa un máximo de cinco personas de lado y lado.

Dos reglas generales rigen estas pláticas: 1) Nada de lo que ocurra afuera debe influir en la mesa del diálogo, y 2) nada está acordado hasta que todo esté acordado.

La noticia sobre este nuevo esfuerzo para alcanzar la paz negociada fue recibida, en un primer momento, con mucho escepticismo por parte del pueblo colombiano. De hecho, el expresidente Álvaro Uribe denunció las pláticas entre gobierno y guerrilla dándole una connotación trágica, pues a partir de ahí se infería que el gobierno de Santos andaba en malos pasos.

La amarga experiencia de las negociaciones llevadas a cabo por Pastrana durante su mandato y los altos niveles de aceptación alcanzados por el gobierno de Uribe, que puso el acento en el combarte decidido y eficaz de la violencia armada, hacían suponer que la popularidad del presidente Santos se vería seriamente afectada.

Sin embargo, la idea de una solución negociada al conflicto armado ha vuelto a seducir a la mayoría de los colombianos y, prácticamente, a toda la comunidad internacional.

La percepción tanto dentro como fuera de Colombia es que las conversaciones van en serio.

Como una señal de compromiso con la paz ha sido interpretada la decisión del presidente Santos de involucrar a su propio hermano en las conversaciones. Henrique Santos es un veterano periodista que ha tratado personalmente a los principales dirigentes de las FARC y que participó de las negociaciones de paz de los años ochenta y finales de los noventa.

Las FARC, a su vez, han mostrado su alto interés en las negociaciones al designar como jefe de la delegación a Mauricio Jaramillo (sucesor del Mono Jojoy), miembro del Secretariado y comandante del importante Bloque Oriental, y al incluir entre los negociadores a Marcos Calarcá, unos de sus cuadros más experimentados en gestiones diplomáticas.

Los acuerdos alcanzados

A diecisiete meses de haber comenzado el diálogo, las partes han logrado acuerdos sobre los dos primeros puntos de la agenda, o sea, la cuestión del desarrollo rural integral y la participación en política y derechos de la oposición.

El primero de estos acuerdos fue anunciado el 26 de mayo de 2013 y consiste básicamente en un programa de desarrollo rural postconflicto, que abarca un plan de dotación de tierras a los campesinos.

Para tales fines se constituirá un banco de tierras que serán repartidas entre alrededor de 250 mil familias campesinas que actualmente carecen de ellas. Las tierras serán dotadas de los servicios esenciales, como drenaje, asistencia técnica y vías.

También se contempla un plan para facilitar el acceso a la salud y la educación de la población rural, como una forma de acercar la calidad de vida de los campesinos a los indicadores de las grandes ciudades.

El segundo acuerdo, sobre participación política, fue anunciado el pasado 6 de noviembre. Según lo acordado, la guerrilla dejaría las armas y se incorporaría a la participación en la vida política por la vía legal. El gobierno, por su parte, se compromete a abrir los espacios para la participación democrática de todos los grupos y ciudadanos que quieran hacerlos, brindándoles las garantías de seguridad necesarias.

El acuerdo contempla medidas efectivas para promover la participación en la política nacional, regional y local en igualdad de condiciones, así como un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada.

Las partes también se comprometen a convocar en un evento nacional a los voceros de los partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. La línea de tiempo se convendrá en el sexto punto de la agenda.

Se acordó que esta Comisión, mediante la realización de un foro, facilitará la participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos para que hagan sus propuestas sobre el Estatuto de la Oposición. Sobre estos lineamientos, se elaborará la normativa correspondiente.

Un punto de los que se acordaron en La Habana que resultó bastante polémico en Colombia fue el relativo a la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política en zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un período de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias. Estas circunscripciones transitorias, como se dice literalmente en el acuerdo, serán adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes y contarán con las garantías de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores.

Por el camino correcto

En la ronda de negociaciones que se inició el pasado lunes 21 de los corrientes en La Habana, gobierno y guerrilla retomaron la discusión del tercer tema, solución del problema de las drogas ilícitas.

Todo el mundo esperaba un acuerdo rápido sobre este tema. Sin embargo, ha trascendido que algunos problemas de fondo se han presentado sobre la cuestión de la extradición y la sustitución de cultivos por proyectos productivos viables.

La ventaja del actual proceso de negociaciones es que los actores que comparten la mesa del diálogo tienen a su disposición la experiencia acumulada de procesos anteriores celebrados en Colombia, el resto de la región latinoamericana y el mundo.

No cabe dudas de que los enemigos de la paz son fuertes aún, pero cada vez más en minoría. El conflicto armado en Colombia hace tiempo que perdió razón de ser, lo que es cada vez más evidente. De ahí que las condiciones no pueden ser más favorables para un entendimiento.

Colombia está ante una magnífica oportunidad para silenciar al fin los fusiles y generar un proceso de profundización de la democracia, ampliando sus linderos, haciéndola más fuerte, participativa, pluralista, transparente e inclusiva.

Nueva vez las expectativas son grandes. Las partes se encaminan por el rumbo correcto. Ante ellas el reto de estar a la altura de las circunstancias. Colombia y el mundo están atentos.

últimas Noticias
Noticias Relacionadas