El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Demóstenes Martínez, aclaró este día que el párrafo 3 del artículo 85 del Código Procesal Penal, sobre las denuncias que puede hacer cualquier ciudadano contra un funcionario del gobierno, no ha sido eliminada del Código en las modificaciones introducidas.
Martínez, quien es presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aclaró que ese párrafo fue ajustado acorte al mandato del artículo 22 de la Constitución de la República en el acápite de los Derechos de Ciudadanía.
“La Constitución de la República señala en ese artículo de Derechos de Ciudadanía que el ciudadano tiene derecho a denunciar faltas cometidas por funcionarios”, agregó Martínez, entrevistado en el programa Uno más Uno, reseñado por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Informó que estas modificaciones, que ya son ley, están en manos del presidente de la República para su promulgación o en su defecto su objeción.
Expresó que en este debate, que ha concitado la atención de la ciudadanía, es necesario recordar que la Convención de las Naciones Unidas contra Actos de Corrupción firmada en la República Dominicana y ratificada por el Congreso Nacional en 1999, estipula que todo lo relacionado con las denuncias en relación a todo acto de corrupción.
Recordó que la Ley de Libre Acceso a la Información sale de esa comisión que manda que todos los países la asuman para que exista mayor transparencia y la población pueda tener acceso a las informaciones que manejen las diferentes instituciones oficiales.
“En ningún caso esa ley habla de la querella, sino de las denuncias y le da derecho de ciudadanía y le otorga a la ciudadanía los derechos a denunciar actos de corrupción”, indicó.
Señaló que en estos mementos el congreso discute el proyecto de ley de protección a los denunciantes de corrupción, de su autoría y del diputado Ángel Ramírez, sin tomar en cuenta al querellante.
“Esa protección consiste en que si tú eres un empleado y ha denunciad a tu jefe, esta protegido por esa ley y no te pueden cancelar. También protegerá la integración física de las personas y si se demuestra que cometió actos de corrupción recibirá una remuneración”, puntualizó.
