Las sociedades civilizadas tienen la confianza necesaria en sus instituciones para saber que las mismas tomarán cada decisión basadas en el conocimiento, la experiencia acumulada y el apego a los intereses del colectivo al que ellas están llamadas a representar.
En función de esto, las autoridades pueden garantizar a sus ciudadanos que toda acción que se ejecute estará dentro de las normas legales, ya sean de corte social, económico, minero, ambiental o de cualquier otra índole que pueda afectar el interés general.
Cuando la autoridad competente, en este caso la Dirección de Minería, otorga una concesión a una empresa minera, le está autorizando a realizar exploraciones sobre la posible existencia de minerales explotables en una zona específica. Esto no quiere decir que de encontrarse riquezas en dicho lugar, la minera que posea la concesión podrá proceder a explotar el hallazgo, sino que debe proceder a notificar el proyecto de extracción a la autoridad minera y esta procede a su vez a someter al Poder Ejecutivo, el cual aprobará o no dicho proyecto.
La aprobación del poder ejecutivo, no exime a la empresa de cumplir con todas las leyes que regulan una actividad de esta naturaleza, por lo que el promotor (empresa minera) deberá someter el proyecto a la autoridad de medioambiente, la cual emite unos términos de referencia, que deberá ejecutar y depositar en el ministerio el promotor para el estudio del proyecto.
De los documentos que deposita el promotor, basados en los términos de referencia, y de otras investigaciones que pudiesen requerir los técnicos de medioambiente, parten las autoridades para aprobar o desestimar el proyecto minero o de cualquier otra índole.
Ese es, de forma resumida, el procedimiento que contempla nuestra legislación, pero en nuestro país se ha venido desarrollando una práctica que no es saludable y que atenta contra la fortaleza institucional. A futuro esto podría terminar por dañar ell medioambiente y la posibilidad de aprovechamiento de los recursos mineros no renovables.
Y de ahí el hecho de que fuerzas sociales puedan hacer reclamos, que calen en la población, dando la impresión de que se hacen en función del interés de la colectividad y no de defeterminados grupos.
La práctica a la que nos referimos es la de desacreditar a la autoridad competente y ejercer fuerza, para que las decisiones que nos afectan o benefician a todos, sean tomadas en función de la percepción y, no basadas en verdaderos estudios científicos, que puedan comprobar la viabilidad o no de un proyecto.
Ese modo de accionar terminará haciéndole mucho daño a nuestro país, debido a que las instituciones serán cada vez mas débiles, los actores sociales, que responden a intereses particulares, tendrán cada vez menos credibilidad, la inversión extranjera creerá cada vez menos en nuestro país y terminaremos desaprovechando posibilidades que nos permitan alcanzar el tan anhelado desarrollo económico.
En la actualidad y por la forma como se ha abordado el tema, parecería que las autoridades se verán empujadas a tomar una decisión que estará más apegada a las presiones sociales que a la conveniencia de la población, ya que en la lucha por la explotación de Loma Miranda se han involucrado diversos sectores, unos a favor y otros en contra, con las características de que sus posiciones están basadas en la percepción y no al criterio técnico, pues hasta el momento sólo se conoce de un estudio conocido y es de la autoría de la parte interesada, o sea, la minera Falcondo Xstrata.
Dicen que los errores cuestan caro, pues es mejor comprarlos de segunda mano; actualmente y en el pasado reciente, hemos visto sociedades que al perder la credibilidad de sus instituciones, terminan cayendo en la desestabilización económica, social y política, afectando a todos los ciudadanos y teniendo que agotar grandes periodos de sacrificios para poder retornar a un clima de paz y sosiego; por lo que nosotros deberíamos vernos en ese espejo y reflexionar sobre el futuro que queremos para nuestro país.
De continuar este proceso, que quita fuerza a las instituciones y la pasa a organismos internacionales o a grupos no representativos de la sociedad, en un futuro no muy lejano, no tendremos la fuerza moral para exigir a los gobiernos y las instituciones que actúen ante hechos que nos perjudiquen, tampoco tendremos quienes nos representen y defiendan los intereses colectivos; las políticas públicas de la nación serán discutidas en habitaciones privadas, salas de redacción, cabinas de radio o estudios de televisión y será en ese momento que nos daremos cuenta del grave daño que hacemos al proceso de fortalecimiento de nuestras instituciones.
