Editorial

Los dominicanos debemos sentirnos motivados por el grado de desarrollo que están alcanzando nuestras instituciones.

Lo percibimos en la mayoría de las entidades que conforman el Estado. Es una realidad que no puede negarse sin caer en los planos de la mezquindad y la injusticia.

En modo alguno esto quiere decir que estemos conformes y satisfechos con estos avances. Pero sí con el estímulo necesario para continuar en esa ruta de desarrollo institucional. Para que nos convirtamos en una nación dotada de un Estado sano y vigoroso, sin el cual se hace imposible el logro de una República Dominicana moderna, justa y absolutamente respetable.

Pero esas son metas que se logran con entera voluntad. Sobre todo de quienes tienen y mantienen posiciones de mando. Aquellos que suponemos guías y motivadores para el logro de esos nobles propósitos.

Por eso nos extraña cuando un servidor público, colocado en niveles que lo hacen gestor de esos estímulos, asume posturas contrapuestas a ese norte. Aquellos que al momento de asumir sus funciones, juran lealtad y trabajo para el mejor desempeño de la entidad puesta bajo su dirección. Pero que en medio de una situación adversa, en ocasiones provocada por su propio extravío, arremeten contra la institución a la que sirven.

Son aquellos que despotrican contra la entidad a la que están comprometidamente vinculados y contra el sistema que le sustenta. Entonces, para ellos, nada funciona, nadie sirve. Y todo en medio de la ira o la frustración del momento.

Se trata de una situación que suele darse indistintamente en diversas áreas de la estructura estatal.

La justicia, una de las instancias de nuestro sistema democrático todavía en desarrollo, con mayores niveles de empuje en la última década, ha sido una de las víctimas más notables de estos desafueros.

Y por eso hay que decir que con sus debilidades, como las presentes en otras áreas del Estado, nuestro sistema judicial observa relevantes avances.

Ese entramado estatal, que es la Justicia, motiva este comentario.

Y de ahí nuestro llamado de atención.

Es mucho lo que nos falta por alcanzar la meta de la democracia plena. Pero no es poco lo que hemos avanzado desde aquel 30 de mayo de 1961. Y la justicia ha sido uno de esos pilares del crecimiento y fortalecimiento institucional.

No permitamos que el enojo, la petulancia o la frustración momentánea genere en determinados servidores públicos actitudes que, quizás sin proponérselo, provoquen sombras en el camino de un proceso de desarrollo institucional que avanza en forma lenta, pero sostenida.

¡Lo que pedimos es de justicia para todos!

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