Medio Ambiente

Comisión del Senado favorece Loma Miranda sea Parque Nacional

La comisión especial que estudió el proyecto que crea el Parque Nacional Loma Miranda rindió este miércoles el informe que modifica el que aprobó la Cámara de Diputados y añadió otros diez kilómetros para área de amortiguamiento.

El senador Rafael Calderón, quien presidió la comisión, dijo en su informe que durante seis meses que tuvo apoderada de la pieza, se realizaron visitas, consultas y se analizaron documentos y cartas, para finalmente evacuar la decisión.

El Senado fue apoderado del proyecto que declara a Loma Miranda como Parque Nacional, el 10 de octubre del pasado año 2013, y además de Calderón, conformaron la comisión Rubén Darío Cruz, José María Sosa, Prim Pujals Nolasco, Francis Vargas, Antonio Cruz y Arístides Victoria Yeb.

El artículo I de la iniciativa precisa que “se crea el Parque Nacional Loma Miranda con el propósito primario de conservar las fuentes acuíferas, la biodiversidad, la integridad del ecosistemática y paisajista, mitigar los impactos del calentamiento global y la perturbación del clima”.

Asimismo, busca la preservación de las potencialidades intrínsecas de los recursos y ambientes naturales capaces de garantizar su uso y aprovechamiento inteligente por parte de la sociedad dominicana, mediante el desarrollo del ecoturismo, la recreación y la educación ambiental.

El artículo 2 define el alcance de las áreas protegidas, mientras que el párrafo 1 del mismo, refiere los límites que encierra una superficie de 32 kilómetros cuadrados, y agrega que la base topográfica fue tomada de las hojas topográficas de 1:40,00 del Instituto Geográfico Universitario y el dato horizontal en North American Datum of 1927 (NAD27).

El párrafo II establece que la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Loma Miranda es la misma establecida para todas las áreas protegidas que ostentan las categorías genéricas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que van de la I a la IV, una franja de 300 metros que cubren una superficie de 10.75 kilómetros cuadrados, que totaliza un área regulada de 42.75 Km2 para el Parque Nacional.

En el artículo 8, declara el Derecho de Propiedad, y precisa que “dado el hecho de que los terrenos donde está ubicada Loma Miranda, incluyendo el área de los depósitos de minerales que contienen ferroníquel, están en posesión o son propiedad legítima de más de un propietario, corresponde al Poder Ejecutivo actuar sobre estos bienes con apego al artículo 51 de la Constitución, en su numeral 1.

En el artículo 9 dice: “Para que el Estado cumpla con las obligaciones económicas que resulten de la aplicación de la presente ley, y como consecuencia de expropiaciones, declaraciones de utilidad pública o variación del uso y goce de la propiedad sin que pierda la condición de propietario”.

En el numeral 1, la iniciativa autoriza al Ministerio de Medio Ambiente y Recurso naturales a incrementar en un 10 por ciento el valor a pagar por concepto del otorgamiento de la licencia o permiso ambiental aprobada a cada empresa, institución o persona para tener derecho a la exploración o explotación en el territorio nacional en su plataforma marítima de minerales metálicos y no metálicos, incluyendo la roca, el yeso, piedra caliza, mármol, materiales extraídos de la tierra o la plataforma marítima destinados a la fabricación de cemento, arena, grava, gravilla, sal, cal y materiales extraídos de la tierra o de la plataforma marina destinado a la fabricación de cemento, y otros que determine la legislación nacional.

En las conclusiones de informe se establece que la comisión revisó de manera minuciosa el proyecto y analizó detalladamente las documentaciones recibidas y las opiniones vertidas por los distintos sectores de la sociedad en relación al proyecto de Loma Miranda.

“Así como los trabajos y publicaciones, material escrito, exposiciones de expertos en la materia y de instituciones de la sociedad civil, iglesias y medios de comunicación, que han emitido sus consideraciones respecto a esta iniciativa e interesada en llegar a conclusiones concretas, apegadas a los mejores intereses de la Nación en el orden jurídico nacional y la Constitución”, apuntó.

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