El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha aceptado la dimisión irrevocable presentada por el magistrado Enrique López, tras ser sorprendido por la policía tras saltarse un semáforo en rojo, en su moto que conducía sin casco y cuadruplicando la tasa de alcoholemia.
El presidente del Tribunal agradeció en una nota de prensa la sensibilidad institucional que López ha demostrado al tomar esta decisión, así como «los servicios prestados» durante el tiempo en el que ha desempeñado el cargo de magistrado del Alto Tribunal.
López presentó este lunes su dimisión a después de haber dado positivo en un control de alcohol en la sangre al que la Policía le sometió este fin de semana después de ser interceptado circulando sin casco en su moto.
Señaló que desde el principio él había manifestado que asumía lo ocurrido, así como sus consecuencias y que la dimisión es consecuencia de estas decisiones, por lo cual el magistrado, renunció como miembro de tribunal de garantías.
Los hechos ocurrieron sobre las 7.30 horas del domingo cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron al juez cuando circulaba en su moto por el Paseo de la Castellana de manera indebida y sin casco, según fuentes policiales.
Los agentes dieron aviso de los hechos a la Policía Municipal, que se personó en el lugar para someter a López a un control de alcoholemia, en el que dio positivo. Enrique López fue designado como magistrado en el Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno en junio de 2013 después de seis años de vetos del PSOE en contra de que éste formara parte del alto tribunal.
El Tribunal Constitucional considera como algo privado la conducta del magistrado López, de acuerdo a fuentes de la magistratura, que no prevé realizar ninguna comunicación pública sobre el asunto.
El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional autónomo que no forma parte del Poder Judicial, por lo que sus magistrados no responden disciplinariamente ante el Consejo General del Poder Judicial, aunque sean jueces.
La Ley Orgánica que regula este órgano, contempla en su artículo 23 las causas de cese de los magistrados, siendo una de ellas haber sido declarados responsables civilmente por dolo o condenados por delito doloso o por infracción grave.
