Washington, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) Nueve gobernadores republicanos enviaron una carta al presidente estadounidense, Barack Obama, en la cual lo conminan a echar atrás su reciente plan para reducir en un tercio las desmedidas emisiones de gases con efecto invernadero.
A juicio de ellos, las nuevas disposiciones podrían costar millones de dólares al presupuesto de los estados y eliminar decenas de miles de puestos laborales en aquellos territorios que dependen principalmente de la hulla o carbón mineral para la generación de electricidad.
La carta fue firmada por los gobernadores de Alaska, Indiana, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Pennsilvania, Texas y Wyoming.
Aunque el gobernador de Virginia Occidental, el demócrata Earl Ray Tomblin, no firmó la misiva, el procurador general de ese estado, Patrick Morrisey, escribió al mandatario a principios de este mes alertando que la decisión de la Casa Blanca podría enfrentar una demanda legal.
A inicios de este mes, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estadounidense dictó un plan que pretende disminuir para 2030 la contaminación de las plantas electrogeneradoras, casi un 30 por ciento en relación con los parámetros de 2005, a fin de combatir las causas del calentamiento global.
Según la normativa, los 50 estados del país tendrán hasta 2018 para definir cómo alcanzarán sus propios reajustes.
La administradora de la EPA, Gina McCarthy, calificó la propuesta como «muy ambiciosa pero alcanzable», al tiempo que, dijo, otorga flexibilidad a los gobiernos estatales para elaborar sus respectivos planes a fin de lograr la meta general.
La EPA estima que la implementación de esta medida costará unos ocho mil 800 millones de dólares anualmente, pero a la vez traerá beneficios económicos para el país norteño a más largo plazo.
A juicio de la Casa Blanca, la normativa permitirá enfrentar el cambio climático, pues pondrá límites a las emanaciones de unas 600 plantas que producen electricidad a base de carbón mineral, responsables de alrededor del 40 por ciento de los gases de efecto invernadero en Estados Unidos.
Sin embargo, a pesar de esta nueva regulación, Washington sigue sin firmar el Protocolo de Kyoto, documento que busca regular las emisiones de gases con efecto invernadero a nivel global, de los cuales alrededor de un 25 por ciento corresponden a Estados Unidos.
