Los resultados de las recientes elecciones celebradas en algunos países de Europa nos deben motivar a la reflexión sobre el Sistema de Partidos Políticos y su capacidad de respuestas a las expectativas ciudadanas.
En América Latina viene ocurriendo algo similar, si partimos de los resultados de las elecciones celebradas en Costa Rica, El Salvador y Colombia en los últimos meses, los cuales nos hacen recordar otras experiencias, en Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia.
Las reflexiones sobre esta problemática no sólo deben involucrar a los partidos, sino al mismo sistema de participación para determinar las causas que generan la desconfianza del electorado que se traduce en una cada vez más alta abstención de los ciudadanos y ciudadanas con derecho al voto, entre los que se destaca una juventud en creciente escepticismo, en ocasiones perpleja, con respecto a los proyectos y propuestas de los partidos políticos tradicionales.
En el caso de Europa, las opciones se han decantado por los extremos y por las nuevas formaciones, dejando, en muchos casos, herido de muerte el bipartidismo que ha sido un modelo universal en las naciones de larga tradición democrática.
Un titular de primera página del periódico El País de España así lo destacaba, al día siguiente de las elecciones europeas del 25 de mayo reciente, expresando: “Pierde el bipartidismo tras el fuerte castigo de los electores a PP y PSOE. La suma de ambas formaciones baja del 50% por primera vez en democracia”.
De acuerdo con el diario El País, “Los dos grandes partidos españoles, que han gobernado el país ininterrumpidamente desde 1977 —el PP reivindica la herencia de UCD— obtuvieron anoche el peor resultado de la historia democrática. Perdieron más de cinco millones de votos y 30 puntos sobre las europeas de 2009, cuando lograron el 80% de los votos”. La situación no es similar a la de otros países europeos donde ha habido vuelco total…”
En tanto que El Tiempo de Colombia, al referirse a los resultados de los comicios que tuvieron lugar en ese país en la misma fecha, expresaba: que “Casi 20 millones de colombianos, de los 33 millones habilitados para hacerlo, no ejercieron este domingo su derecho al voto. Su apatía se tradujo en los niveles de abstención más altos en una votación presidencial desde la primera vuelta de 1994 (66%): sólo el 40,7 por ciento quienes podían hacerlo votaron este 25 de mayo, lo que traduce en que seis de cada 10 optaron por no ejercer su derecho al sufragio”. Y a seguidas señala: “Tremenda derrota para la llamada “Democracia más antigua de América Latina”. Pero no para ahí, porque si agregamos 770.610 electores que votaron en blanco (5.99 %) y 311.000 votos anulados (2,5 %)”.
Esa tendencia que en Europa y América Latina crece en forma acelerada debería motivar a los partidos políticos a reconocer la necesidad de modernizarse y sobre todo a asumir el compromiso de cumplir con sus propuestas electorales, para satisfacer las expectativas de la población.
En el caso de nuestro país al igual que en otros países de Latinoamérica y El Caribe, las propuestas programáticas deben estar orientadas a reducir la pobreza y la desigualdad con políticas incluyentes en materia de salud, educación, viviendas, empleos, medio ambiente e igualdad de género, tomando en cuenta que América Latina y el Caribe es la región donde la riqueza está peor distribuida pese a que en los últimos años ha logrado aceptables resultados en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
No se trata sólo de retos y aspiraciones legítimas y propias de la ciudadanía, sino de tareas pendientes de una deuda social acumulada.
Como ya hemos dicho, el PLD debe retomar su bandera de la formación política en base a los principios que le dieron origen para que sus próximos gobiernos puedan dar continuidad y consolidar su obra de las gestiones que hemos dirigido con la inclusión en sus programas de importantes tareas pendientes muy relacionadas con la reorientación de una sociedad en la que prevalezcan la justicia social con mejor distribución de la riqueza, seguridad con rostro humano, políticas de empleos, educación para el trabajo, defensa de la soberanía, igualdad de género, y protección del medio ambiente, entre otras aspiraciones ciudadanas.