Mucho se ha escrito en meses recientes acerca del empleo en nuestro país, y me temo que mucho más se habrá de escribir antes de que se puedan abordar las soluciones a los diferentes problemas que le aquejan, sobre todo haciendo distinción entre el empleo formal y el informal.
A pesar de que existe una muy inmensa bibliografía sobre el tema de la formalidad e informalidad, es de común aceptación que consideremos para estos fines la definición del empleo formal como aquel que proporciona el Estado o la iniciativa privada; tributa al Estado, es sujeto de estadística, es legal (cumple con todas las formalidades de las leyes), generalmente cubiertos por sistemas de protección social; por el que se recibe una remuneración o salario.
El caso inverso, el del empleo informal, es aquel que agrupa a el trabajadores/as independientes, profesionales o el no, a los microempresarios/as y al servicio doméstico. Tradicionalmente, las actividades informales se han caracterizado por falta de protección social y menor estabilidad que la proporcionada por los empleos formales, y aunque no realice actividades ilícitas, puede anclar en la ilegalidad (vendedor ambulante, por ejemplo, distribuidores de piratería, mendigos profesionales, “motoconchistas” sin placas ni seguros, “banquistas y riferos”, etc.).
Obviamente el estadío más deseado en toda sociedad es en primer lugar el pleno empleo, esto es, que existan la menor cantidad de personas desempleadas, entiéndase por ello a la falta de trabajo que obliga a los individuos (que se encuentren en edad de trabajar) a buscar empleo sin conseguirlo. Esta situación se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona. Desempleo es sinónimo de desocupación.
Datos recientes, y que tienen su origen en la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo emanada de la Oficina Nacional de Estadística revelan situaciones y tendencias de gran preocupación. A pesar de que ya los datos fueron levantados hace casi 2 años, no ha habido hechos subsecuentes de importancia que le resten valor a las cifras citadas a continuación.
Estas realidades comienzan con el incremento de personas ocupadas, que pasaron de unos 2.4 millones en el 1992, a 3.9 millones en el 2012. En el sector público, los datos disponibles revelan que desde el año 2000 al 2012 el número de empleados activos aumentó de unos 271 mil, a 506 mil, unos 225 mil empleados más, y los pensionados aumentaron de 60 mil a 151 mil, con lo cual se evidencia que la mayor proporción de empleos creados ha provenido del sector privado.
Hasta aquí, las noticias y las cifras lucen muy halagadoras, sin embargo cuando se descomponen los empleos por sectores, vemos que durante el periodo 1992-2012, el sector informal alcanzó unos 2.3 millones de personas, equivalentes al 41.5% del total de los empleos, y el sector informal solo creció en un 19.8% hasta alcanzar 1.7 millones, cifra está cercana a la cantidad de trabajadores que cotizan en el sistema dominicano de seguridad social.
Haciendo abstracción momentánea de la cantidad de desempleados, estas últimas cifras son un verdadero dolor de cabeza, ya que se observa, siempre de acuerdo con la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, que del total de empleos en el país, el sector formal representa el 43%, mientras que el informal viene a constituir el 57% del total.
Amén de que el sector del empleo informal de la economía juega un rol de gran importancia para que el dominicano se gane el sustento diario, los porcentajes arrojados evidencian que al ser estos excluidos de los beneficios de la seguridad social, y estar ajenos a las obligaciones tributarias, el país se ve obligado a asumir mayores gastos, siendo privados de los ingresos que genera la actividad de dichos grupos informales.
Además, estos grupos informales están constituidos por lo general en pequeñas unidades productivas, ajenas a las economías de escala y de espalada a los conceptos de productividad, tan necesarios para la competitividad no tan solo del renglón de actividad en el que están envueltos, sino de la economía como un todo.
Entonces nos cabe preguntarnos, cuales son las razones de este fenómeno de creciente informalidad, como medio para llegar a las acciones remediales requeridas para revertir esta tendencia.
La primera y más obvia es la concerniente a las rigideces del mercado laboral, tanto en sus procesos de registro público, como en los requerimientos impositivos y demás cargas con las cuales se ven obligados a cumplir en el sector formal.
Tal es el caso que, en primer lugar tenemos que el trabajador formal en promedio, recibe un 25% más de salario que el informal. Si bien esto es beneficioso para el empleado formal quien recibe mayor retribución, representa una ventaja competitiva del informal, que castigando sus empleados, les retribuye con una escala menor, y por ende sin verse forzado a compensar por productividad, y se permite el beneficio de presentar esquemas de ofertas de bienes y servicios a precios más bajos.
También pierde el Estado ya que otros estudios de reputada procedencia afirman que la falta de tributación del sector informal le representa al país una pérdida entre el 0.5% y el 1% del Producto Interno Bruto. Igual sucede con los capítulos de seguridad social donde el informal se ve excluido de muchos de sus beneficios, como es la posibilidad de acumular para una pensión digna en la vejez, y el propio sistema previsional sufre también, tanto por credibilidad al estar cubierto solo una proporción menor de la población, como por la falta de esa masa crítica de cotizantes que representa la categoría informal.
Más dramática aun es la situación de carencia de seguro de salud, obligando al informal a mayores gastos, con relativamente perores servicios, por estar ausente de la seguridad social del régimen contributivo.
Otra razón por lo cual se vive un acentuado crecimiento de la informalidad son los costos laborales no salariales, que según un prestigioso instituto de investigación económica, representan el 31% del sueldo. Si a estos se les agrega la participación de ley en los beneficios de la empresa que así los obtenga, estos costos ascenderían al nivel del 50%, sin incluir posibles costes por cesantía.
O sea que el informal, además de pagar menos a sus colaboradores, no retribuir al Estado vía impuestos directos, se ahorra los costos que representa asentar al empleado en la nómina formal. Hay otros estudios que revelan que el ingreso real del empleado registrado hay que calcularlo en base a RD$1.64 por cada peso de sueldo pagado, evidenciando aún mayores costos.
Encima del abundante rosario de factores económicos hay que considerar también las exigencias burocráticas y legales para el patrono formal, de las cuales el informal se escapa. Nos referimos al registro contable, anotaciones y cumplimento con disposiciones laborales del Ministerio de Trabajo, y acatar las normas y exigencias de otras instancias, como el caso del sistema previsional.
Y todo esto sin tener en cuenta las pérdidas del trabajador desorganizado, que al mantenerse en la informalidad pierde posibilidades de representación laboral mediante afiliaciones en movimientos sindicales que coadyuven a preservar sus derechos, y con la fuerza de la negociación colectiva, obtener conquistas que se traduzcan en mejoras al clima laboral, las retribuciones y la preservación de derechos. Por ello en muchos casos el trabajador informal es abusado, privado de sus derechos y mancillado, sin verse con el respaldo y los medios necesarios para reclamar sus derechos.
Este sencillo y sucinto análisis nos tiene que llevar a la conclusión de que debemos actuar con prontitud y precisión, no tan solo para revertir la tendencia de creación de mayor cantidad de empleos en el sector informal, sino también las necesarias para ir incorporando más informales a las filas de la formalidad, todo ello sin menoscabar la lucha contra el desempleo.
Obviamente caben las posibilidades del Estado ir reduciendo cargas, o crear categorías de contribuyentes especiales sobre la base de tasas impositivas más bajas, siempre con el objetivo de incorporar más contribuyentes. Hay autores que proponen el establecimiento de incentivos, e inclusive “premios fiscales” para todos aquellos que se acojan al registro y cumplimiento.
Otro frente para la acción inmediata es el educativo, ya que investigadores han revelado que existe una correlación muy estrecha y definida entre la informalidad y los niveles de conocimiento. Así sucede también entre los niveles de escolaridad y el nivel de ingreso. Solo basta recordar esas cifras de que el 81% de los informales no han alcanzado ningún nivel educativo, mientras que casi el 80% de los trabajadores formales tiene formación universitaria.
El pase de categoría a empleado formal supondrá un ahorro al erario público que se verá aligerado de cargas sociales y beneficiario del copago que representa el ingreso al sistema de seguridad social. Esto a su vez asegura mejores atenciones, elevando la salubridad y calidad de vida del trabajador.
Esos ahorros deben traducirse en programas de acompañamiento empresarial, pero no programas teóricos, sino verdaderamente prácticos. Aquellos acompañamientos que vayan enseñando el registro y cumplimiento de una marco regulatorio que deberá ser simplificado, facilitando la permanencia y desestimulando la evasión.
Con motivo de las recientes propuestas del establecimiento de un nuevo Código de Trabajo, las presiones de aumento salariales, los efectos de mayores competencias derivados de acuerdos comerciales internacionales, y muchos otros factores, los sectores empresariales patronales y los trabajadores sindicalizados tienen una magnífica oportunidad para juntos, en diálogo sincero y con visión de largo plazo, examinar la situación actual del empleo en República Dominicana y sus perspectivas en el mediano plazo, siempre teniendo en cuenta los derechos adquiridos, las condiciones de los mercados destinos y los competitivos con nuestros bienes y servicios, y arribar a conclusiones consensuadas que permitan superar el estado actual que hemos descrito.
