Brasilia, (PL) El marco civil de Internet, una especie de constitución para la red de redes, entró en vigor en Brasil de manera casi inadvertida debido la euforia que vive hoy el país por la Copa Mundial de Fútbol.
Se trata de una legislación que asegura los derechos individuales de los ciudadanos, la pluralidad participativa y la neutralidad de las redes y fue sancionada hace 60 días por la presidenta del país, Dilma Rousseff, durante la apertura del Foro Global sobre el Futuro de la Gobernanza del espacio cibernético.
El marco civil era un proyecto engavetado y fue resucitado en 2013 por Rousseff tras las denuncias de que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos espió sus comunicaciones telefónicas y sus correos, los de sus asesores y de la empresa Petrobras.
Con esta norma, el gobierno instaura garantías y obligaciones para los proveedores y usuarios de internet, y asegura además los derechos individuales de los internautas.
El texto defiende la neutralidad de la red, que permite a las personas acceder a cualquier contenido del espacio cibernético a una misma velocidad y calidad, sin la interferencia de las empresas proveedoras.
Otro derecho de los usuarios está relacionado con la privacidad, pues las informaciones personales y los registros de acceso no podrán ser vendidos o cedidos a terceros. Hasta ahora, los datos sobre las preferencias de los internautas podían ser comercializados.
Las empresas extranjeras de Internet que ofrecen este servicio en esta nación deben acatar estas normas, aunque no estén instaladas en el país y no podrán retirar contenido sin una determinación judicial, salvo en el caso de desnudos o actos sexuales de carácter privado.
La normativa garantiza la no suspensión de la conexión a internet, salvo en el caso de deudas, y determina además que los registros de conexión de los usuarios sean guardados por los proveedores durante un año, y con total seguridad.
Según expertos locales, la legislación ubica a Brasil en una posición avanzada, al contar con una especie de constitución que asegura y regula el uso del ciberespacio, en defensa de los ciudadanos.
