Hablan los hechos

Urge política estatal de seguridad energética

Surgieren medidas para facilitar uso del gas natural

La República Dominicana acusa una seria vulnerabilidad energética, pues apenas cuenta con una semana de reserva de combustible líquido, 12 días de gas licuado de petróleo, y 21 de gas natural licuado.

Con un consumo diario de hidrocarburos importados equivalente a 140 mil barriles de petróleo –el 80% como productos terminados-, puede que estas reservas, considerando algunas infraestructuras privadas y otras formas de cálculo, aumenten algo más, pero nunca superarán el nivel de lo crítico, en una región cargada de riesgos y volatilidades, evalúa el Ministerio de Energía y Minas.

Es por eso que el ministro Pelegrín Castillo Semán urge asumir un enfoque de seguridad energética que tenga como supremo objetivo estratégico, reducir la dependencia del combustible fósil importado, si es que no puede asegurarse la autosuficiencia a través de la exploración en tierra y mar, como dispone el artículo 17 de la Constitución de la República y la Estrategia Nacional de
Desarrollo.

Con tal estrategia, explicó, el país podría sacar ventajas a su envidiable posición geográfica, y aprovechar los balances geopolíticos y energéticos regionales y globales, en el objetivo de buscar convertirse en un centro internacional para el refinamiento, almacenamiento, mezcla, procesamiento, y comercialización de combustibles.

Este enfoque implicará además, avanzar hacia una matriz energética más diversificada, tanto en relación a los combustibles, como a la variedad y estabilidad de sus abastecimientos, y a la flexibilidad de las tecnologías.

Desde esa perspectiva tiene plena justificación la decisión del Presidente Danilo Medina de transformar la producción de electricidad, no solo mediante la reconversión a gas natural del parque térmico actual, si no con la instalación de plantas de alta eficiencia a carbón mineral, según el funcionario.

Castillo Semán también destacó la vulnerabilidad energética expresada en la concentración de infraestructuras en la costa Sur, comprendida entre San Pedro de Macorís y la Bahía de Ocoa, impuesta contra las recomendaciones de expertos y de lineamientos de políticas formuladas hace más de 30 años.

El ministro de Energía y Minas hizo los señalamientos en un conversatorio sobre los “Desafíos para el Desarrollo del Gas Natural en la República Dominicana”, donde delineó su visión sobre lo que debe ser el rol del Estado sobre el particular, y donde ponderó los avances logrados hasta ahora en la incorporación de este combustible.

Reconoció Pelegrín Castillo que la construcción de la moderna terminal en Caucedo, con su planta de regasificación, constituyó un verdadero hito nacional, regional y continental, potenciado por la obtención de un ventajoso contrato de suministro a largo plazo con la empresa British Petroleum.

Sin embargo, las grandes expectativas sobre una rápida y sostenida expansión del gas natural se han visto contenidas, y hasta ocasionado cierta frustración en la dinámica vehicular e industrial; así como por el retraso en la conversión de la planta Cogentrix de San Pedro de Macorís, en un balance provocado mayormente por una grave falta de regulación y fiscalización, por demás extendidas otras áreas de la economía y de la energía, observó.

A juicio de Castillo Semán, para impulsar el gas natural el Estado debe, entre otras medidas, adoptar una normativa con estándares internacionales sobre operación de terminales y gasoductos, y constituir un órgano técnico, fuerte y funcional.

Como infraestructuras estratégicas, similares a las redes de transmisión y los oleoductos, tales instalaciones deben estar reguladas como concesiones de un servicio público para garantizar el acceso a terceros, en condiciones de equidad, transparencia, competencia y seguridad, aunque su construcción y operación incluyan inversiones privadas nacionales y extranjeras, agregó.

“Si el sector privado no asume, una vez creado un adecuado marco regulatorio, la ampliación y/o construcción de terminales, gasoductos, y estaciones de expendio, entonces corresponde al Estado hacerlo de conformidad con el artículo 219 de la Constitución de la República, ya sea asumiendo directamente el rol empresarial o por medio de alianzas público-privada”, señaló.

El funcionario apreció que la debilidad regulatoria estatal ante los servicios públicos, ha tenido un altísimo costo para las finanzas gubernamentales, ha ralentizado el desarrollo de sectores de la economía, excluido regiones del alcance de las políticas oficiales, y reforzado tendencias oligopólicas indeseables.

Insistió en ese sentido, en la urgencia de definir una política capaz de sobreponerse a los rejuegos de las poderosas empresas que interactúan en el ámbito energético, recuperando el Estado el rol de rectoría y reglamentación que le corresponde.

En otro orden, opinó que, en su estrategia de seguridad energética, la República Dominicana debe sacar ventajas a su envidiable posición geográfica, así como aprovechar los balances geopolíticos y energéticos regionales y globales, aplicable “fundamentalmente al objetivo de procurar convertirse en un centro internacional para el refinamiento, almacenamiento, mezcla, procesamiento, y comercialización de combustibles”.

Recordó que algunos de nuestros puertos naturales tienen excelentes características para este propósito, y esa opción de políticas puede ser favorecida en estos momentos con la decisión de los Estados Unidos de exportar su gas en condiciones ventajosas a la región del gran Caribe, y en especial a los miembros del DR-CAFTA.

“Pero también otros países del continente pueden disponerse, y efectivamente se disponen, a exportar gas natural, y solo podremos sacar ventajas si contamos con las infraestructuras, la logística, la seguridad y las instituciones necesarias”, sentenció.

Otro aspecto sugerido por el ministro de Energía y Minas es el referente al apremio de desarrollar un polo energético en el Norte del país, como eje fundamental para impulsar el potencial productivo de esa región.

Para el Ministerio de Energía y Minas es prioritario facilitar la expansión del gas natural vehicular, mediante el empleo de tecnologías que faciliten, a través del consumo, el financiamiento de la adquisición de los equipos, iniciativa que puede aplicar a otros combustibles no convencionales, e incluso a programas públicos de eficiencia energética y ahorro de recursos en el parque vehicular estatal.

“Sin embargo, nada resulta en este punto más urgente que adoptar controles estrictos sobre la calidad de los equipos que se importan e instalan, así como ejercer mejor supervisión sobre los talleres de instalación y servicio” manifestó Castillo Semán.

Dijo que la evaluación de las licencias otorgadas para construcción de estaciones de expendio de gas es también un objetivo estatal relevante, que debe apremiar a las empresas autorizadas a cumplir con los términos y condiciones dispuestos en dichas licencias, procediendo en consecuencia en caso de incumplimiento.

El Ministerio de Energía y Minas trabaja en una normativa de esas características que espera someter a la consideración del Poder Ejecutivo antes de finalizar el año, informó el ministro Castillo Semán, y apuntó que la acción del Estado para promover el gas natural puede ser amplia, y debe ir más allá de los tradicionales estímulos de una generosa política de exenciones tributarias que no podrá sostenerse en el tiempo.

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