Opinión

La Constitución dominicana establece que todos somos iguales ante la ley desde el punto de vista formal, porque en la sociedad, sobre todo en una sociedad estratificada o de clases como la nuestra, todos los individuos somos realmente desiguales desde el punto de vista social, y esa desigualdad social termina afectando la supuesta igualdad ante la ley, convirtiéndola en una verdadera desigualdad ante la ley.

¿Por qué somos socialmente desiguales los humanos?

La primera razón de por qué somos socialmente desiguales es estructural, lo cual tiene que ver con las estructuras del sistema socialmente prevaleciente y la dinámica de esas estructuras en el marco de ese sistema.

Pero la segunda razón tiene que ver con las políticas públicas implementadas, tanto económicas como sociales, en las que el Estado se convierte en un activo y permanente promotor de las desigualdades sociales o de la inequidad social. Y esto ocurre en los hechos aún cuando por definición y en el discurso se asume como la función objetivo del Estado la que tiene que ver con la consecución de la justicia social y el bien común.

Pero veamos cada una de estas razones por separado.

La primera razón para explicar las desigualdades sociales en una sociedad capitalista, sea desarrollada o subdesarrollada, se da por la eterna desigualdad que está planteada de entrada entre le capital y el trabajo. Y esa desigualdad, que es la expresión de la contradicción fundamental que en el capitalismo está planteada entre el capital y el trabajo, está presente en todas las etapas o fases del proceso económico: producción, distribución, circulación y consumo.

El reparto de la riqueza o de la renta se da a nivel de la distribución, y ahí, producto de esa contradicción y de esa desigualdad, la mayor parte de las riquezas creadas se concentra en manos de los propietarios del capital. Una ínfima parte, una migaja, les llega a los trabajadores, los cuales son, con su trabajo vivo, directo y presente, el agente más dinámico y más activo en la creación de esas riquezas. Confronte la masa de ganancias y de intereses recibidos por las empresas con la masa de salarios recibidos por los trabajadores anualmente para que vea la magnitud inimaginable de esa astronómica brecha, disparidad o desigualdad.

Vimos que la segunda razón tiene que ver con las políticas públicas en las que el Estado aparece como un promotor de las desigualdades sociales. Y esta condición de promotor de las desigualdades sociales está presente no sólo en medidas de política económica y de política social, sino también en muchas de las leyes que le dan legalidad a todas las acciones del Estado. O sea que desde el mismo ámbito de la ley el Estado incentiva y legitima la desigualdad social.

Vamos a señalar varios ejemplos respecto de la situación anterior. El sistema tributario dominicano, amparado en la ley 11-92, es eminentemente regresivo tanto en la conceptualización legal como en su aplicación, y resulta que un sistema tributario así obliga y hace que paguen más los que menos tienen y menos los que más tienen en términos relativos. Entonces tenemos un sistema que privilegia a los que están en la cúspide de la pirámide social y castiga drásticamente a las clases y sectores que en la base de dicha pirámide.

Ese sistema tributario establece de entrada una profunda desigualdad entre los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Así, el sector más perjudicado con las reformas tributarias, hechas en el marco de esa regresividad del sistema tributario, ha sido y es la clase media. La heroica clase media que los gobiernos, sino reorientan y flexibilizan el chucho, podrían hacer desaparecer en el largo plazo, y entonces seríamos una sociedad con gente muy rica arriba y gente muy pobre abajo.

Cuando el Estado abandona o disminuye la eficiencia y la efectividad del gasto o se hace el chivo loco con la prestación de los servicios en educación, en salud y en seguridad social y permite una privatización salvaje de una franja importante en el ámbito de estos servicios, está incentivando y promoviendo la desigualdad social. No me estoy oponiendo a que el sector privado participe en la prestación de servicios en las áreas señaladas, sobre todo si el Estado no puede cubrir con eficiencia y calidad la cobertura de servicios a la población, pero esa participación debe producirse en el contexto de un marco regulatorio regido por leyes sumamente estrictas y donde, además, el Estado supervise y evalúe permanentemente a los privados en el cumplimiento de las funciones que el mismo estado les ha permitido, reservándose el derecho de establecer sanciones cuando se cometan abusos, excesos e incumplimientos.

Otro ejemplo: el caso de las pensiones solidarias otorgadas por los gobiernos. A diversos sectores de la sociedad, sobre todo artistas y periodistas, les ha cogido con tener una pensión de ese tipo sin haber cotizado nunca o haber contribuido nunca a la seguridad social. En esa tesitura resulta que a los agraciados les han asignado pensiones entre 30 mil y 100 mil pesos. Mientras esto pasa con esos sectores ocurre que un maestro, que ha dejado el pellejo en las aulas durante 30 ó 35 años, y que sí ha cotizado a la seguridad social, se le asigna una mísera pensión de 6 mil pesos. Por igual a un conserje o barrendero, que ha trabajado durante 25 ó 30 años, y que sí ha cotizado a la seguridad social, se le asigna una pensión miserable de 3 mil pesos.

¡Tremenda injusticia social que comete el Estado cuando hace eso!

Pero hay también niveles de inequidad en el funcionamiento de la seguridad social. El sistema, basado fundamentalmente en la capitalización individual, funciona de manera desigual tanto a nivel del seguro de salud como del seguro de pensión. Del 2002 a esta parte 2014, 12 años, las administradoras de fondos de pensiones han hecho y acumulado enormes ganancias en base al rendimiento que les genera la inversión de los fondos de los trabajadores, sus ahorros, y también a la altísima comisión que cobran; sin embargo, al día de hoy no hay un solo trabajador pensionado en el marco de ese sistema de capitalización. Lo que quiere decir que del uso social de estos ahorros de los trabajadores se han beneficiado fundamentalmente las administradoras de fondos de pensiones, y los bancos que son dueños de la mayoría de ellas, donde las administradoras colocan estos fondos en depósitos y certificados financieros. O sea que el sistema financiero tiene un negocio muy redondo con estos fondos: aquí se aplica, como suele suceder y pasar, la ley del embudo.

Y en cuanto al seguro de salud el negocio está estructurado para favorecer mayoritariamente a las administradoras de riesgos de salud privadas en detrimento de las prestadoras de los servicios de salud –las clínicas- e incluso de SENASA, porque esta administradora de riesgos de salud pública tiene que bregar con el seguro contributivo, pero es prácticamente la única que brega con el régimen contributivo subsidiado y el régimen subsidiado y prácticamente la única también que cubre las enfermedades catastróficas.

Y esas inequidades están contempladas en la misma ley que contempla la naturaleza y el funcionamiento de la seguridad social en el país. Aparte de que al Estado se le asignan unas responsabilidades muy grandes en cuanto a la financiación del régimen subsidiado y la financiación parcial del régimen contributivo subsidiado.

Cuantos niveles de inequidad hay contenidos no solo en muchas medidas concretas de política económica y de política social, sino en el propio ordenamiento jurídico del Estado.

¿Qué hacer desde el Estado para enfrentar todas estas desigualdades sociales? ¿Hay posibilidad real de hacer algo en este sentido?

Solo habiendo como activo una voluntad política de hierro, en sintonía con el carácter progresista y progresivo de la historia, es posible hacer algo verdaderamente excepcional en la línea de enfrentar, firme y decididamente, las astronómicas desiguales sociales que hay en nuestro país.

Para cumplir con lo anterior es preciso llevar a cabo un programa de reformas económicas muy profundas que le decrete la muerte al actual sistema tributario regresivo que tenemos, de tal manera que pasemos a tener un sistema tributario, prioritaria y principalmente progresivo, basado en la hegemonía y el predominio de los impuestos directos, que les quite más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Esto implica que se aumentará de manera muy significativa la tasa del impuesto sobre la renta, llevándola de un 29% a un 40%.

Si se hace lo anterior el coeficiente de tributación se colocaría por encima del 20%, y con un coeficiente de tributación efectiva así el Estado podría lograr más holgura en cuanto a la financiación del gasto público, reducir al mismo tiempo el déficit fiscal y los niveles de endeudamiento.

Pero el gasto público debe ser sometido a una cirugía igualmente profunda que explota su progresividad y su efectividad. Del gasto público en educación, salud y seguridad social, por ejemplo, deben beneficiarse, principal y fundamentalmente, los sectores que están en la base de la pirámide social dominicana.

Las políticas sociales estructurales deben estar referidas a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, a los deportes y a la cultura.

Con parches o con planes sociales de emergencia y coyunturales no es posible abatir de manera efectiva las desigualdades sociales estructurales que tenemos. Como tampoco se dinamiza la economía dominicana con préstamos sorpresa a productores agropecuarios, agrupados en cooperativos, de 5, 10, 15 ó 20 millones de pesos.

Para dinamizar y movilizar la economía dominicana, y lograr índices de crecimiento real por encima del 5%, se necesitan inversiones de cientos de miles de millones de pesos.

El PLD tiene que recomponer su compromiso con la historia y reencontrarse con ésta para impulsar un programa de profundas reformas económicas y sociales en la línea de abatir las grandes desigualdades sociales que tenemos en la República Dominicana.

El PLD es el más llamado a hacerlo, y si no lo hace podría aparecer un sucedáneo en el trayecto que nos conduce al futuro.

últimas Noticias
Noticias Relacionadas