Hablan los hechos

Resolver el caos del tránsito, una prioridad nacional

El diputado Tobías Crespo explica que la propuesta de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de la República Dominicana responde al interés primordial de beneficiar el país

El pasado mes de febrero, el presidente Danilo Medina envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, listando los proyectos de ley que son prioritarias para el Poder Ejecutivo entre las iniciativas legislativas. El proyecto de ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de la República Dominicana se encontraba entre los primeros.

Esto evidencia que existe voluntad política de “hacer lo que nunca se ha hecho” para eliminar el caos imperante en la forma en que los dominicanos se movilizan. Un paso importante en el avance y desarrollo democrático de esta nación.

Solo para poner el tema en perspectiva, cabe destacar que República Dominicana ocupa el segundo lugar entre los 182 países pertenecientes a las Naciones Unidas con más muertes de tránsito por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 41.7 fallecimientos, solamente antecedida por la isla Niue -en el Pacífico- que tiene 68.3. Así lo establece el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013, producido por la Organización Mundial del a Salud (OMS).

Toda persona que se movilice en automóvil privado o en transporte público está consciente de que una revolución de este tipo implica tumbarle el pulso a un sector que durante décadas ha tenido el control de la situación: los transportistas. Y ellos no es que están muy felices, de hecho. Sin embargo, este proyecto de ley los ha subido al tren conjuntamente con todos los actores involucrados en el proceso.

Nueva Ley

El diputado peledeísta Tobías Crespo, quien introdujo este proyecto de ley a la Cámara de Diputados, explica que se busca en primer lugar realizar una reforma institucional en el sector, el cual ha estado atomizado, con múltiples autoridades que durante varias décadas han estado tratando de tener el control.

Este proyecto de ley establece una sola autoridad: el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana (INTRARD), que va a ser el órgano rector y ejecutor de todas las políticas públicas de la movilidad, del transporte terrestre, del tránsito y de la seguridad vial en el país.

El INTRARD estaría unificando en una sola institución la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT); la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT); el Departamento de Vehículos de Motor de la DGII, para tener el parque vehicular, y el Consejo para la Administración de Taxis (CART), entre otros.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), pasará a ser la Autoridad de Sistema de Transporte Ferroviario USITRAF; la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), temporalmente pasa a ser parte del INTRARD; el Fondo de Desarrollo del Transporte, que está adscrito a la OPRET, pasa a ser el Departamento de Planificación Desarrollo e Inversión del INTRARD.

Tendrá por encima una junta directora que estará compuesta por los principales ministros que tienen que ver con el tema. Será presidido por el ministro de Obras Públicas, y estará integrado por el director ejecutivo del INTRARD, el Director Ejecutivo de la USITRAF, los ministros de Educación, Medio Ambiente, Industria y Comercio, Trabajo y Salud Pública. Así mismo sendos representante de los transportistas, el sector empresarial organizado, y del derecho de los consumidores.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) pasa a ser un cuerpo nuevo especializado técnico profesionalizado que se llamaría Cuerpo Especializado de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Sería dependiente del Ministerio de Interior y Policía como parte de la seguridad ciudadana pero está adscrito al INTRARD para que las resoluciones y reglamentos puedan ser ejecutadas de manera expedita.

Adicionalmente, se establece la Escuela Nacional de Educación Vial porque este proyecto apuesta mucho a la educación para la prevención. Se crea como dependencia del INTRARD y va a promover la política de educación vial a nivel del Estado con la inserción de esta materia en la escuela básica y media. Se establecería conjuntamente con Educación el contenido curricular y esto ya se acordó en el Pacto por la Educación “para que nosotros podamos tener una nueva generación de ciudadanos más conscientes de cómo debemos comportarnos en la vía pública como peatón, como pasajero o como conductor” explica Crespo.

Esta Ley va a regular también las escuelas de conductores. Actualmente, explica el diputado Crespo, muchas de esas escuelas están debajo de una mata y en realidad son más buscones de licencias y tramitadores de documentos. La verdadera función debe ser enseñar a la parte teórica y las destrezas.

Con este proyecto también se pretende profesionalizar las licencias y se les dará cursos específicos a los taxistas, transportistas, choferes de transporte urbano, interurbano, motoristas, transporte de mercancía peligrosa. “Esto le da un aval al Estado de que esta persona está trabajando como transportista, Por ahí también se va a abordar el seguro familiar de salud, la seguridad social, las pensiones de los transportistas, los choferes que en su mayoría no tienen pensiones, ni seguro familiar de salud”.

Adicionalmente también crea la Dirección Nacional de Seguridad Vial que va a tendrá la meta de reducir o mitigar los accidentes de tránsito en RD.

Al margen de que el país encabeza los datos de la OMS, las estadísticas locales según la Procuraduría General de la Nación colocan los accidentes de tránsito como la primera causa de muerte violenta. Por encima de los atracos, los feminicidios y las riñas. “Se está llevando más de 2,000 personas al año”.

Este proyecto de ley establece el Seguro obligatorio de accidente de tránsito que a diferencia de otros países aquí no existe. Obliga también a todos los centros médicos y las clínicas a atender a cualquier persona en las emergencias que llegue de un accidente de tránsito. “Las atenciones en las clínicas y hospitales a los accidentados de transito tiene prioridad nacional”.

Con este seguro obligatorio de accidente de tránsito, las empresas aseguradoras tienen que reponer los daños a la propiedad pública. Explica que cuando en un accidente se tumba un semáforo, una señal vertical, un pórtico, una barrera de seguridad, una baranda de un puente, las empresas de seguro no lo reponen porque como es de todo el mundo y no es de nadie, nadie lo reclama.

Este Seguro obligatorio de accidente de tránsito va a hacer también que las empresas de seguro cubran los daños económicos no solamente a terceros, sino también a segundos y a primeros. “En un accidente, el conductor y los acompañantes en el vehículo no están cubiertos por el seguro si hay heridas, solo cubre a los que están fuera. No debe ser así, y con esta ley, la póliza del seguro debe cubrir daños a cualquier persona que sea afectada en un accidente”.

Adicionalmente las multas son aumentadas de uno a cinco salarios mínimos de acuerdo al nivel de infracción de la gravedad, si es leve, grave o muy grave. Se criminaliza el irse en rojo en una luz de un semáforo, incluso se penaliza con prisión, si hay heridos y muertos. Y por supuesto, se sanciona el conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Se incorpora la tecnología, con la inclusión del GPS para darle seguimiento a vehículos de transporte de carga o de personas, el cobro de multas mediante fotos a los carros que se van en rojo, la programación y sincronización de los semáforos y el sistema de pago electrónico del transporte público, entre otras facilidades.

También se incluye el incentivo para la importación de vehículo cero kilómetros con la intención de actualizar el parque vehicular o vehículos que son amigables a la ecología. Igualmente, un incentivo de deducción impositiva para que la gente cambie los vehículos viejos por nuevos.

“Vamos a aprovechar la ley para realizar un programa a 10 años para la renovación del parque vehicular, para ir sacando toda esa chatarra que hay en el transporte de taxi y trasporte de motoconcho transporte urbano e interurbano, vehículos de carga ambulancia. A partir de ahí, a través de la ley de fideicomiso, ya los transportistas deberán tener sus propios recursos para renovar su flota. Esto es un aporte del estado a descharratizar el parque vehicular”.

Adicionalmente los susidios van a estar focalizados. El INTRARD determinará la tarifa técnica con una rentabilidad razonable para el operador pero en caso de que haya que aplicar algún subsidio, a través de la tecnología se la dará de manera directa a aquellos usuarios que la necesiten: Los estudiantes, que al Estado le debe interesar que se transporte a sus centros de estudio, a los envejecientes y a los discapacitados.

“Es un proyecto moderno, visionario que apuesta a que en 10 o 15 años nosotros tengamos un país diferente que cambie la situación del desorden y del caos que se presentan en las vías públicas con todas estas instituciones y toda esta dispersión. Pero a la vez que se respete y que propicie un clima de seguridad jurídica para inversionistas interesados en el sector”.

Los transportistas

El país del año 1967 para acá lo único que tiene es la ley 241, el Estado ha permitido que lleguemos a esta situación que tenemos hoy y los transportistas, los operadores muy inteligentemente se han aprovechado de esta situación de falta de autoridad y de voluntad para resolver el problema, asegura el diputado Crespo.

“La situación que se ha creado realmente ha permitido que un grupo de agentes del sector tengan poder y presionen o pongan contra la pared al. Esta ley va a dar un marco jurídico para poder planificar, regular y controlar el sector, pero a la vez va a ofrecer garantías a aquellas personas que tal vez hoy creen que esta ley les puede afectar sus intereses”.

Porque en un país donde no hay Ley, afirma Crespo, cualquier cosa puede pasar y las inversiones que han hecho esos transportistas se les pueden ir de la noche a la mañana si viene un funcionario con un carácter autoritario y les elimina las rutas. Entonces es mejor apostar a tener reglas y orden.

“No somos ilusos, sabemos que este proyecto de ley transversalmente impacta de manera positiva y negativa a muchos sectores e intereses que posiblemente tal vez no quisieran que esto se apruebe pero yo creo que el más beneficiado de esto es el país”.

El proceso

La comisión a cargo de este proyecto de ley ha recorrido un largo camino. Tres años, tres mil horas debatiéndolo y consultado los sectores. “No ha quedado ningún sector sin consultarlo, operadores del sector privado, los intereses de las aseguradoras, de los transportistas hemos hecho vistas públicas, instituciones que trabajan con la educación vial, con víctimas de accidentes de tránsito. Todo el sector oficial ha sido consultado”, dice Crespo.

“Tuvimos la asesoría por tres meses de una experta argentina con 25 años de experiencia en transporte público, que nos ayudó mucho a darle un enfoque desde el punto de vista legal constitucional, de la estrategia nacional de desarrollo, desde el punto de vista de planificación urbana, planificación sectorial y de cómo podemos tener un marco que permita avanzar”.

El presidente envión el mensaje: hay voluntad política. Crespo espera que los dominicanos representados en ambas cámaras del Poder Legislativo hagan su parte y aprueben el proyecto sin mayores contratiempos.

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