Opinión

La ausencia de una Ley de Seguridad Vial en la República Dominicana abre un abanico inmenso de temas pendientes.

Entre los que podemos mencionar se destacan el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y el porcentaje de la las pólizas destinado a financiar la seguridad en la circulación de los usuarios de la red viaria nacional.

El “SOAT”, como se le denomina a dicho seguro, se aplica en los países más avanzados en materia de seguridad en el tráfico, de forma que no estamos hablando de algo novedoso, sino que estamos retrasados en su instrumentación.

Consiste este mecanismo en proteger a las víctimas por siniestros viales con carácter universal e indemnización económica previamente establecida; además, sin importar la circunstancias en que se produce la tragedia asegurar una respuesta médica inmediata.

Esta versión de seguro ha sido propuesta a la Cámara Legislativa para ser incorporada al proyecto de Ley sobre Seguridad Vial que allí reposa.

Ahora bien, con el nuevo Sistema 9-1-1 que recién entró en vigencia, su aplicación tiene más sentido en nuestro país, ya que como sucede en Colombia, un porcentaje importante servirá para financiar los servicios de mejora de la Seguridad Vial.

En apenas unos días, el Ejecutivo colombiano aprobó la Ley que crea la Agencia de Seguridad Vial y entre sus fuentes de financiamiento está el 3% del “SOAT” que se depositará en el organismo llamado Fondo de Prevención Vial, exclusivo para el nuevo órgano rector.

Lo que en la actualidad está sucediendo en el orden internacional es interesante como buena práctica de políticas públicas que podrían servir de modelo para instaurarse en República Dominicana, y así fortalecer las estrategias sociales que caracterizan la gestión del Presidente Danilo Medina.

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