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Buenos Aires, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) Tribunales argentinos dictaron 81 condenas contra represores de las fuerzas armadas, de seguridad y civiles, que durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) se apropiaron de bebés ilícitamente tras el asesinato de sus padres.

Otros 69 fueron procesados igualmente por delitos de lesa humanidad, precisó la Unidad Especializada para el Seguimiento de Casos de Apropiación durante el terrorismo de Estado, cuyo informe divulgan hoy aquí varios medios de comunicación.

Las causas por apropiación y sustracción de identidad comenzaron con la llegada de la democracia en 1983, y pudieron continuar al no ser alcanzados esos delitos por las leyes de obediencia debida y punto final, revocadas posteriormente por el presidente Néstor Kirchner.

El ex policía Rodolfo Silva -añade- fue el primer condenado por la apropiación de la nieta restituida María Eugenia Gatica Caracoche en un juicio llevado adelante en La Plata en 1986.

Entre ese año y 2003 se realizaron 14 juicios, con 18 condenas por 13 casos de robo de bebés, según el relevamiento realizado por Abuelas de Plaza de Mayo, con castigos que alcanzaron un máximo de 10 años, coinciden en señalar Minuto Uno, Infonews y la agencia de noticias Télam.

Las penas se regían por la legislación vigente hasta 1995 que establecía de uno a cuatro años de prisión para los casos de supresión o suspensión de estado civil del menor y de tres a 10 años para el delito de sustracción.

Ese año, el Congreso Nacional modificó el Código Penal y se elevaron las condenas: de dos a seis años para la supresión de identidad, y de cinco a 15 años para la sustracción.

Por la incansable labor de Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Nacional de Identidad se ha logrado precisar la procedencia de 114 nietos; el más reciente precisamente el de la titular de esa organización Estela de Carlotto.

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