Opinión

La educación es un derecho universal que los países han adoptado en sus constituciones y leyes. No obstante, no todos los dominicanos gozan de este derecho. La situación empeora cuando se examina el acceso a la educación superior, en la medida en que los presupuestos no le asignan suficientes recursos financieros.

Entre los mecanismos que han demostrado ser eficientes para promover la equidad en el acceso al nivel terciario de la educación, está el crédito educativo, iniciativa del ilustre colombiano Gabriel Betancourt Mejía, que ha sido puesta en práctica en muchos países. Las instituciones y programas que administran los préstamos para estudiantes en general comparten los mismos objetivos, pero al analizar los resultados se observan junto a los logros, deficiencias y retos que, de ser superados, permitirán ampliar su cobertura y beneficiar a un mayor número de estudiantes latinoamericanos.

En 1944 el estudiante colombiano Gabriel Betancourt Mejía deseaba estudiar en el exterior. Como no disponía de recursos financieros para cubrir los costos de sus estudios, solicitó un préstamo a la Compañía Colombiana de Tabaco. Luego de muchas dificultades, el préstamo se aprobó y pudo viajar a los Estados Unidos, donde obtuvo el grado de magíster en Administración Pública. Su tesis de grado se concentró en la iniciativa de crear una institución dedicada a prestar dinero a los estudiantes de comprobado talento académico y escasos recursos financieros.

Al regresar a Colombia impulsó dicha tesis y logró que el 3 de agosto de 1950 naciera el Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). Posteriormente, varios países conocieron la idea y la adoptaron. Así nacieron el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) de Argentina, el Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO) de Honduras, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos (IFARHU) de Panamá, el Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO) de Nicaragua, el Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPEFE) de Perú, la Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC) de la República Dominicana y el Instituto de Crédito Educativo (EDUCRÉDITO) de Venezuela.

Años más tarde, en 1969, por iniciativa de Gabriel Betancourt y con la participación de las instituciones de crédito educativo existente, nace la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo (APICE).

Actualmente, APICE congrega a cincuenta instituciones y programas de crédito educativo de América y mantiene relaciones con bancos, cooperativas, cajas de compensación y demás entidades que ofrecen alternativas para el crédito educativo. América Latina ha sido una región particularmente activa en este campo debido, entre otros aspectos, a que los mandatos constitucionales que favorecen el acceso a la educación superior se han traducido en leyes que promueven los programas de crédito educativo.

Cabe destacar que en nuestro país, el Artiiculo 92 de la Ley 139-01 que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, establece las normativas para su funcionamiento, los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan, las instituciones que lo conforman. Además, en su inciso e) cita el establecimiento de un programa nacional de crédito educativo que tenga por objeto garantizar el acceso de todo estudiante con talento y dedicación a la educación superior, y que permita que cada beneficiario contribuya con el financiamiento de su propia carrera.

El crédito educativo es un mecanismo financiero con efectos económicos y sociales. Consiste en un préstamo con el cual el estudiante cubre todo o parte de los costos de sus estudios superiores. Cuando el estudiante finaliza sus estudios, se convierte en profesional e ingresa al mercado laboral, paga dicho préstamo. Este dinero se utiliza para otorgar crédito a otro estudiante. Así se genera un mecanismo financiero de carácter rotatorio que, bien administrado, permite utilizar, gradualmente, el mismo dinero para apoyar a estudiante tras estudiante, generación tras generación.

Su origen está en el reconocimiento de que la educación es la mejor inversión porque genera una alta rentabilidad personal y social. La persona se beneficia de la educación porque desarrolla sus capacidades y adquiere las competencias que le permitirán desempeñarse laboralmente, mejorar sus ingresos y tener mejor calidad de vida. Las sociedades también se benefician de la educación porque las personas debidamente capacitadas contribuyen al desarrollo de los países. En líneas generales, el crédito educativo promueve la inclusión social y le equidad, porque abre la puerta para que todos tengan las mismas oportunidades de acceder a la educación superior, permanecer en ella y culminar sus estudios: es un nivelador social.

Su principal sustento es la confianza. Confianza en que el estudiante es una persona capaz y merecedora de crédito por su carácter, su integridad y sus condiciones académicas; confianza en que, por su propio esfuerzo y meritos, será capaz de culminar sus estudios, conseguirá empleo o creará empresa y pagará el total de su deuda para apoyar a otros estudiantes que, como él, requerirán de apoyo para ingresar, permanecer y culminar sus estudios.

El crédito educativo cumple los siguientes objetivos:

  • Democratizar el acceso de los estudiantes a la educación superior, su permanencia en este nivel y la culminación de sus estudios.
  • Crear en el estudiante conciencia de su responsabilidad personal y de su solidaridad social.
  • Proveer una fuente de recursos financieros que se recuperan y reutilizan.
  • Contribuir al desarrollo personal e incidir en el progreso del país.
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