Economía

La conspiración nacional e internacional, con la reincorporación del Banco Mundial, en procura de impedir el cierre del paquete financiero para la erección del parque térmico a carbón de 750 megavatios de Punta Catalina, busca maniatar al Estado en su propósito de reducir el costo de la energía para todos los usuarios.

La acción conspirativa está dirigida por parte del sector generador nacional y extranjero que se asoció al Estado en el subsector eléctrico, convencido de que el país está a las puertas de ser beneficiario de la estrategia de Estados Unidos de suplir de gas natural sobrante a los socios de sus acuerdos de libre mercado que más lo necesiten.

El presidente de la República, licenciado Danilo Medina, que es el gran arquitecto de la operación envolvente pública-privada para dar respuesta a la sempiterna crisis eléctrica, es la garantía de que se llegue a feliz término, dadas las episódicas debilidades observadas en la CDEEE, que ha cumplido en lo básico el encargo del jefe del Estado pero necesita de su permanente supervisión.

(Desde el inicio mismo del proceso de capitalización del subsector eléctrico, los generadores nacionales y extranjeros se las han agenciado para adquirir servicios de los propios reguladores oficiales, como lo revela el hecho de que ahora son sus empleados o contratistas dos de los que fueron superintendentes de electricidad del gobierno y otros que desempeñaron altos cargos, además de muchos despachos en los que influyen o desorientan a discreción).

Una cadena de eventos en el subsector eléctrico han ido definiendo el presente y futuro de la industria eléctrica nativa que, forzada por el entorno mundial de encarecimiento de los derivados del petróleo, ha sido condenada a hacerse eficiente a partir de combustibles más baratos como el carbón mineral y el gas natural.

Reconfiguración subsector eléctrico

Evidenciado el subsector eléctrico como nudo gordiano del desarrollo nacional, el gobierno decide en1997 capitalizar el mismo, una decisión a medias con respecto a la privatización que reclamaban organismos multilaterales (BM-BID) y los establecimientos de poder de Estados Unidos y la Unión Europea para liberar recursos financieros, los principales socios del país.

Para lograrlo, le cerraron todas las puertas financieras del BM-BID y de los bancos tipo Eximbank de USA y la UE, a la CDE que pronto cayó en un colapso financiero e incompetencia gerencial, situación que también propició socios privados locales y extranjeros desleales que se aprovecharon del desbarajuste.

Pronto quedó demostrado que el monopolio eléctrico estatal no contaba ni con los recursos ni con la capacidad gerencial para hacer frente a la situación.

La capitalización atrajo inversión superior a los US$2,000 millones provenientes de USA y la UE, y despertó el interés de grupos privados en ese negocio, tales como Vicini, Corripio y otros más. Estas fueron bondades del proceso, pues comenzaban a poner a un lado a verdaderos logreros que desde el gobierno mismo y desde fuera manipulaban el subsector a sus anchas. Todavía quedan algunos de eso logreros, pero con mucho menos poder que antes. Corripio desistió, aunque entraron otros del sector gasífero GLP.

Negar que AES y el grupo Vicini trajeron formalidad y grandes visiones e inversiones al negocio, sería una necedad. Pero tuvieron que asociarse a los que realmente conocían el negocio y los resquicios del poder por donde penetrarle, como aconteció en Ege-Itabo y Ege-Haina, donde los buscadores de fortuna montaron sus enclaves.

AES estableció una terminal de gas natural y le añadió 300 megavatios alimentados por ese combustible en Andrés-Boca Chica. Adquirió la mayoría accionaria de Ege-Itabo, donde construyó un puerto carbonero e inició la generación con carbón en las dos Itabo que hasta entonces procesaban búnker c.; adquirió el parque generador Los Mina y le proveyeron un gasoducto que cruza toda la provincia Santo Domingo, iniciando al país en el uso del gas natural para consumo vehicular y, en un futuro, casero.

El Grupo V infinito que ya había abandonado su acerera de Metaldom por la ventaja comparativa de producir energía para la venta a la CDE, se fue por más y adquirió Ege-Haina y más tarde se alió a Barrick-Goldcorp para construir el parque generador Quisqueya I y Quisqueya II de 215 megavatios cada una, la primera del consorcio minero y la segunda de Ege-Haina que opera las dos, en San Pedro de Macorís.

En la actualidad, Vicini preside el consorcio Antillean Gas asociada a las principales empresas nativas y extranjeras importadores de GLP, que anunció una inversión de más de US$500 millones en una nueva terminal de gas natural en San Pedro de Macorís, un proyecto que ya cuenta con 900 megavatios instalados que hoy procesan búnker c y gasoil y demandan prontamente gas natural para sobrevivir.

A estos 900 megavatios representados por los 430 de las dos Quisqueya, 300 de la antigua Cogentrix, 150 de la Sultana del Este y más otros pequeños del área, podría agregarse otros 300 megavatios que proyecta la propia Antillean Gas.

La conspiración contra el Estado

La conspiración contra el Estado y todo el usuario de la energía eléctrica de que se habló, sigue en pie, no obstante, con una ofensiva local e internacional.

La deuda interna y externa es sobrevaluada intencionalmente por ambos sectores. Mientras asesores económicos de la oposición y del sector privado en el país la elevan al 50% del PIB, tres consultores del BM en una publicación de la entidad la llevan a un 48%, información que destacan medios de información y analistas “independientes” que son sus aliados.

Pero lo hacen con tan mala suerte, que la ilustran con la única estadística disponible de la DirecciónGeneral de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, que viene siendo un mentís a esa tratativa, pues se consigna que la deuda actual suma un 36% del PIB, 22% deuda externa (bajando 2 puntos porcentuales con respecto al 2013) y 14% interna para lo que hubo de sumarse la cuasi-fiscal del Banco Central, que no califica como tal pues el capital de esa deuda está depositado, inamovible, en bóveda del BC.

Esos mismos medios, son los que viven destacando como noticias de primer orden la deuda acumulada por la CDEEE con los generadores, cosa que ya es vieja y se paga con el interés del 12% en moneda fuerte. La CDEEE y las distribuidoras demostraron que en lo que va a de gestión han pagado a los generadores privados la suma de US$4,310 millones (187 mil millones de pesos), suma superior en US$125 millones lo facturado en el período.

(De la suma pagada por la CDEEE y las distribuidoras del Estado al sector generador privado en tan sólo dos años, casi US$3,000 millones corresponden a subsidio del Estado a los consumidores, con lo que se hubiese financiado casi dos parques generadores de 750 megavatios a carbón cada uno).

La mostrenca sentencia reciente del Tribunal Superior Administrativo, mandando parar la licitación (sic) del parque generador La Catalina (aunque advierte que si se demuestra la urgencia del proyecto, la sentencia queda sin efecto), forma parte de la acción, lo mismo que la constante demanda de un pacto eléctrico, pues lo que busca es que se produzca sin el Estado tener completado el paquete financiero de sus dos centrales a carbón para que negocie bajo presión y en desventaja.

Entorno favorable al país

El entorno del subsector eléctrico, local e internacional, es favorable al país.

Todas las generadoras en San Pedro de Macorís que procesan búnker c o gasoil que suman 900 megavatios, necesitan cuanto antes gas natural, en particular Barrick-Goldcorp que no juegan con sus costos operativos y también Vicini que tiene amplio sentido de la economía. Por algo se prepara participando como inversionista en una regasificadora de la Coste Este de Estados Unidos.

Pero así también AES reclama una nueva fuente de suministro de gas natural, pues el contrato que tiene con Trinidad y Tobago está pronto a vencerse, por lo que su planta de recepción y conversión del gas natural más sus 600 megavatios instalados (ya que convierte el parque Los Mina de búnker-gasoil a gas natural) lo necesitan con urgencia.

La fuente barata y segura está prometida, pues así lo hicieron, primero un vicesecretario de comercio de Estados Unidos que vino a inicios del gobierno a proponerlo al presidente Medina, y más luego recientemente el vicepresidente Biden de ese país.

No en vano, el embajador de Estados Unidos en el país James Breswter acompañó hace unos días a los ejecutivos de CDEEE y el gobierno que viajaron a Washington a ultimar detalles para que el país participe del programa de suministro de gas natural que proyecta ese país a partir del 2016. Después de todo, los norteamericanos ven la energía comoparte de su influencia geopolítica en la zona caribeña y centroamericana.

La estrategia de Danilo

Paciente y bien orquestada, la estrategia del presidente Danilo Medina se ha ido cumpliendo paso a paso.

Primero, le hizo saber a todo el sector privado que su presencia en el país era imprescindible para afrontar con éxito la grave crisis eléctrica.

Así inició su gestión, pero advirtiendo también que toda inversión nueva en Ege-Haina como en Ege-Itabo, correspondía en un 50% al Estado. De modo que tanto la inversión en la Quisqueya, como en el parque eólico Los Cocos de Ege-Haina como otra de AES en Los Mina, es compartida en partes iguales, como se hizo.

Al mismo tiempo, instruyó iniciar el proyecto La Catalina, convencido de que sólo si Estado oferta una proporción importante de nueva generación a bajo costo operativo, puede reducir la tarifa hasta un 50%.

Igual hizo cuando introdujo en la renegociación del contrato con Barrick-Goldcorp que el sobrante de generación de Quisqueya I, lo mismo que el parque generador adquirido a la familia Viyella y las dos estrellas flotantes de Seabord quedaran disponibles para el sistema eléctrico interconectado a precio razonable.

Otra demostración de sabia estrategia negociadora, es haber postergado al pacto eléctrico hasta que elEstado se encontrara en condición de ser “negociador contraparte eficiente” con el sector privado.

Medina se ha sobrepuesto a dos inadvertencias de las autoridades de la CDEEE. La primera se relacionada con el informe que le suministraron sus ejecutivos de que el gas natural ofertado por el departamento de comercio de USA, no estaría disponible sino hasta después del 2020. Y la segunda, la versión del propio administrador de que Rolando González Búnster necesitaba de 10 años más de extensión del contrato de Cogentrix, además de garantías soberanas adicionales, para construir un gasoducto hasta esa central generadora.

Esto debió advertir al jefe del Estado de que debe estar bien cerca de todo el proceso, procurando las debidas asesorías, para llevar a feliz término la empresa, la más importante de todas para esta y las próximas generaciones.

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