Washington, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) La Casa Blanca reconoció que las medidas ejecutivas prometidas por el presidente Barack Obama para paliar en lo posible la crisis migratoria en el país, podrían retrasarse aún más.
El mandatario anunció en junio que al concluir la temporada estival usaría sus facultades para legislar en el ámbito migratorio, dado el persistente estancamiento en el Congreso para adoptar una medida que saque de la clandestinidad a cerca de 11,5 millones de residentes ilegales en esta nación.
Desde junio de 2013, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se niega a discutir un proyecto de ley aprobado por el Senado, al considerarlo una «amnistía» para las personas sin papeles.
Es difícil para mí, al menos en este momento, establecer conclusiones claras sobre cuál será el momento del anuncio del presidente, indicó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, durante su rueda de prensa diaria.
Incluso, podría ser después de que concluya el verano (boreal, 23 de septiembre), agregó.
De acuerdo con reportes de prensa, la mansión ejecutiva demora la decisión ante el temor de que candidatos demócratas puedan perder su escaño en el Senado, donde ostentan mayoría, durante las vendieras elecciones legislativas de noviembre.
Muchos analistas políticos juzgan el impacto que puede tener una decisión como esta en las elecciones, quiénes serán los ganadores, quiénes serán los perdedores y cómo repercutirá esto entre las diferentes comunidades. Pero eso no es en lo que está centrado el presidente, argumentó Earnest.
No obstante, subrayó que el gobernante «está determinado a actuar».
La crisis migratoria en el país se agudizó en los últimos meses con la llegada masiva al país de miles de niños centroamericanos sin la compañía de sus padres.
El fenómeno fue calificado como una emergencia, para lo cual el gobierno de Obama demandó al Congreso fondos por unos tres mil 700 millones.
La oposición republicana se mostró contraria a la partida, al advertir que eso no podría hacerse sin antes modificar una legislación de 2008 que busca proteger a las víctimas del tráfico y la explotación sexual.
Los del partido rojo en la Cámara baja, en contraposición, avalaron un plan que busca proporcionar 659 millones de dólares para, fundamentalmente, reforzar la seguridad fronteriza y mitigar el éxodo de los menores indocumentados.
De igual forma, pretenden impedir que Obama amplíe los beneficios del Estatus de Protección Temporal o del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals), más conocido como DACA, una de las medidas que pudiera autorizar el mandatario.
