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Buenos Aires, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) Argentina reiteró la denuncia contra un diplomático de Estados Unidos, acreditado en el país, por injerencia en sus asuntos internos y alertó que adoptara «severas medidas ante una nueva intromisión».

Un comunicado de la cancillería precisa que su titular, Héctor Timerman, expresó «profundo malestar y enérgico rechazo a las impropias declaraciones del diplomático estadounidense publicadas en el día de ayer en relación con el cumplimiento de los pagos a los acreedores de la deuda reestructurada».

La nota se refiere al encargado de negocios de Estados Unidos, Kevin Sullivan, a cargo interinamente de la embajada de su país en Argentina.

Sullivan, en sintonía con los fondos buitre y los fallos del juez neoyorquino Thomas Griesa, adujo que el país incumplió sus saldos con tenedores de bonos de su deuda y cayó en «default» (cesación de pagos).

Timerman insistió en que «Argentina ha honrado todos sus compromisos en tiempo y forma en las condiciones que lo ha acordado en el 2005 y el 2010, y lo seguirá haciendo».

De esa forma, desmintió a Sullivan y aseguró, además, que «de repetirse este tipo de intromisiones en los asuntos internos de la República Argentina se adoptarán las más severas medidas estipuladas en la Convención de Viena sobre la conducta de los representantes diplomáticos».

El canciller remarcó que el «propio gobierno norteamericano conoce las consecuencias perversas de la sentencia del juez Griesa, tal como expresó en abril de 2012 en su presentación como amigo de la corte de la República Argentina».

En aquella presentación -recordó- la Administración norteamericana sostuvo que «la interpretación de la cláusula pari passu (en iguales condiciones) puede permitir que un solo acreedor frustre la implementación de un plan de reestructuración con apoyo internacional».

Timerman recalcó que «Argentina no tiene deudas en cesación de pagos con Estados Unidos ni con ningún otro país», y refirió que el 30 de julio pasado erogó el primer pago de 642 millones de dólares según el acuerdo firmado con los miembros del Club de París.

El juez Griesa, a solicitud de los fondos buitre, embargó 539 millones de dólares en el Banco de Nueva York, girados por Buenos Aires el pasado junio a sus acreedores, y esa maniobra la utiliz óel propio magistrado y los financistas litigantes para adjudicarle a Argentina el cartel de «default».

La cancillería también deploró que Washington haya rechazado dirimir el daño ocasionado por su Poder Judicial ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU, «donde jueces independientes hubieran resuelto la cuestión aplicando criterios legales, equitativos y justos».

También lamentó que tampoco acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana y de la Corte Penal Internacional, ni el amplio consenso de la comunidad mundial para establecer un Marco Legal Regulatorio para la Reestructuración de Deudas Soberanas.

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