Opinión

Recientemente leí en uno de los periódicos dominicanos la publicación sobre un proyecto ley sometido por el Senador y Amigo José Rafael Vargas para auditar Obras Públicas de Infraestructuras. Debo confesar que me quedé sorprendido. El proyecto tiene como objetivo fiscalizar las obras de infraestructuras públicas que ejecuta el Gobierno a través de empresas constructoras o contratistas.

Según lo publicado, las obras que calificarían para tales fines, por los montos presupuestados y los tipos de proyectos. El artículo dos del proyecto establece que la fiscalización se haría a través de la Cámara de Cuentas “mediante auditorias técnicas a toda obra de infraestructura que se realice con recursos públicos, incluyendo los provenientes de financiamientos”.

La información dice que la Cámara de Cuentas estará obligada a tomar las medidas cautelares que considere pertinentes para la preservación del interés público, incluyendo la recomendación para la rescisión de contratos, etc., etc., etc.

La Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, es muy buena y clara, pero requiere de algunas transformaciones después de 10 años de su promulgación. Fue una excelente iniciativa de la ex Vicepresidenta y Senadora Milagros Ortiz Bosch, con el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo. El financiamiento se concentró, principalmente, en la planta física, ciertas transformaciones a lo interno y algunas capacitaciones, pero faltó mucho en el fortalecimiento técnico, tecnológico e institucional, por lo que se habló de un segundo tramo de financiamiento que nunca llegó.

Con solo leer bien la Ley 10-04 y entenderla, se podrían dar cuenta de que todo lo que el amigo Senador está señalando en su Proyecto, está dentro de las atribuciones de la Cámara de Cuentas, excepto algunas responsabilidades que se les quieren atribuir como funciones específicas del Auditor Interno del Poder Ejecutivo, o sea, de la Contraloría General de la Republica.

El artículo 30 de la Ley 10-04, trata sobre “Clases de Control Externo” y dispone el control externo se realizará mediante auditorias financieras y de gestión, estudios e investigaciones especiales. Y en los dos párrafos siguientes explica cómo se deberían hacer estas auditorías. Explica las auditorias de gestión “por su amplio alcance, este tipo de auditoria tiene relación con la evaluación de sistemas, procesos, resultados, proyectos de obras públicas, de desarrollo social o el manejo del ambiente”, es decir, lo incluye todo, naturalmente como debe ser.

Pero no voy a adentrarme más en la Ley, pues no es larga y prefiero motivar a todos a leerla por completo. Ahora bien, confieso creo entender las motivaciones del Senador para presentar este proyecto, el cual en mi opinión no procede. Entiendo que esta iniciativa puede tener origen en que no se conocen públicamente intervenciones técnicas (auditorias) de la Cámara de Cuentas sobre la ejecución de obras públicas de infraestructuras. En consecuencia, es razonable preguntarse, cuánto del gasto y la inversión pública fiscaliza anualmente?, ¿está cumpliendo la Cámara de Cuentas verdaderamente con sus responsabilidades?, es posible que no del todo, porque seguro que algo ha hecho. Tampoco lo hizo durante mi Presidencia.

La razón: la institución no dispone de recursos técnicos y económicos suficientes para atender sus deberes constitucionales. Por consiguiente en mi criterio, se requiere de un apoyo genuino del Poder Legislativo y de la voluntad política de los Poderes del Estado, para apoyar el fortalecimiento del control externo. La Cámara de Cuentas es el brazo fiscalizador del Poder Legislativo (Senado y Cámara de Diputados), sin embargo pareciera que estos no están conscientes del alcance de este apoyo a sus deberes constitucionales. No se observa su preocupación por asignar a la institución un presupuesto adecuado para realizar las auditorias del gasto y la inversión públicas con Calidad, Eficiencia y Eficacia.

La percepción de los ciudadanos sobre la Cámara de Cuentas, es ambigua y muchos consideran que es un gasto más que no sirve para confirmar la confiabilidad de la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo y para prevenir o descubrir actos irregulares.

Cuando ocupé el honroso cargo de Presidente de la CC, impulsé el fortalecimiento de la institución y sometimos propuestas de cambios a la Ley las cuales reposan en los archivos del Congreso Nacional. El último presupuesto que presentamos al Ejecutivo y al Congreso para el año 2008, fue de RD$1,100 millones apoyados técnicamente en el Plan Estratégico que preparamos con la ayuda de la Unión Europea. Se trataba de transformar la CC en una Entidad Modelo de Gestión Pública. En aquel tiempo, nos aprobaron RD$357 millones aproximadamente, el mismo monto de dos años atrás, en violación a la propia Ley de Presupuesto. Casi 7 años después el Presupuesto no llega al 50% de lo que solicitamos.

¿Por qué le cantamos varios cumpleaños a los informes de auditorías sin salir? ¿Por qué hablamos de la calidad profesional de una gran parte de los auditores? ¿Por qué la gente dice que la CC no funciona? ¿Por qué no puede ser más eficiente y cómo es posible que tenga retrasos en la publicación de algunos de sus informes de auditoría de un ejercicio hasta de cinco años atrás? La falta de un verdadero presupuesto es una de las principales causas, aunque no todas. Las conclusiones del Plan Estratégico al que me referí, señalaban que la CC había sido un lastre para el Estado, desde su fundación.

Los auditores de la CC tienen que ser personas con la más alta calidad profesional, capaces de ejercer con la ética debida, con salarios competitivos, con las Firmas de Auditores Privadas que funcionan en el País y con buenos Beneficios Marginales. Solo deben estar los que deban estar, no los que se tengan que designar. Esta institución, como su marco legal lo indica, tiene un carácter eminentemente técnico y aspectos subjetivos, como los intereses políticos, no deben ser el factor para la contratación de su cuerpo de profesionales.

Creo que la CC ya no es tan obsoleta como cuando yo la dirigí, pero estoy seguro que está detrás de muchas de las Instituciones Públicas que audita y eso no puede ser.

Senador, revise la Ley porque no es mala, requiere de cambios; propóngalos. Trabaje estos cambios con el Pleno actual de la CC y adelante un debate por un adecuado Presupuesto e insista en que se aplique el artículo 27 de la Ley 10-04, sobre el Presupuesto y Control, el cual taxativamente dice: “El presupuesto de la Cámara de Cuentas, por su condición de órgano superior de control y auditoria, y con el fin de garantizar su plena independencia, será elaborado por una comisión especializada, por representantes de la propia Cámara, el Senado de la Republica y la Cámara de Diputados…”.

El Pleno de la Cámara de Cuentas, ante una posible duplicación innecesaria de sus funciones en virtud del proyecto de ley que está en cierne, deberá pronunciarse.

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