Hablan los hechos

El derrocamiento del gobierno que encabezó el profesor Juan Bosch, el 25 de septiembre 1963, por parte de sectores retardatarios de la vida nacional, conformados por políticos, militares, empresarios y sacerdotes, provocó grandes daños al desarrollo material e institucional del país, y una de sus secuelas negativas inmediatas, fue el alto nivel de corrupción que se manifestó en una parte de la cúpula del alto mando militar y en la Policía Nacional, lo que debilitó la estructura institucional y degradó la moral y el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El gobierno de facto surgido tras la asonada cuartelaria, conocido como “El Triunvirato”, permitió que la cúpula militar se corrompiera, como una forma de mantener su apoyo y comprometerlos, y así poder afrontar la crisis de gobernabilidad y la difícil situación económica y política que había generado el desconocimiento del primer gobierno electo por la voluntad mayoritaria del Pueblo Dominicano, luego de la caída de la dictadura de Rafael L. Trujillo.

Una de las expresiones más conocidas de la corrupción militar en ese momento, fue el gran contrabando que se desarrolló en el periodo comprendido entre los años 1964 al 67, y la existencia de las llamadas “Cantinas Militares”, unos negocios que se salieron del ámbito militar, llegando a competir con el comercio formal al que perjudicaban enormemente, ya que los artículos que vendían, incluso artículos de lujo, estaban exonerados de impuestos. El rumor público sostenía que hasta se utilizaban los aviones de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), de gran capacidad, denominados de “barriga grande”, para transportar las mercancías.

Esa situación provocó un gran malestar y el comercio puso el grito en el cielo cuando sus ventas cayeron a niveles alarmantes, por lo que se unieron con el apoyo de la prensa para demandar el cierre de las cantinas militares. La presión fue de tal grado, que al gobierno del Triunvirato no le quedó otro camino que disponer la eliminación de las exoneraciones a las cantinas militares. Sin embargo, esos negocios continuaron operando reemplazando el privilegio y los beneficios que obtenían con las exoneraciones de impuestos, con un incremento del contrabando que alcanzó niveles nunca vistos.

Una compañía comercial constituida por la cúpula policial

La corrupción había permeado tanto la estructura militar y policial, que se llegó al colmo cuando el 26 de junio de 1964, apareció una publicación en el diario El Caribe, informando de la constitución de una compañía comercial denominada “Cantina Policía Nacional, C. Por A., con un capital autorizado de medio millón de pesos y pagado de RD$50,000.00.

Los socios principales de dicha compañía, que se suponían hombres de negocios o “negociantes”, de acuerdo al Código de Comercio, eran nada más y nada menos que: Belisario Peguero, presidente; Apolinar Alfredo Montás Guerrero, vicepresidente-secretario; Gaspar Salvador Morató Pimentel, tesorero-administrador. Como vocales figuraban Rubén Darío González Nuñez, Hernán Despradel Brache y José de Jesús Morillo López. El comisario era el Dr. Antonio de los Santos Almarante. Todos esos principales accionistas de dicha compañía, eran oficiales de alto rango de la Policía Nacional activos. La lista la encabezaba el propio jefe de la Policía Nacional, General Belisario Peguero.

Las reacciones que provocó dicha publicación no se hicieron esperar. Los diarios editorializaron acerca de esa “desnaturalización de las actividades de la institución policial”, y todo el comercio se desbordó en protesta, lo que forzó al gobierno a emitir unas declaraciones para aclarar que “había concedido permiso para la constitución de una cooperativa de consumo en la Policía Nacional”. Un editorial de El Caribe, comentó la aclaración oficial indicando que una cosa es una cooperativa y otra una compañía privada por acciones, sugiriendo que el gobierno ordenase la disolución inmediata de esa compañía.

El 4 de julio nueve asociaciones de comerciantes emitieron una nota de protesta y rechazaron abiertamente que los policías participaran en negocios, recordando que dicha actividad le estaba prohibida por la Constitución de la República a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Incluso amenazaron con iniciar una huelga nacional del comercio.

“La corrupción y el relajamiento institucional habían permeado tanto la estructura militar y policial, que en junio de 1964, la cúpula policial llegó al colmo de constituir una compañía comercial denominada Cantina Policía Nacional, C. Por A., con un capital autorizado de medio millón de pesos y pagado de RD$50,000.00. Todos los principales accionistas de dicha compañía, eran oficiales de alto rango de la Policía Nacional activos. La lista la encabezaba el propio jefe de la Policía Nacional, General Belisario Peguero.”

La presión social obligó al Triunvirato a ordenar la modificación de la naturaleza de la empresa que se había anunciado, para especificar que se trataba de una cooperativa y no de una empresa comercial competidora del comercio en general. Belisario Peguero fue sustituido como Jefe de la Policía Nacional a principios de 1965, asumiendo el presidente de facto, Donald Reid Cabral, la jefatura del cuerpo del orden. Belisario fue nombrado Supervisor de la Policía con rango de subsecretario de Interior.

Tras el derrocamiento del Triunvirato por un movimiento cívico-militar, el 24 de abril 1965, (“La Revolución de Abril”), y la posterior intervención militar de Estados Unidos para contener el avance de dicho movimiento popular, que tenía como objetivo restaurar la Constitución de 1963 y reponer el gobierno del profesor Juan Bosch, el contrabando tuvo una segunda oleada, vinculada esta vez a la presencia de los soldados norteamericanos, que como se sabe, cuando se movilizan, activan la llamada “Industria de la guerra estadounidense”. Millones de toneladas de productos alimenticios, aceite, cigarrillos, cervezas, whisky y otros productos inundaron el mercado nacional. Las cantinas militares participaron de toda esa actividad ilícita. Tras la evacuación de las tropas de intervención y la elección del presidente Joaquín Balaguer en 1966, esa situación se mantuvo por un tiempo, hasta que pudo eliminar esa grave distorsión en la actividad comercial y el involucramiento de militares en el contrabando en la medida en que el mandatario fue controlando toda la estructura militar.

Existe la versión de que la muerte de un alto dirigente del Partido Reformista que ocupaba la administración de una empresa licorera del Estado, tuvo que ver con su reclamo al presidente Balaguer para que cesara el contrabando de bebidas, del cual responsabilizó a un alto oficial de la entonces Fuerza Aérea Dominicana. La empresa productora de ron criollo, había declinado por la profusión de bebidas importadas con las que no podía competir la industria licorera estatal, ni en precio ni en calidad. El dirigente reformista hizo la responsable denuncia ante el presidente Balaguer, su amigo personal, pero no reparó en que militares del entorno del mandatario escucharon su protesta, de la cual se enteró el alto oficial señalado como contrabandista. Tiempo después, el dirigente político fue asesinado por un sargento de la Fuerza Aérea Dominicana, en circunstancias muy confusas. Siempre se ha sostenido, en círculos familiares del occiso, que fue una orden del alto oficial contrabandista.

Como puede apreciar el lector, el gran retroceso que tuvo el país con la interrupción del gobierno constitucional del prestigioso intelectual y maestro de la política, profesor Juan Bosch, todavía gravitan en la sociedad dominicana.

Puede afirmarse -sin ningún lugar a duda- que fue a partir del Golpe de Estado a Bosch, cuando la politización y la corrupción penetraron en las instituciones militares y policiales. Luego, ese grado de politización y corrupción se incrementó hasta niveles nunca vistos durante la presidencia del Dr. Joaquín Balaguer, fundamentalmente durante el periodo conocido como de “Los doce años”, donde toda la cúpula militar fue enriquecida con los recursos del Estado a cambio de apoyar incondicionalmente dicho gobierno.

Terminado el periodo de “Los doce años” con el triunfo electoral de la principal fuerza opositora, el Partido Revolucionario Dominicana (PRD), en 1978, el gobierno presidido por Don Antonio Guzmán Fernández, destituyó y reemplazó toda la cúpula militar balaguerista y comenzó un proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas y de su alejamiento del quehacer político. Sin embargo, en el segundo gobierno del PRD presidido por el Dr. Salvador Jorge Blanco, ese esfuerzo declinó, volviendo a sentirse el uso político de las FF. AA. en una serie de acciones del gobierno.

Con la llegada al poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en 1996, el gobierno que encabezó el Dr. Leonel Fernández inició un proceso mas serio para despolitizar los institutos armados, propiciando su profesionalidad, respetando los escalafones, reformando los estatutos orgánicos de las FF. AA., mejorando su avituallamiento, introduciendo la tecnología y elevando sus salarios a niveles nunca antes visto en la vida militar.

La corrupción y politización han sido vicios que han contribuido a desmeritar y disminuir el prestigio de los institutos armados del país, ahora también puestos en entredicho por los graves niveles de penetración que ha logrado el narcotráfico en diferentes niveles de la estructura militar y policial. Esto supone un gran desafío para gobiernos, políticos, para la propia sociedad y para los militares comprometidos con el futuro, la dignidad y el decoro de los hombres y mujeres de armas de la República Dominicana.

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